Son jurídicamente controvertidos, caros y objeto de debate. Desde hace años, la Unión Europea estudia crear centros fuera de su territorio para personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas. Los intentos anteriores tropezaron con obstáculos legales. Ahora, un "grupo de cinco" formado por Grecia, Alemania, Austria, Dinamarca y Países Bajos cree haberlos superado.

El ministro griego de Migración, Thanos Plevris, declaró a la cadena ANT1 que el primero de estos centros de retorno (return hubs) debería empezar a funcionar en el segundo semestre de 2027, coincidiendo con la presidencia griega del Consejo de la Unión Europea. Según Plevris, un país africano ya habría aceptado  participar, aunque no reveló cuál. Círculos diplomáticos y medios próximos a la UE han mencionado a Ruanda o Uganda, pero también a Uzbekistán, como posibles ubicaciones.

Sin centros de acogida cerrados

Plevris subrayó que no serían centros cerrados donde se examinen solicitudes de asilo, sino instalaciones para personas cuya petición ya haya sido rechazada. Serían "instalaciones abiertas", en las que permanecerían mientras se organiza el retorno definitivo a su país de origen.

Para prevenir demandas por violaciones de los derechos humanos, la responsabilidad sobre las personas trasladadas seguiría correspondiendo a los cinco Estados de la UE y no al país asociado. Estos financiarían íntegramente el proyecto. Además, organizaciones como la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR , o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) supervisarían los centros para garantizar los estándares internacionales de derechos humanos y del derecho internacional.

Varios intentos fallidos

En los últimos años ha habido varios proyectos para trasladar a terceros países procedimientos de asilo o deportaciones. Ninguno funcionó como estaba previsto, debido a obstáculos jurídicos, cambios de gobierno o costes enormes.

Reino Unido planeó el "modelo Ruanda": entre 2022 y 2024, los gobiernos conservadores de Boris Johnson y Rishi Sunak pretendían enviar a Ruanda a migrantes llegados irregularmente a través del canal de la Mancha para tramitar allí sus solicitudes.

El Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan, porque Ruanda no podía considerarse un tercer país seguro y existía el riesgo de que los refugiados fueran devueltos a países donde podían sufrir persecución. Tras la victoria laborista de julio de 2024, el primer ministro Keir Starmer declaró el proyecto "muerto y enterrado". Para entonces, el Gobierno había desembolsado unos 700 millones de libras y solo cuatro personas habían sido trasladadas voluntariamente a Ruanda.

Italia puso en marcha otro modelo en 2024. El Gobierno de Giorgia Meloni acordó con Albania llevar a centros administrados por Italia a migrantes interceptados en el Mediterráneo para someterlos a procedimientos rápidos de asilo. Sin embargo, los tribunales italianos bloquearon los internamientos al considerar que países como Bangladés o Egipto no podían calificarse genéricamente de "seguros" si determinados grupos podían sufrir persecución.

Dinamarca aprobó en 2021 una ley para enviar solicitantes de asilo a terceros países y negoció con Ruanda. Ante las críticas de la Comisión Europea y organizaciones de derechos humanos, Copenhague congeló las conversaciones a comienzos de 2023. La conclusión fue que el proyecto apenas podía aplicarse unilateralmente desde el punto de vista jurídico y logístico. Desde entonces, Dinamarca busca impulsarlo con otros Estados de la UE.

Un nuevo marco jurídico

Hasta ahora, este tipo de deportaciones fracasaban a menudo porque los tribunales exigían algún vínculo personal del migrante con el tercer país de destino, como conocimientos del idioma, familiares allí o una estancia anterior. Una reforma del derecho europeo de asilo permite, en cambio, deportar a personas obligadas a abandonar la UE a países donde nunca han estado, siempre que exista un acuerdo con ese país.

Otra base del proyecto es el reglamento europeo de retorno, acordado políticamente y aprobado por el Parlamento Europeo en junio de 2026, aunque todavía debe ser adoptado formalmente por el Consejo. A diferencia de la normativa anterior, es un reglamento de la UE y no una directiva, por lo que será directamente aplicable en los países participantes. Se crearía así por primera vez un marco jurídico común para estos centros.

Los nuevos planes tampoco contemplan trasladar a países extracomunitarios todo el procedimiento de asilo, como intentaron Reino Unido e Italia. Los centros de retorno funcionarían únicamente como estaciones de tránsito para personas cuyas solicitudes hayan sido rechazadas mediante resolución firme. Estarían financiados y controlados por países de la UE.

Dudas sobre el control y los costos

Los partidarios esperan que este planteamiento reduzca los litigios relacionados con una protección de asilo permanente. Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional advierten, en cambio, de importantes riesgos. Cuestionan que puedan garantizarse una supervisión independiente, una asistencia jurídica efectiva y una atención médica adecuada. También temen que terceros países puedan deportar a estas personas a Estados de origen inseguros sin el debido examen.

La experiencia plantea además dudas económicas: la construcción y vigilancia de los centros y el transporte de las personas afectadas pueden costar cientos de millones de euros, mientras que el número de personas finalmente deportadas suele ser reducido.

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(cp/ms)