A Leyner Palacios lo vio el mundo entero en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz en Oslo en diciembre de 2016. De las siete víctimas del conflicto colombiano que fueron ovacionadas, una se quedó en pie. Y el entonces presidente Juan Manuel Santos habló de la nobleza del perdón de este hombre, que había perdido a más de 30 familiares en la masacre de Bojayá. 

Ese Nobel le fue dedicado a todas las víctimas del conflicto armado. Tres años después, Leyner Palacios ha traído hasta la Unión Europea su desilusionado balance de la implementación del acuerdo.

DW: ¿Por qué habla de desilusión? 

Leyner Palacios: Después de la firma vivimos cerca de un año con tranquilidad. La estabilidad que percibimos nos llevó a pensar que podíamos volver a nuestros territorios y a nuestras actividades tradicionales. Pero, cuando salieron las FARC, llegaron el ELN y grupos paramilitares. Nuestro territorio ha vuelto a ser el campo de batalla que era cuando el 2 de mayo de 2002 perdimos, en Bojayá, a más de 79 personas, de las cuales 32 eran de mi familia. ¿Cómo entender que en plena implementación de los acuerdos de paz estemos, trágicamente, en mayor peligro que entonces? 

Los territorios aledaños a su comunidad fueron controlados por muchos años por la FARC. Tan pronto salieron entraron dos actores armados irregulares. ¿Por qué no ha entrado el Estado?

Que las FARC entregaran las armas y se fueran a las zonas de concentración lo percibimos como un alivio. Pero pasaron 6 meses y el Estado colombiano no se hizo presente, ni militar ni socialmente. Estábamos esperando la entrada de programas de salud, agua potable, servicios básicos, pero seguimos abandonados a nuestra suerte. Y llegaron nuevos grupos ilegales y el ELN comenzó con reclutamientos, extorsiones  y asesinatos. Se suma que en la zona existían, aún camuflados, grupos paramilitares que en el proceso de 2005 no habían entregado las armas. Hace dos años, volvieron a la acción. En la capital del Chocó, Quibdó, sí hay un batallón del Ejército, pero actúa más bien en complicidad con las fuerzas paramilitares. 

En opinión de autoridades colombianas que han pasado por Bruselas, el Gobierno sí se esfuerza en implementar los acuerdos, sobre todo en integrar a los excombatientes. Aducen que la causa de que a los líderes sociales los sigan matando habría que buscarla en el narcotráfico. ¿Cómo se aprecia esto en su zona?

Por mi región pasan las rutas comerciales del narcotráfico, sí, pero el abandono histórico de la región no se puede explicar sólo con eso. Hay negligencia institucional. El Chocó lleva alrededor de veinte años en una crisis humanitaria declarada. La no materialización de derechos se junta con los intereses económicos que hay en los territorios.

Para la minería a gran escala se han concesionado ya el setenta por ciento de nuestro territorio. Por Bojayá, mi pueblo, debe pasar un canal interoceánico. En el Bajo Atrato se ha despojado a los campesinos de sus tierras y ahora las tienen plantaciones de palma. Y la gente nativa desplazada vive en la miseria en las grandes ciudades. La ausencia del Estado en nuestro territorio -un gran pulmón de la Tierra y una reserva de biodiversidad-  hace que la gente deje su tierra y que esta quede disponible para el agronegocio. 

¿Será que el Estado colombiano no ha hecho suficiente pedagogía acerca del desarrollo que tiene pensado para esas regiones? Existen proyectos con la Unión Europea para sacar  provecho económico de la biodiversidad...

No lo vemos solamente desde lo económico. Para nosotros, el equilibrio y la sostenibilidad es primordial, el territorio lo es todo, es la misma vida. Es la posibilidad de sostenimiento, cada actividad que realizamos es pensando en mantener ese equilibrio. Sin embargo, el desarrollo que se quiere imponer es de arrasamiento y acumulación.

Lo que nosotros proponemos es mantenerlo al servicio del ser humano. No concebimos que se acabe con esos bosques y que los que sobrevivan no tengan con qué mantenerse. Sabemos de pesca, de manejar los bosques y las plantas, pero no sabemos trabajar en esas empresas. Si nos quitan nuestro territorio, ¿de qué vamos a vivir? El Estado nunca nos ha provisto de alternativas, nos va a condenar a la muerte.

