Los Gobiernos nacionales de América Latina y el Caribe deben combatir las causas del cambio climático y proteger a la población de sus impactos, sobre todo, a los más vulnerables. Estas obligaciones de los Estados ante el avance de la emergencia climática se recogieron en una nueva opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicada este jueves 3 de julio de 2025.

El documento de 234 páginas establece una base jurídica para que los 34 países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aborden el tema en sus tribunales.

En toda América Latina, diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil celebraron el contenido del texto. "Fortalece la posición de jueces y expertos que han defendido estas posturas y, al mismo tiempo, aísla a quienes se oponen a la evolución del Derecho, a quienes prefieren mantener el sistema actual de explotación depredadora de los recursos naturales", declaró a DW el juez Antonio Herman Benjamin, presidente de la Corte Superior de Justicia y del Instituto Judicial Global para el Medio Ambiente.

Laura Restrepo Alameda, de la Red de Acción Climática de América Latina, cree que "el contenido del documento reafirma que los Estados tienen obligaciones reforzadas en contextos de vulnerabilidad, desigualdad y riesgo climático, lo cual es especialmente relevante para la niñez y la adolescencia".

Participación y cooperación

El documento establece que los Estados tienen la obligación de garantizar el equilibrio y la estabilidad del sistema climático para las generaciones futuras, la participación de las comunidades afectadas y la protección de los líderes ambientales. América Latina es la región del mundo donde más se asesina a defensores de los derechos humanos.

"La corte también incorpora un enfoque interseccional para la protección de grupos más vulnerables por el cambio climático y enfatiza que las políticas climáticas deben ser congruentes con la superación de la pobreza y el combate de la desigualdad", declaró a DW Sergio Chaparro Hernández, coordinador de Dejusticia, una organización colombiana de derechos humanos que participó en el proceso.

Los Gobiernos de Colombia y Chile motivaron la postura de la Corte IDH. En enero de 2023, solicitaron al organismo que aclarara las obligaciones de los Estados en el marco del derecho internacional de los derechos humanos ante la emergencia climática. Desde entonces, el organismo ha recibido 263 observaciones escritas de 613 entidades, entre ellas nueve Estados, organismos de la OEA, organizaciones internacionales, comunidades, ONG y universidades.

"Este enfoque inclusivo garantizó que la opinión consultiva se construyera sobre una base sólida de diferentes perspectivas y conocimientos, reflejando un consenso creciente sobre la interconexión entre el medio ambiente y los derechos humanos, y garantizando la legitimidad de la decisión", afirmó Anna Luisa de Santana, profesora del Programa de Posgrado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUC-PR) y participante de las audiencias públicas del proceso en Brasilia.

Impacto esperado

Según los expertos entrevistados por DW, el documento debería tener impacto no sólo en América Latina y el Caribe, sino también a nivel mundial.

Y aunque el documento no es vinculante, argumentó Alameda, "su valor normativo, ético y político puede ser esencial para el avance de una jurisprudencia más ambiciosa y transformadora en la región".

La actual postura de la Corte IDH será una de las más citadas en los próximos años, apuntó Santana: "Será una herramienta poderosa para que la sociedad civil, los activistas ambientales y las comunidades afectadas defiendan sus derechos y exijan responsabilidades a los Estados y empresas por los daños ambientales y el impacto climático".

En abril de 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó una sentencia histórica a favor de un grupo de ancianas suizas, reconociendo que el Gobierno suizo viola los derechos humanos al no tomar medidas para controlar adecuadamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Al mes siguiente, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar emitió su propia opinión consultiva sobre las obligaciones climáticas de los Estados en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982: los 168 Estados miembros debían prevenir, reducir y controlar la contaminación marina causada por emisiones contaminantes.

Más demandas climáticas

Las demandas climáticas nacionales contra los principales emisores de gases de efecto invernadero van en aumento en todo el mundo. Los litigios climáticos ya se han presentado en casi 60 países y están comenzando a llegar a los tribunales más importantes de América Latina. A finales de 2024, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú registraron casos.

Desde 1986, se han presentado 2.967 demandas, 226 en 2024, según un informe reciente del Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente, de la London School of Economics and Political Science. Estados Unidos, Australia y el Reino Unido lideran el número de demandas nacionales.

(rmr/rml)