El presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, anunció la llamada Estrategia Nacional del Litio, una ambiciosa apuesta que contempla la creación de una empresa controlada totalmente por el Estado, pero que invita a la participación público-privada.

La iniciativa busca promover el desarrollo científico e investigativo para otorgarle un valor agregado a los productos de litio, así como también garantizar el menor impacto medioambiental, e integrar a las comunidades y pueblos indígenas de la zona. La idea, según Boric, es posicionar a Chile como "el principal productor de litio del mundo".

Chile, ante una gran oportunidad

El litio es un mineral esencial para fabricar baterías de almacenamiento de energía, por ejemplo, para automóviles o autobuses eléctricos. Su demanda se incrementó notablemente en los últimos años porque se presenta como una alternativa clave para superar la dependencia de los combustibles fósiles y para combatir la crisis climática.

Chile posee una de las mayores reservas de litio del mundo, y es el segundo mayor productor del planeta, detrás de Australia, con 39.000 toneladas métricas en 2022. El país, reconocido por su actividad cuprífera, se perfila a nivel internacional como productor de hidrógeno verde y de energía eólica y solar.

¿Un salto al desarrollo?

En este contexto mundial, ¿puede el "oro blanco" ser un motor de desarrollo?: "El desarrollo de Chile no es dependiente del litio", dijo a DW Emilio Castillo, ingeniero en Minas con un doctorado en la Colorado School of Mines de EE. UU.

Castillo, que también es docente de la Universidad de Chile, cree que los "desarrollos institucionales y los acuerdos que como país logremos" son más importantes, aunque destaca que el litio "es una posibilidad para demostrar que como país podemos consensuar un tema complejo, buscando el bien general".

En conversación con DW, Imme Scholz, presidenta de la fundación alemana Heinrich Böll, ligada al partido Los Verdes, señaló que la propuesta es una oportunidad "para desarrollar conocimientos y experiencias que pueden servir para la transformación social, económica y ecológica del país". "Alemania ya ha dejado claro que considera a Chile como un socio muy importante para su propia transformación", resaltó.

Con la estrategia del litio, agrega, Chile puede "usar esta cooperación para generar conocimientos e ingresos públicos que le permitirán participar en este proceso que transformará las grandes economías en el siglo XXI".

¿Es viable el plan del Gobierno?

Para aprobar un futuro proyecto sobre el litio se necesita un quórum de cuatro séptimos en el Congreso, dominado por una oposición que no quiere una empresa pública al mando. Esta idea "no genera un apoyo transversal en el mundo político, por lo cual su discusión y orgánica final no está asegurada", señaló Castillo.

Sin embargo, inversionistas extranjeros como Lithium Power International, o The American Chamber of Commerce (AmCham) creen que la propuesta del Gobierno va en la dirección correcta. AmCham, a través de su representante en Chile, Paula Estévez, manifestó en un comunicado, citado por el periódico Diario Financiero: "Creemos firmemente que esta iniciativa abre la puerta a que el desarrollo de la industria del litio genere miles de nuevos empleos, transferencias tecnológicas, capacitación de capital humano y encadenamientos productivos en el país".

Con respecto a la gestión de una empresa estatal, Imme Scholz afirma que "Europa y EE. UU. están en pleno proceso de establecer nuevas políticas industriales para que sus economías puedan transformarse rápidamente", y que este importante cambio "le da un mayor papel al Estado en la economía, y las empresas públicas pueden tener un papel importante para promover e implementar una transición inclusiva, justa y ecológica".

La redistribución de la riqueza

"No más minería para unos pocos", expresó Boric en su anuncio, en referencia a una distribución equitativa de las ganancias generadas por el litio, que en 2022 acumularon unos 7.763 millones de dólares, un alza de un 777% en comparación con 2021.

"Es esperable que un ajuste en la gobernanza del litio ayude a una mejor distribución, dependiendo de la eficacia del gasto público y de la realización efectiva de las alianzas público-privadas esperadas", subrayó Emilio Castillo.

Por su parte, Imme Scholz concluye que la estrategia del Gobierno solo se justifica si se logra una redistribución equitativa: "Los ingresos generados por el litio podrían alimentar un fondo para financiar inversiones públicas, en parte, en el lugar de la explotación, pero también a nivel nacional, en infraestructura moderna, en un sistema de educación de buena calidad para todos, en la adaptación al cambio climático y en la protección del medioambiente".

(cp)