El Parlamento de China aprobó la semana pasada cambios en la ley antiespionaje. La legislación prohíbe la transferencia de cualquier información que se considere relacionada con la seguridad nacional. Sin embargo, no define lo que corresponde a la seguridad o los intereses nacionales de China.

La ley, que entrará en vigor en julio, amplía la definición de espionaje al incluir ataques cibernéticos contra órganos estatales o infraestructura crítica de información, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

Además, permite a las autoridades obtener acceso a datos, equipos electrónicos e información sobre bienes personales, y también prohibir los cruces fronterizos mientras se lleva a cabo una investigación antiespionaje.

Riesgos para empresas y personas

Teng Biao, un experto legal, dijo que las enmiendas reflejan el profundo temor de Beijing de que los extranjeros instiguen una "revolución de color" o un levantamiento popular a favor de la democracia en China.

De acuerdo a Teng, la ley en la práctica daría lugar a una mayor represión de los disidentes, activistas y grupos de la sociedad civil.

En los últimos años, China ha detenido a decenas de ciudadanos chinos y extranjeros bajo sospecha de espionaje, como un ejecutivo de la farmacéutica japonesa Astellas Pharma, que fue detenido en Pekín el mes pasado.

Críticos y gobiernos extranjeros han asegurado que los casos están motivados políticamente.

"Los académicos extranjeros como yo, ahora evitaremos ir a China si podemos, porque cosas como los comentarios en las redes sociales podrían verse como evidencia de cometer espionaje a los ojos del gobierno chino", señaló Tomoko Ako, un experto en China de la Universidad de Tokio, en entrevista con DW.

Medidas contra las empresas extranjeras

Las empresas occidentales también se encuentran en la mira. El mes pasado, las autoridades chinas cerraron la oficina en Pekín de Mintz Group, una empresa estadounidense, y detuvieron a cinco empleados locales.

La semana pasada, la consultora estadounidense Bain & Company dijo que la policía china interrogó al personal en su oficina en Shanghái.

No quedó claro qué fue lo que llevó a las autoridades a tomar medidas enérgicas contra estas empresas. Pero muchos funcionarios y empresas extranjeras ven esos movimientos como una advertencia.

"Esperamos poder tener un ambiente aquí donde los empresarios, periodistas y académicos estadounidenses puedan sentirse seguros (…) y no sometidos a este tipo de intimidación", manifestó el martes (2.05.2023) el embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns.

El problema de las prohibiciones arbitrarias de salida

La revisión de la ley también llega en un momento en que el gobierno chino está tratando de atraer más inversión extranjera, ya que las multinacionales occidentales buscan diversificar sus cadenas de suministro y cambiar cada vez más los planes de inversión al sudeste asiático, India y otras economías.

"Es posible que las empresas extranjeras ya no quieran invertir en ciertas empresas chinas, ya que no pueden descifrar qué negocios están haciendo estas y cuán reales son", dijo a DW Dexter Roberts, miembro principal de la Iniciativa de Seguridad del Indo-Pacífico del Atlantic Council.

Los grupos empresariales extranjeros también han advertido que la nueva ley puede aumentar el riesgo de que las personas reciban prohibiciones arbitrarias de salida.

Un estudio publicado el año pasado citado por Safeguard Defenders encontró que 128 extranjeros, incluidos 29 estadounidenses y 44 canadienses, recibieron prohibiciones de salida entre 1995 y 2019.

Y en su último informe, Safeguard Defenders, un grupo de derechos con sede en Madrid, dijo que "China ha ampliado el panorama legal para las prohibiciones de salida y las ha utilizado cada vez más, a veces sin justificación legal".

"Cada vez menos ejecutivos extranjeros quieren establecerse en China, especialmente si sus negocios pueden ser potencialmente sensibles”, sentenció Roberts.

(rr/cp)