A un año del estallido social que reventó la burbuja de complacencia de Chile con sus avances de las últimas décadas, poniendo a la vista descarnadamente una realidad social cruda y efervescente, el plebiscito sobre la redacción de una nueva Constitución parece abrir una salida a la crisis. Una salida que podría dejar atrás el sistema cimentado en la dictadura de Augusto Pinochet, que en lo medular ha seguido vigente en tres décadas de democracia.

Cerca de 40 reformas a la Carta Fundamental se han llevado a cabo en este período. Acabaron, por ejemplo, con elementos como la figura de los senadores designados o el sistema electoral binominal, pero no pusieron en tela de juicio un modelo articulado sobre la base de postulados neoliberales que tampoco los gobiernos de centroizquierda cuestionaron. Ese sistema que ha quedado ahora en entredicho. "No sabemos si este modelo ya murió o va a sobrevivir, pero claramente está contra las cuerdas, en el sentido de que la gente quiere mayores niveles de igualdad, y este modelo, de la forma en que fue implementado en Chile, no fue capaz de producir rápidamente esa disminución de la desigualdad que la gente esperaba”, señala Patricio Navia, sociólogo y politólogo chileno, profesor de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Diego Portales, de Santiago.

Reformas o nueva Constitución

Navia considera necesarias las reformas, pero ante este plebiscito apoya la opción de rechazo a la redacción de una nueva Constitución, por considerar que "esta idea de comenzar de una hoja en blanco es un tanto peligrosa e innecesaria”. Critica, por ejemplo, las falencias en el proceso constituyente que se ha diseñado, la falta de mecanismos para que puedan participar las personas afectadas por el Covid-19, y los problemas derivados del calendario electoral, subrayando que "Chile va a ser el primer país que intenta redactar una nueva Constitución a la par de una elección presidencial”.

También Michael Álvarez, portavoz de la Fundación Heinrich Böll, cercana a Los Verdes Alemanes, está a favor del camino de las reformas graduales, reflexionadas y consensuadas, pero advierte que "hay una cuestión de velocidades”. A su juicio, el tiempo se agotó. "Este proceso está muy marcado por el deseo de parte de la ciudadanía de superar las desigualdades, de ver garantizado en el futuro, en un nuevo marco constitucional, un acceso igualitario a derechos que son inalienables, y que el actual marco constitucional chileno no les ofrece”.

Derechos sociales e intereses privados

Según Navia, la ciudadanía confunde sin embargo la Constitución con el capítulo de derechos que suelen incluir las Cartas Fundamentales. "La gente espera que la nueva Constitución mejore sus derechos sociales; asocia la nueva Constitución con mejores pensiones, mejor protección del sistema de salud, mejor calidad de educación, menos abusos, más derechos de consumidores”, dice, pero subraya que la concreción de esos derechos depende en buena medida del desarrollo económico: "Las Constituciones de los países menos desarrollados también garantizan el derecho a la salud, pero eso países tienen menos recursos para poder hacer valer esos derechos. La gente en Chile cree, equivocadamente, que poniendo los derechos en la Constitución, esos derechos se van a convertir en realidad”. 

Michael Álvarez concede que una Carta Fundamental no puede definir demasiado específicamente cada uno de los deseos políticos de la gente, pero afirma que debe sentar las bases para formular cambios. "Una Constitución no puede fijar un determinado sistema de previsión, pero sí tiene que ofrecer un marco para que se puedan desarrollar políticas públicas que lleven a un sistema más igualitario y que no inhiban o pongan impedimentos”. En su opinión, "una parte importante del problema es que la actual Constitución chilena ponga los derechos de los privados, de los actores económico particulares, por encima del interés público. Que haya hecho un blindaje total de esos intereses privados”. Según el analista alemán, "fue ideada en su momento justamente para evitar que se cambiasen los parámetros fundamentales por los que se regía Chile en esa época”, y hace falta un replanteamiento.

¿Expectativas excesivas?

"El principal problema es que es la Constitución de Pinochet”, señala por su parte el académico chileno. La ilegitimidad de su origen es, a su juicio, lo que molesta a muchos, más que el contenido. Navia reitera su preocupación porque el debate se reduzca a los derechos sociales. "Me parece que se va a producir una decepción grande entre la gente que tiene expectativas muy elevadas de que la nueva Constitución les va a mejorar las pensiones, cuando en realidad la nueva Constitución va a generar una incertidumbre bastante alta por los próximos años, lo que desgraciadamente va a repercutir en forma negativa en el crecimiento económico”.

Esa decepción podría volcarse en más protestas, o podría canalizarse en la elección de líderes autoritarios, como ocurrió en Brasil, advierte Navia, acotando que "es una tradición bastante lamentable que hemos tenido en los países de América Latina”. Álvarez, por su parte, muestra "cierta confianza” en la institucionalidad chilena, que va a intentar evitar una crisis mayor: "Si este proceso se hace con la seriedad necesaria, no tiene por qué estallar”.

(cp)