La aspiración de que el año 2011 transcurra sin sobresaltos, como el golpe cívico-militar que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya en junio de 2009 o la sublevación policial que intentó remover a Rafael Correa de la presidencia ecuatoriana en septiembre, condujo a que la Unión de Naciones Suramericanas y el grupo de Estados que asisten a las cumbres iberoamericanas aprobaran sus respectivas cláusulas democráticas, siguiendo el ejemplo del Mercado Común del Sur. En 1998, el Mercosur se arrogó la posibilidad de excluir de su seno a los países en donde se rompa el hilo constitucional.

Cláusulas para amedrentar

La nueva estipulación de la Unasur, adoptada el 26 de noviembre en Georgetown, Guyana, difiere de la aprobada el 4 de diciembre por las naciones latinoamericanas, Andorra, España y Portugal en la XX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Mar del Plata, Argentina: la organización suramericana aislará y sancionará inmediatamente a las naciones en donde el Estado de derecho se vea violentado, mientras que los cancilleres iberoamericanos sólo prevén como condena la expulsión del sistema de cumbres.

En sí misma, la moción es percibida positivamente por los politólogos alemanes. Aunque no les queda del todo claro qué medidas concretas se tomarán en el caso de que se instaure un gobierno ilegítimo en algún país iberoamericano –aparte del aislamiento–, la cláusula democrática cumple una función preventiva que no debe subestimarse. Son las contradicciones de fondo, ubicuas en el discurso político que predomina en América Latina desde hace algunos años, las que atizan el escepticismo de los expertos germanos.

Contradicciones de fondo

El tratamiento diferenciado ofrecido al Gobierno de La Habana y al de Tegucigalpa en la cumbre iberoamericana, por ejemplo, no pasó inadvertido: aludiendo a Cuba, la ministra de Relaciones Exteriores española, Trinidad Jiménez, señaló que lo importante del sistema de cumbres era su carácter universal y el que “nunca se ha excluido a nadie”; refiriéndose a Honduras, el canciller argentino, Héctor Timerman, explicó que sus representantes no habían sido invitados por haber violado los principios de la carta democrática.

Si a eso se suma el llamado de Rafael Correa a que los miembros de la Unasur promuevan leyes contra “los excesos de la prensa” y el hecho de que los sistemas políticos de varios países padecen bajo el mando de presidentes autocráticos democráticamente electos, cabe preguntar qué tipo de democracia se pretende proteger mediante las nuevas cláusulas. “Estamos ante una tácita transformación del término ‘democracia’ en la región”, explica Günther Maihold, subdirector de la Fundación Ciencia y Política (SWP) de Berlín.

Algo más que elecciones limpias

“En los años setenta y ochenta, América Latina criticaba la noción de democracia promovida desde Estados Unidos por jerarquizar la celebración de elecciones ‘limpias’ muy por encima de otros criterios. Hoy día, los latinoamericanos hacen lo mismo y velar por que los líderes gobiernen democráticamente es una tarea cada vez más ajena a la política. La pérdida de calidad de la democracia es producto de un proceso sistemático impulsado por la mayoría de los Estados de la región y al que pocos sectores ofrecen resistencia”, añade Maihold.

Gracias a las nuevas cláusulas democráticas, los Gobiernos podrán hacer sonar la alarma cuando se sientan amenazados por los militares, la policía, la sociedad civil o cualquier otro actor interno. Pero, ¿quién activará la alarma cuando un Gobierno democráticamente elegido se torne autoritario y atente contra el Estado de derecho? “La cláusula de la Unasur constituye el acuerdo más ambicioso al que sus miembros pueden llegar y revela los límites de la organización: no intervenir en los asuntos internos de sus miembros es uno de sus preceptos fundamentales. La soberanía nacional le es más importante que el principio de la democracia”, acota el experto de la SWP.

