Pese a dos intentos de diálogo entre el gobierno que dirige el veterano ex guerrillero sandinista Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica, el conflicto no termina de resolverse en un país altamente polarizado y con una economía en acelerado deterioro.

¿Cuándo comenzó la crisis?

Se inició con una protesta de estudiantes universitarios contra una impopular reforma al Seguro Social, aunque los expertos consideran que esto fue solo el detonante, ante un creciente descontento social hacia el gobierno de Ortega, que ostenta el poder desde 2007 y  se ha reelegido dos veces en comicios cuestionados por la oposición y por organismos internacionales.

Las manifestaciones comenzaron en abril de 2018 y se extendieron rápidamente a varias ciudades del país, tras la violenta acción de la Policía y grupos paramilitares contra civiles desarmados, que dejó gran cantidad de muertos, detenidos, heridos y exiliados.

¿Qué costos ha tenido el conflicto hasta hoy?

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 325 personas murieron y más de 2.000 resultaron heridas por participar en protestas, en su mayoría jóvenes alcanzados por impactos de bala. El gobierno reconoce 198 fallecidos, mientras ONG de derechos humanos elevan la cifra hasta 545.

También de acuerdo con la CIDH, que documentó la crisis desde el punto de vista humanitario, cerca de 700 nicaragüenses permanecen en prisión y otros 60.000 se vieron forzados al exilio, refugiándose mayoritariamente en Costa Rica. La polarización política provoca una profunda división en miles de familias.

¿Cuál ha sido el impacto en la economía?

La crisis ha dejado pérdidas económicas por más de 1.600 millones de dólares. El Banco Central de Nicaragua  (BCN, emisor) reportó a inicios de abril una importante caída en inversión extranjera directa (63,2 por ciento), turismo (41,1 por ciento)  y exportaciones (25,4 por ciento), mientras las reservas internacionales se redujeron en 1.000 millones de dólares (33 por ciento).

El Fondo Monetario Internacional (FMI), que desde 2014 constató un crecimiento económico promedio anual del 4,5 por ciento, ha pronosticado una contracción del Producto Interno Bruto: -5% este año, frente al -3,8 reportado en 2018. Se estima que unas 300.000 personas (10% de la población económicamente activa), han perdido sus empleos y que el número de afiliados a la seguridad social se redujo en 17, 2 por ciento.

¿Por qué fracasó el primer diálogo?

El primer intento de diálogo entre el gobierno y la oposición, con la mediación de la Conferencia Episcopal, se inició en mayo y terminó en julio, cuando la delegación oficial rechazó la demanda de la Alianza Cívica de adelantar las elecciones presidenciales previstas para 2021. Sin embargo, el diálogo permitió que un equipo de la CIDH y otro de la ONU llegaran a Nicaragua para documentar las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Al abandonar  la negociación, Ortega acusó a la oposición y a los obispos de "promover un plan golpista". Simultáneamente, policías y paramilitares sofocaron a sangre y fuego las protestas mediante operativos conjuntos y capturas selectivas de líderes sociales, estudiantes, docentes y campesinos que habían instalado "tranques” en las principales carreteras del país.

¿Qué ha pasado con el segundo diálogo?

El gobierno y un equipo de la Alianza Cívica –formado esta vez por más empresarios y menos delegados del movimiento social- iniciaron un diálogo el pasado 27 de febrero, para negociar una agenda de cuatro puntos: libertad definitiva de los "presos políticos” y anulación de todos los juicios; fortalecimiento (restitución) de libertades y garantías individuales; reforma electoral y un plan de justicia y reparación para las víctimas de la represión estatal.

Las partes dieron por concluida la negociación el 3 de abril, con acuerdos sólo en los primeros dos temas. El gobierno puso bajo arresto domiciliario a 200 reos desde febrero, pero no ha comenzado a liberar a otro grupo mayor (770 según la Alianza Cívica) conforme un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Tampoco ha restablecido el derecho de la oposición a realizar manifestaciones públicas, vetado por la Policía desde septiembre.

En los otros dos temas (electoral y justicia) no hubo acuerdos debido a la negativa oficial al adelanto de elecciones y al rechazo de la oposición a un programa de "justicia y reconciliación” dirigido por la Policía y otras entidades gubernamentales.

¿Qué posición ha tomado la comunidad internacional?

Diversos países han instado al gobierno de Nicaragua a respetar los derechos humanos y retomar el rumbo democrático, advirtiendo que de lo contrario se aplicarían sanciones. Estados Unidos aprobó a fines de 2018 la ley MagnitsKy Nica Act, que prevé sanciones para funcionarios y familiares de Ortega involucrados en corrupción y violación de derechos humanos. La misma ley podría obligar a la Casa Blanca a vetar préstamos de organismos multilaterales solicitados por Managua.

Por su parte, 12 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) han apoyado una eventual aplicación de la Carta Democrática, para forzar al gobierno de Managua a restaurar las libertades. Similar posición mantiene el Parlamento Europeo, que ha amenazado con sanciones a personas allegadas al régimen, si éste no da "señales de buena voluntad” en la mesa de diálogo.

Del otro lado, Daniel Ortega ha recibido apoyo diplomático de sus aliados -Venezuela y Cuba-, así como de Rusia, que explícitamente anunció su respaldo al "gobierno legítimo” de Nicaragua.