La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este sábado (16.11.2019)  un decreto del Gobierno interino de Bolivia que exime de responsabilidad penal a militares y policías, cuando actúen "en legítima defensa o estado de necesidad".

El Gobierno de Jeanine Áñez anunció una comparecencia en la que se espera que se pronuncie sobre el decreto, mientras que Evo Morales también lo ha denunciado desde México.

La CIDH alertó en Twitter que esta norma firmada por Áñez al frente de su Ejecutivo interino "pretende eximir de responsabilidad penal al personal de Fuerzas Armadas que participe en los operativos para restablecimiento y estabilidad del orden interno". 

"El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares Internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta", advirtió en una serie de mensajes en la red social. La entidad condenó "cualquier acto administrativo del gobierno de Bolivia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DDHH, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales". 

Evo Morales, asilado en México, comentó en Twitter que "los autores del #GolpeDeEstadoEnBolivia gobiernan con decretos, sin el Legislativo y apoyados en armas y bayonetas de Policía y FFAA. (...) Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo". El texto difundido en redes sociales exime de esa responsabilidad a las fuerzas del orden mientras se atengan en sus actuaciones a "principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad".

La Policía y las Fuerzas Armadas realizan operativos conjuntos desde el pasado lunes para mantener el orden en Bolivia, tras el caos en que se sumió el país después de que el día antes Morales anunciara su renuncia.  

Al respecto, el Gobierno de Panamá llamó este sábado a los "actores políticos y sociales" de Bolivia a "unificar esfuerzos para restablecer la paz" en ese país. En un comunicado, el presidente Laurentino Cortizo "lamenta y ve con preocupación la profunda división política y social por la que atraviesa en estos momentos el pueblo boliviano, que se ha traducido en actos de violencia y pérdida de vidas humanas". 

La CIDH, además, informó a través de Twitter que el número de muertos en Bolivia se elevó a 23 y a 715 el de heridos. "Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política", informó esta entidad en Twitter.

Los datos fueron actualizados, según detalló, después de los 9 muertos registrados en choques entre cocaleros afines a Evo Morales y fuerzas del orden el pasado viernes cerca de la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, en la jornada más trágica desde el comienzo de la crisis. 

Por su parte, el Gobierno transitorio de Bolivia aseguró que el decreto que exime de responsabilidad penal a policías y militares cuando actúen en condiciones de necesidad y bajo legítima defensa, no es una "licencia para matar" y que se enmarca en la Constitución y las leyes del país.

En una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de La Paz, el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, manifestó que la medida dictada el pasado viernes "no contribuye a ningún estado de mayor violencia" sino que es un instrumento para "contribuir a la paz social".

Justiniano explicó que el decreto autoriza a que los grupos de seguridad, Policía y Fuerzas Armadas, "puedan actuar en cumplimiento y el resguardo del orden". La normativa establece que el funcionario que participe en operativos de resguardos "está exento de responsabilidad penal" cuando actúe "en legítima defensa o en estado de necesidad" y bajo los criterios de "legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad".
 

 

mg (efe, La Razón)

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