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Los matices de la tiranía

“En general, la aprobación de estas cláusulas es una tendencia positiva”, opina Detlef Nolte, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS), adscrito al Instituto Alemán para Estudios Globales y Regionales (GIGA) de Hamburgo, subrayando que las mismas sólo son aplicables cuando el Estado de derecho es agredido de manera flagrante y no cuando un desbalance circunstancial de las fuerzas políticas apunta hacia el surgimiento de una tiranía. “Y es que se deben considerar muchos matices antes de poder decir que un sistema político ha dejado de ser una democracia”, advierte Nolte.

“Al final, un Gobierno no democrático sólo se delata cuando sabotea las elecciones o se niega a reconocer el triunfo de sus opositores en los comicios. El ejemplo clásico es el de Perú durante la era Fujimori: mientras los votantes mantuvieron a Alberto Fujimori en el poder, la de Perú siguió siendo percibida como una democracia, aún cuando él mostraba tendencias autocráticas. La situación se puso crítica en el año 2000, cuando él intentó manipular los resultados electorales”, agrega el director del ILAS-GIGA.

La cláusula democrática de Mercosur

Para Nolte, la frustración del golpe incitado en 1996 por el general paraguayo Lino Oviedo, es una prueba de que las cláusulas democráticas pueden ser eficaces. Maihold lo secunda: “cuando Oviedo estaba a punto de dar un golpe de Estado en Paraguay, los países vecinos anunciaron que activarían la cláusula democrática del Mercosur. Desde un punto de vista meramente preventivo, esa resolución surtió efecto. Las ventajas de estas cláusulas parecen restringirse a su capacidad para amedrentar”, dice el subdirector de la SWP.

No obstante, algunos se preguntan recelosos: si Venezuela abandonó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a principios de año, cuando su presidente, Hugo Chávez, fue acusado de restringir los derechos humanos en su país, ¿qué le impediría abandonar el foro suramericano o el iberoamericano tras romper con el orden constitucional puertas adentro? ¿Sus intereses económicos? Chávez también retiró a Venezuela de la Comunidad Andina en 2006 por estar en desacuerdo con los tratados comerciales establecidos entre Perú, Colombia y Estados Unidos.

¿Letra muerta?

Otros argumentan que la Unasur, como las otras uniones regionales y subregionales del continente americano, carece de la cohesión de la Unión Europea y que su falta de autoridad supranacional restringirá la capacidad de disuasión de su cláusula democrática. El ejemplo que ponen los escépticos es la posición del Estado hondureño de cara al derrocamiento de Manuel Zelaya y la poca influencia de la Organización de Estados Americanos en la materia: al actual presidente de Honduras, Porfirio Lobo, no parece preocuparle demasiado que la OEA no reconozca la legitimidad de su Gobierno.

La respuesta de Maihold es que no se puede generalizar. Él insiste en que las nuevas cláusulas democráticas no deben ser vistas de antemano como letra muerta; siempre habrá quien les tema. “Eso siempre dependerá de la situación. La racionalidad de los golpistas está más motivada por los factores de la política interior de un país que por los de su política exterior. Desde la perspectiva de un país centroamericano como Honduras, que es pequeño pero tiene a Estados Unidos como mercado central de sus bienes y servicios, América Latina no tiene peso como poder sancionador. Pero los países suramericanos comparten extensas áreas fronterizas; de ahí que los efectos de la cláusula democrática de Unasur no deban desestimarse del todo”, aclara Maihold.

Erigiendo un consejo de seguridad regional

“El intercambio económico entre los vecinos de Suramérica es muy intenso y una amenaza de sanción de la Unasur que contemple la interrupción de ese intercambio podría ser percibida como un peligro real”, agrega Maihold, enfatizando, sin embargo, que el aislamiento es un recurso de presión que sólo se puede usar una vez: “Una estrategia sostenida para que se restablezca el orden institucional en un país determinado exigiría de Unasur y del foro iberoamericano un mayor grado de compromiso con esa nación y con su crisis política interna. Para ello sería necesaria la aplicación de programas apropiados y la creación de un consejo de seguridad regional que los supervise, pero las condiciones no están dadas para articular políticas o erigir estructuras de esa naturaleza”.

Autor: Evan Romero-Castillo
Editor: Enrique López