Aparte de la pandemia del COVID-19, Colombia lucha, en otro frente, contra una pandemia de violencia derivada del jugoso negocio del narcotráfico de cocaína. En lo que va del año, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 33 masacres y está investigando 97 asesinatos de defensores de derechos humanos. Asimismo, ha registrado 41 asesinatos de excombatientes de las FARC en el primer semestre de 2020.

A la espiral de violencia, se sumaron, la semana pasada, dos nuevas tragedias que conmovieron al país. Tras la matanza de cinco adolescentes en Cali a manos de desconocidos, el sábado pasado (15.08.2020) fueron asesinados nueve jóvenes en el departamento de Nariño.   

"Nuevas dinámicas de violencia"

Stefan Peters, director académico del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), apunta que los móviles detrás de los asesinatos varían y no siempre son claros. En entrevista con DW, critica la falta de esclarecimiento de las muertes, que se ha convertido en un problema central, puesto que raras veces se llegan a conocer los autores intelectuales de los crímenes.

"La violencia se concentra en regiones apartadas, va dirigida sobre todo contra la población socialmente vulnerable y es ejercida por actores que luchan por el control territorial. En algunos casos también hay participación de actores estatales", señala.

Si bien los activistas sociales, defensores del medio ambiente y exguerrilleros de las FARC siguen siendo las principales víctimas, "hay nuevas dinámicas de violencia y, sobre todo, ha habido crueles asesinatos de jóvenes", dice Peters.

Vía Twitter, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenó enérgicamente los asesinatos de los adolescentes y agregó que los grupos de delincuencia común u organizada serían los autores del 78 por ciento de las matanzas ocurridas este año en Colombia, en su gran mayoría (un 80 por ciento) en departamentos con "enclaves de producción ilegal de coca".

Por su parte, la organización Human Rights Watch advierte de la presencia de grupos armados ilegales en al menos once regiones del país, donde habrían impuesto un régimen del terror aprovechando la crisis del coronavirus para cometer todo tipo de abusos contra la población civil.

Sabine Kurtenbach, investigadora principal del Instituto Alemán de Estudios Regionales y Globales (GIGA), explica a DW que, entre los autores de las masacres, hay grupos de exparamilitares, combatientes de las FARC que no han sido desarmados o que han sido removilizados, así como la guerrilla del ELN y grupos transnacionales del crimen organizado que están consolidando su presencia en Colombia. "Pero también el gobierno colombiano es responsable porque ha omitido organizar suficiente protección ante la violencia", dice.  

¿Peligra el proceso de paz?

En opinión de la entrevistada, el gobierno de Iván Duque no le concede especial importancia al proceso de paz, en el marco del cual han sido desarmados unos 7.000 excombatientes de las FARC. Desde el principio, el mandatario habría intentado revocar partes centrales del acuerdo relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz, además de retrasar la puesta en práctica del mismo.

Asimismo, critica que, de cara a la violencia, la estrategia gubernamental se centre solo en el fortalecimiento de la represión estatal. Kurtenbach teme que las fuerzas reformistas del país se vean atrapadas en el fuego cruzado de los diferentes actores violentos.  

"Desde la firma del tratado de paz, la violencia ha aumentado, sobre todo en aquellas regiones del país donde las FARC ya no están presentes y, ahora, otros actores intentan controlar el territorio. Allí ya el gobierno de Juan Manuel Santos omitió ampliar la presencia estatal", subraya.

¿Hay realmente paz en Colombia?

Por su parte, Stefan Peters asegura que el proceso de paz con las FARC continuará. No obstante, afirma que, de cara a la creciente espiral de violencia en el país, es válida la pregunta de si realmente hay paz en Colombia.

A la creciente presencia de narcotraficantes mexicanos en territorio colombiano, se suma, desde marzo, la pandemia del COVID-19. Las medidas de cuarentena no han frenado la violencia. El director académico de CAPAZ apunta que, al contrario, la pandemia ha reforzado o cambiado dinámicas que ya existían en el país antes del nuevo coronavirus.

"Ya antes de la pandemia, la situación de seguridad era preocupante. Esta ahora se ha agravado. En algunas regiones, grupos armados imponen las medidas de cuarentena mediante la violencia. Además, están aumentando nuevamente los reclutamientos forzosos de menores de edad", dice. Peters agrega que, debido a la crisis del coronavirus, se ha vuelto más difícil implementar mecanismos de protección, y que observadores han tenido que ser retirados de algunas regiones.

Finalmente, el experto condena una falta de voluntad política: "La protección de las personas en las regiones afectadas no parece ser una prioridad del gobierno de Duque".

(cp)

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