El Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante de Colombia, abrió este martes (19.03.2024) la puerta para retomar los diálogos con el presidente Gustavo Petro, sepultados hace un año debido a ataques contra civiles y la fuerza pública.

"Aceptamos la invitación hecha por el señor presidente, en el sentido de sentarnos a negociar las condiciones políticas que permitan las transformaciones sociales", expresó en un comunicado la organización criminal. "Reiteramos que estamos prestos a asistir a donde se nos indique", agrega el texto con fecha del 18 de marzo y cuya autenticidad confirmó este martes el abogado del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo.

El 18 de marzo, Petro adelantó que el Clan del Golfo "tiene el balón" para concretar nuevos acercamientos. "Si se atreven, abrimos las mesas de negociaciones", aseguró el mandatario de izquierda.

La mañana del martes, medios de comunicación reportaron que el Clan del Golfo había bloqueado vías cercanas al municipio de Tierralta (noroeste). Por la tarde, en un discurso en el vecino municipio de Ayapel, Petro se pronunció sobre estas acciones y advirtió: "No vamos a admitir chantajes ni bloqueos".

"Qué bonitos: el abogado (Giraldo) dice que sí acepta los diálogos de paz y, por el otro lado, están impidiendo que el pueblo hable. Así no es la paz, señores", criticó el mandatario. "Entonces, general, dé las órdenes y mueva las tropas", añadió desde la tarima durante una ceremonia de entrega de tierras.

En marzo de 2023, Petro sepultó las conversaciones que tenía con el Clan del Golfo, pues sus miembros estaban pagando a grupos mineros ilegales para bloquear vías y atentar contra la fuerza pública y civiles en el norte del país. Nunca se formalizó una mesa de negociaciones. El presidente anticipó que si rechazan conversar nuevamente "la decisión" del Gobierno "es destruir el Clan", que según cifras oficiales tiene unos 4.000 miembros.

El cártel -que se autodenominaba Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y que se rebautizó hace menos de un mes como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) para desmarcarse del paramilitarismo- insiste en ser tratado como una organización política igual que las guerrillas que negocian la paz con el Gobierno. Sin embargo, Petro afirma que está en conversaciones con la recién elegida fiscal Luz Adriana Camargo para crear el marco legal que permita su "acogimiento colectivo a la justicia".

El clan rechazó anteriormente un plan de sometimiento ofrecido por el presidente que les exigía rendirse y entregar las armas a cambio de beneficios judiciales. Interrogado sobre ese tema, Giraldo ratificó a Caracol Radio que "ellos (los miembros del cártel) no se van a someter" pues se consideran una organización política.

Según cálculos oficiales, el Clan del Golfo trafica al exterior unas 700 toneladas de cocaína anuales. También, estaría vinculado con la minería ilegal y con el tráfico de personas migrantes en la frontera con Panamá por la selva del Darién, pese a que sus líderes lo niegan.

ama (afp, efe, ap)