Pese a que el Congreso de los Diputados de Madrid comenzó a tramitar el martes una reforma exprés que pretende acabar con el principio de Jurisdicción Universal, lo que llevaría al archivo de la causa, China reiteró este miércoles (12.2.2014) su rechazo a las medidas dictadas desde España.

"Ningún Gobierno u organización tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos internos de otros países", afirmó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Pekín. En su orden del lunes, el juez de la Audiencia Nacional española Ismael Moreno consideró a Jiang, de 87 años, responsable de delitos de genocidio, tortura y lesa humanidad por su papel de "autoridad de supervisión" sobre quienes los cometieron directamente contra la población tibetana.

Orden de detención a través de Interpol

El magistrado ordenó además la detención a través de Interpol del ex primer ministro Li Peng, del ex jefe de la seguridad china Qiao Shi; del ex secretario del Partido Comunista de China en el Tíbet Chen Kuiyuan, y de la exministra de Planificación Familiar Peng Peiyun.

Sin embargo, la reforma legislativa, impuesta por la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados y que entraría en vigor en dos meses, llevará al archivo de la mayoría de las causas de lesa humanidad en la Audiencia Nacional.

A partir de ese momento sólo se podrán perseguir esos crímenes si los responsables son españoles o extranjeros que viven en España o cuya extradición se haya denegado. Las víctimas tendrán también que ser españolas y no podrán haberse nacionalizado tras haber sufrido los hechos a perseguir. El detonante de la reforma fue precisamente el caso contra los ex dirigentes chinos, a raíz de la crisis diplomática que se abrió entre Pekín y Madrid cuando la Audiencia Nacional inició el proceso en noviembre.

CP (dpa, efe)