La instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se remonta al Acuerdo Global de Derechos Humanos de 1994, en el cual el Gobierno de Guatemala se compromete a combatir a "fuerzas ilegales de seguridad" y a la "maquinaria clandestina de seguridad". Como siguieron existiendo dichos grupos, se creó la CICIG tras un acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala, que, ratificado por el Congreso de dicho país, entró en vigor el 4 de septiembre de 2007.

El mandato de la CICIG consiste en "investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad" (CIACS), definidos como grupos que cometen actos ilegales y tienen vínculos con agentes del Estado. También contempla proponer recomendaciones para la adopción de nuevas leyes y políticas públicas destinadas a erradicar los CIACS, a través de un diálogo con la sociedad. Así se logró, por ejemplo, la introducción de la figura del colaborador eficaz y de escuchas telefónicas como prueba.

El caso "La Línea"

Son dos conceptos que antes no existían en investigaciones judiciales en Guatemala y que juegan un papel importante en el actual caso de “La Línea”. Como tercer área de trabajo destaca el reforzamiento institucional, primordialmente del Ministerio Público (MP). "Trabajamos siempre con equipos multinacionales, así que la transferencia de capacidades se hace en el trabajo diario, hombro con hombro", cuenta Diego Álvarez, jefe de prensa de la CICIG.

En la comisión trabajan alrededor de 160 personas, tanto personal nacional como internacional. A ellos se suman 30 policías guatemaltecos recién graduados, a los que se capacita y quienes son encargados de tareas de seguridad. Además participan también en la investigación. Como punto de enlace con el Ministerio Público (MP), se creó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP. Ahí se investigan los casos seleccionados por el MP y la CICIG. "Tenemos muy buena coordinación con el MP", afirma Álvarez. La actividad procesal y resolutoria de estos casos ya es responsabilidad del Estado de Guatemala.

Financiamiento externo

La CICIG tiene un mandato por dos años, que se prorroga por el mismo período con un cruce de cartas entre el presidente guatemalteco y el Secretario General de la ONU. Como organismo creado por tal organización, no depende de ninguna institución guatemalteca. Es financiado por contribuciones voluntarias de diferentes países, en este momento sobre todo de Estados Unidos y diferentes países europeos como Alemania, Reino Unido o Suecia, además de la misma Unión Europea. Algunos países sudamericanos como Argentina, Chile o Columbia apoyan directamente con personal enviado.

"Por la independencia que tiene, ha realizado investigaciones que de otra manera no se hubieran dado", opina el periodista Marroquín Godoy. Durante el mandato de la actual fiscal general Thelma Aldana, se ha buscado limpiar los tres poderes del Estado de la corrupción, siendo "La Línea" el caso más conocido. Pero por más fortalecida que se vea la CICIG en este momento, la batalla apenas empieza. Ahora entra en una etapa crucial porque los aparatos clandestinos y poderes paralelos van a hacer todo lo posible para que fracase el trabajo de la CICIG. Dice Marroquín Godoy: "El país va a pasar por una larga batalla todavía."