La tarde del miércoles 6 de abril, los medios oficialistas de Nicaragua hicieron eco del anuncio de Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, sobre la excarcelación de 1.700 reos comunes en siete prisiones del país. 

Entre sus infaltables plegarias al "Altísimo", Murillo afirmó que su Gobierno cumplía así con "su compromiso cristiano de promover la unión familiar". Pero su compasión no alcanzó para todos. Entre los 1.700 liberados antes de la Semana Santa había delincuentes de todo tipo, pero ningún preso político.

La lista de excarcelados no incluyó los nombres de los 71 manifestantes opositores al Gobierno, que, según la Asociación Víctimas de Abril (AVA), continúan tras las rejas acusados por delitos comunes, muchos de ellos con graves problemas de salud.  

Ortega desoyó los llamados de defensores de derechos humanos, del comité de familiares de presos políticos y hasta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que, ante los temores de una pandemia de COVID-19, han instado a la liberación de los ciudadanos arrestados en el marco de las protestas sociales que estallaron hace casi dos años, el 18 de abril de 2018.

"Preocupa a la CIDH la situación de las personas privadas de libertad, debido a que se encuentran en particular riesgo de contagio (del nuevo coronavirus) por las condiciones propias de los centros penitenciarios", destacó en un comunicado sobre Nicaragua la entidad autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Entrevistada por la cadena de televisión CNN sobre la situación de las cárceles en el continente ante la amenaza de la pandemia, la chilena Antonia Urrejola, vicepresidenta de la CIDH y relatora especial para Nicaragua, manifestó su "especial preocupación" por los detenidos por "razones políticas, bajo procesos que no están bajo los estándares internacionales y con acusaciones sin fundamentos" y mostró su inquietud porque ninguno de ellos estaba entre los 1.700 excarcelados por Ortega.

Familiares angustiados

El posible impacto de la pandemia en las cárceles angustia a los familiares de los presos políticos, en un país donde el Gobierno fue criticado por desafiar las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) al promover marchas, procesiones y otras actividades masivas, mientras sus vecinos centroamericanos y el mundo entero han cerrado fronteras y decretado confinamiento.

"En las visitas a la cárcel no nos dejan pasar alcohol en gel, mascarillas, cloro ni jabón líquido. Tenemos miedo porque ellos están débiles, tienen anemia, comen mal y duermen peor. En las celdas están hacinados y casi no tienen agua", cuenta a DW doña Socorro, la madre de un joven arrestado a finales de 2018. Para la entrevista pidió usar este nombre, por temor a represalias.

"Mi hijo lleva un año y medio preso y aún no ha sido enjuiciado; tiene escabiosis, no recibe tratamiento y en las torturas le aflojaron piezas dentales y ya comienza a tener dolores", dice la mujer, que cada 15 días se levanta a las dos de la madrugada para recorrer los 20 kilómetros que separan a Managua, la capital, del vecino municipio de Tipitapa (norte).

Ella una de las primeras en traspasar los cuatro portones de seguridad y los registros de la penitenciaría La Modelo, para poder ver a su hijo. "Él lleva dos Navidades, dos Semanas Santas y dos cumpleaños tras las rejas…".

Expuestos a la pandemia

Diana Lacayo, dirigente de AVA, calcula que un 80 por ciento de los reos de conciencia padecen enfermedades. Las autoridades de las cárceles no permiten entregarles medicinas ni artículos de aseo personal, lo que hace a este grupo de presidiarios más vulnerable a posibles contagios de coronavirus.

Carmen, quien también oculta su identidad por seguridad, tiene un hermano confinado en La Modelo desde hace casi dos años. Confirmó a DW que en el penal no dejan pasar alcohol ni barbijos a sus familiares detenidos. 

"Mi hermano, de 32 años, participó en las protestas. Fue llevado a esa cárcel tras sufrir tortura física y sicológica en dos estaciones de Policía de Managua durante 15 días. Ahora está deprimido y desesperado, ha perdido mucho peso y no recibe atención médica, tampoco medicinas, relata entre lágrimas. 

La extrema insalubridad y el hacinamiento en las celdas también afligen a Carmen, quien clama por la libertad de todos los "presos políticos” ante la amenaza del coronavirus. "No es justo que mi hermano esté en ese lugar siendo inocente. Es injusto que el Gobierno prefiera sacar a los delincuentes y dejar en las cárceles a gente honrada y trabajadora. ¡Pido misericordia!”, exclama.

El Ministerio de Salud de Nicaragua reporta hasta ahora un muerto y solo tres hospitalizados por COVID-19, mientras en el resto de Centroamérica se acumulan más de un centenar de fallecidos y al menos 4.000 contagios. Especialistas han criticado al Gobierno por no revelar cuántas pruebas de coronavirus se han realizado hasta hoy.

Aunque el presidente Ortega lleva más de un mes sin aparecer en público, Murillo es su vocera. Ha reiterado que en las cárceles "la situación está bien" con el coronavirus, que el Gobierno cumple los protocolos de la OPS y que los reos se encuentran con buena salud.

Pero para doña Socorro esas palabras no alejan su angustia. "Solo las madres sabemos lo que es tener un hijo en peligro y no poder ayudarle. Me siento impotente", dice afligida. (few)

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