Con esta campaña, Oxfam Intermón quiere sensibilizar sobre la realidad de las mujeres defensoras y activistas por los derechos humanos en Colombia. “Tras 50 años de conflicto armado, la firma del acuerdo no ha llevado la paz a los territorios”, denuncian. Las mujeres, como Magalí, alzan a voz contra la violencia, la agresión sexual, el desplazamiento forzado, la deforestación y la contaminación.

En 2019, Colombia tuvo el mayor número de líderes sociales muertos a nivel mundial. De los 304 asesinatos, 106 ocurrieron en el país sudamericano. Las mujeres que están en la línea del frente se exponen a las amenazas y la violencia permanente. Estos son algunos de los desafíos que preocupan a las representantes de organizaciones reunidas en un encuentro en Bogotá.

“Como no es posible parar la fuerza de las mujeres, hay que matarlas”, dice Magalí (centro). Ella es defensora de derechos humanos, territoriales y ambientales y participa en una plataforma para la paz y la incidencia de las mujeres del Caquetá. “Las vacas tienen más derechos que las mujeres. Una vaca tiene derecho a una hectárea de tierra y las mujeres no tienen tierra”, dice.

En este lugar solía correr el agua. Hoy, Janeth Pareja y Norka Ortiz se detienen sobre las piedras en el lecho de arroyo Aguas Blancas. Cuentan que ésta era la fuente de vida de su comunidad, hasta que el cauce fue contaminado y desviado hasta quedar seco. Junto al grupo Fuerza de Mujeres Wayuu luchan por los derechos de su pueblo.

Janeth Pareja pertenece al clan Ipuana y participa en la organización Fuerza de Mujeres Wayuu. Tras denunciar los efectos del vertido de residuos de una empresa minera en la zona, comenzó a recibir amenazas de muerte y debió huir de su territorio. Hoy recorre las comunidades denunciando estas prácticas que atentan contra el medio ambiente, la seguridad y los derechos de las personas.

La lucha de las mujeres defensoras de los derechos de sus comunidades las expone a una serie de peligros. Son descalificadas, intimidadas, enfrentan amenazas de muerte, agresiones y violencia sexual. Un programa de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior de Colombia les asigna escoltas armados que las acompañan. Pero tampoco es garantía. Los propios escoltas son asesinados.

Geraldina es defensora de derechos humanos, ambientales y territoriales en el departamento del Caquetá, el que es conocido como la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Allí es testigo de los efectos de la mina de alquitrán en las afueras de la ciudad de Florencia, la tala de la selva para usar las tierras para la ganadería y el transporte maderero por el río Orteguaza.

Maribel (nombre cambiado) es lideresa comunitaria y vive oculta. Cuando su pareja intentó violar a su hija, en octubre de 2018, ella salió a defenderla y recibió 18 machetazos. Mientras espera justicia por el ataque que casi le cuesta la vida, participa en la Plataforma social y política para La Paz y la incidencia de las mujeres del Caquetá.

“Si la gente no conoce sus derechos, no tiene cómo reclamar”, dice Jaquelin, de la Organización Fuerza de Mujeres Wayuu, en la región de la Guajira colombiana. Ha recibido amenazas por denunciar la contaminación de empresas mineras y hace varios años vive desplazada de su comunidad. “La primera amenaza no me la hicieron a mí directamente, sino a mi hija de 15 años, donde más me duele”.

La historia de Mónica, también de "Fuerza de Mujeres Wayuu", es similar. Debió huir por las amenazas, y hoy vive en La Gran Parada, junto a la vía del tren que transporta carbón desde la mina Cerrejón hasta el puerto en la Alta Guajira. Como otras defensoras, cuenta con escolta armado. Sólo en 2019, 55 defensoras fueron asesinadas en Colombia, según datos de Oxfam Intermón.

Carlos Alfonso Negret Mosquera es abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, y especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Alfonso X El Sabio de España.

La étnia Jiw, conocida también como "Guayabero", es un pueblo seminómada en corazón del Amazonas y que cuenta con el mayor número de habitantes indígenas del departamento del Guaviare: 617 personas. Los Jiw mantienen una demanda ante la Unidad de Restitución de Tierras porque perdieron su capacidad de autoabastecimiento, a causa de la deforestación, la explotación ilegal de madera y la sobrepesca.

La preparación académica y el sentido agudo de liderazgo y servicio social le permitieron a Carlos Negret llegar al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) donde se desempeñó como subgerente de Establecimiento Público, lo cual le permitió acercarse a la problemática del sector rural y a la visión de una sociedad igualitaria y justa en la que prime el respeto por los derechos humanos.

Colombia cuenta con una población afro diversa y de una gran riqueza cultural. Los afrocolombianos viven en los valles interandinos, las costas atlántica y pacífica, el Cauca y el Caribe. Allí están las comunidades palenqueras y raizales, descendientes del mestizaje entre indígenas, españoles, franceses, ingleses, holandeses y africanos en las islas de San Andrés, Santa Catalina y Providencia.

Ante la grave situación que afrontan las comunidades que habitan en las orillas del río Truandó, el Defensor del Pueblo encabezó en 2018 una misión humanitaria para constatar “in situ” el desplazamiento y confinamiento denunciados por las comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas que habitan la zona. La misión llegó hasta Jagual y Marcial donde se reunió con las autoridades indígenas.

Negret Mosquera, nacido en Popayán el 24 de agosto de 1962, se posesionó como Defensor del Pueblo el 1° de Septiembre de 2016 ante el entonces presidente, Juan Manuel Santos Calderón, comprometiéndose a velar por los menos favorecidos, a visibilizar a los invisibles, a privilegiar la gestión en los territorios y a promover la consolidación de una cultura de derechos humanos para vivir en paz.

El olvido del Gobierno nacional y la corrupción de los políticos locales en la costa pacífica se reflejan en el precario sistema sanitario para 540.000 habitantes que demora el pago a médicos y enfermeras. Chocó lo habitan afrocolombianos, indígenas y colonos que sufren todas las crisis: desplazamiento forzado, grupos armados, pobreza, narcotráfico, minería ilegal, y ahora el coronavirus.