La situación que usted describe la comparten varias nacionalidades indígenas y afrodescendientes. Cada vez se habla más de ecocidio y genocidio…

Desde las investigaciones de la Comisión Interétnica de la Verdad para los Territorios del Pacífico Colombiano demostramos que en el Pacífico colombiano se pretende un etnocidio. La gran angustia es que países y empresas están asociadas en una política de exterminio ambiental y cultural de los pueblos aborígenes en América Latina. Los líderes políticos no son capaces de interpretar el grito de la naturaleza. ¿Cómo es posible que a estas alturas un gobierno, con el pretexto de combatir el narcotráfico, opte por echarle el venenoso glifosato a la gente y a la naturaleza?

El concepto de la biodiversidad y la necesidad de conservarla es un tema muy actual, sobre todo por el Acuerdo de París. ¿Tiene usted la sensación de que Europa está ahora más dispuesta a escuchar y a apoyar, por ejemplo, a la Comisión Interétnica? 

Sí, Europa ha avanzado bastante en protección de derechos humanos y asuntos ambientales, incluidos elementos étnicos, y sentimos mucha apertura hacia nuestras poblaciones. Hay espacios en donde nos atienden. Por el contrario, lamentablemente, en las instituciones colombianas nos desprecian. Tenemos que recurrir al acompañamiento internacional para tener una reunión cordial y respetuosa con muchos funcionarios en Colombia. En mi país, un defensor de derechos humanos es visto como subversivo, un delincuente.   

Se cumplen tres años de los Acuerdos de Paz y un año del Gobierno del presidente Iván Duque, que llegó al poder con la intención ya no de romperlos pero sí de alterarlos. ¿Cuál es su balance?

Es bastante desastroso.  Debemos recordar que el Acuerdo fue acogido en la Constitución y su implementación pasó a ser una cuestión de Estado, no de Gobierno. En cuanto a desarrollo rural integral, en servicios básicos, salud, educación y distribución de tierras, no se ha avanzado más allá de un cinco por ciento en la implementación. En cuanto a la apertura democrática, detectamos que la institucionalidad tradicional se opone a que surjan fuerzas alternativas. Por eso, los asesinatos de más seiscientos líderes después de la firma del Acuerdo de Paz. Por otro lado, la clase dirigente se opone férreamente a la participación de las víctimas en los espacios institucionales de la implementación de los acuerdos; no han permitido, por ejemplo, que representantes de las víctimas lleguen a la Cámara.

Central en los acuerdos fue la creación de tres instituciones: la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz. Aunque aún no han logrado que desaparezcan, les han disminuido un 40 % de sus recursos. Todo esto a pesar de que, con miras a la comunidad internacional, el Gobierno colombiano asegura que sí va a implementar.

Según el encargado de la implementación de los acuerdos de paz, el actual Gobierno ha desembolsado más que ningún otro en resarcir a las víctimas. ¿A usted como víctima le ha llegado algún fondo del Gobierno colombiano?

Es lo más triste. Llevo diez años persiguiendo una reparación que ha prometido el Estado en el marco de la Ley de Víctimas. Hace tres años, el Gobierno me mandó una carta para informarme de que abra una cuenta para depositarme la indemnización. Les he escrito ya tres veces y sigo esperando. Por otro lado, si bien hemos conseguido que se amplíe el plazo de vigencia de la Ley de Víctimas, han reducido la tasa de indemnización. Si a usted le mataron a un familiar y la tasa de indemnización eran diez millones de pesos, ahora, por resolución, son cinco. Si ya de por sí es tremendo que a uno le paguen a un familiar, el que regateen con el dolor de la gente es muy agresivo.

En términos generales, nos preocupa muchísimo la campaña que el Gobierno está haciendo ante la comunidad internacional, porque su intención es que se piense que en Colombia las cosas van por buen camino. Con esta visita, precisamente, queremos alertar de esa gran mentira.  

El mundo entero lo vio a usted junto con el presidente Santos recibiendo el Nobel de la Paz. ¿Cómo ve su futuro como representante de las víctimas?

En ese momento, en Oslo, me sentía regocijado por estar aportando a la construcción de la paz. Sentía que a pesar de haber sufrido tanto, la paz valía la pena. Hoy me siento frustrado porque la precariedad y la desprotección en el Pacífico colombiano no cambia.

Nuestro futuro es bastante incierto. Estar en la condición de líder y defensor de derechos humanos es la actividad más peligrosa. Es muy posible que a los que estamos frente al movimiento nos esté esperando la muerte o el exilio. Sin embargo, estamos convencidos de que hay que seguir trabajando por la paz y la reconciliación y soñando con un país distinto.

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