El Senado aprobó la ley sobre la JEP sobre participación en política de los excombatientes, que al inscribirse deberán acreditar un certificado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Además, "si una persona es elegida y luego sancionada por la JEP, será esta justicia la que determine si esa sanción es compatible o incompatible con el desempeño de funciones públicas".

Rodrigo Londoño, líder del partido FARC, presentó el 17 de noviembre de 2017 queja ante la ONU por "incumplimientos" del Acuerdo de Paz. Londoño se refiere a un punto incluido por el Senado que cambia calidades e inhabilidades de magistrados que integrarán la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Varios jueces seleccionados podrían ser inhabilitados. Algo "inconstitucional", dicen expertos.

La Corte Constitucional avaló una enmienda aprobada por el Congreso para crear la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los puntos más importantes del Acuerdo de Paz firmado el 24 de novimebre de 2016. En esta tendrán cabida los exguerrilleros, los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado y quienes hayan financiado grupos armados.

Francisco llegó el 6 de septiembre a Bogotá. Durante su recorrido de cinco días por el país pronunció una frase que electrizó. "No se dejen vencer, ni engañar, ni pierdan la alegría, ni la esperanza ni la sonrisa", expresó a los jóvenes que lo esperaban en la Nunciatura Apostólica y entre quienes había antiguos indigentes rescatados de la calle y las drogas.

Las FARC celebraron el primer congreso en el que se transformaron en un partido político con discursos en los que consolidaron las posiciones políticas de extrema izquierda que defendieron durante más de medio siglo con las armas y que a partir de ahora deberán hacer sólo con la fuerza de la palabra. Al encuentro, que se realiza en Bogotá, acudieron más de 1.100 delegados.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), formalizaron el 27 de junio la entrega de sus armas ante la ONU, en el marco del acuerdo de paz firmado con el gobierno de Bogotá. La ceremonia, con casi un millar de invitados, estuvo encabezada por el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC.

La Misión de la ONU en Colombia anunció que ya están en su poder las 7.132 armas entregadas por las FARC, en la jornada previa al acto público para dar por concluido el proceso de desarme de esa guerrilla.

El jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko" (foto de 2008), regresó el 27 de mayo a Colombia procedente de Cuba, justo el día en que esa guerrilla celebró el 53 aniversario de su fundación. "Feliz de volver a mi tierra con la satisfacción de un deber cumplido y la convicción de seguir trabajando por una nueva Colombia”, escribió Londoño en su cuenta de Twitter.

El Consejo de Seguridad de la ONU reiteró su respaldo al proceso de paz y alabó los progresos logrados en su implementación. Naciones Unidas rindió además, "homenaje a los colombianos por emprender el camino de la paz", un "ejemplo para el resto del mundo". La ONU resaltá también la positiva labor de los 15 países que han ayudado a Colombia en dicha empresa.

“En épocas de conflicto con las FARC llegaban, cada día, al Hospital Militar de Bogotá entre 10 y 28 soldados o policías destrozados en combates. Desde la firma del Acuerdo de Paz no hemos tenido ni un solo muerto o herido” dice el director de este, el mayor centro de atención a heridos de guerra de América Latina, Luis Eduardo Páez.

Estos 28 lugares temporales, fueron diseñados para que los integrantes de las FARC permanezcan durante su tránsito a la legalidad y dejen allí las armas. El movimiento hacia estas zonas contó con todas las medidas de seguridad por parte de la Fuerza Pública y el Mecanismo realizará el monitoreo y verificación. La institucionalidad ha permanecido vigente en estas veredas.

La ONG “Somos Defensores” denunció que la construcción de la paz le costó la vida a 80 defensores de los Derechos Humanos en 2016. Por su parte, el comisionado de ONU para Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, denunció que, hasta ahora, 41 líderes sociales y reclamantes de tierras robabas han sido asesinados en 2017. Tras dichos asesinatos estarían grupos paramilitares de ultraderecha.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó la entrega, por parte de las FARC, del listado oficial de hombres y mujeres que integran sus filas, un total de 6.084. Dicho listado es sometido a revisión para la acreditación y tránsito a la legalidad de los exguerrilleros. A la lista se deben sumar 1.541milicianos o colaboradores urbanos de las FARC.

Otros 10 menores de edad que estaban en las filas de las FARC fueron entregados el 13 de mayo de 2017 al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organismo que desde septiembre de 2016 ha recibido 86 niños y niñas de ese grupo. Los jóvenes fueron recibidos por personal de Unicef. Aquí, médicas de las Fuerzas Armadas de Colombia atienden a una exguerrillera con su bebé.

Este 15 de mayo de 201, a 16 días de que se cumpla el plazo establecido en el acuerdo de paz para culminar el desarme (31 de mayo de 2017), la ONU indicó que "ya cuenta con 41 contenedores y 52 cajas metálicas en los campamentos de concentración de la guerrilla para almacenar las armas".

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) del alto el fuego anunció el 10 de abril la terminación del conteo de armas. La entrega a Naciones Unidas, de al menos 10.000 armas, debe haberse ejecutado hasta el 1° de junio, entonces todas las armas tienen que estar en poder de la ONU, para ser fundidas y utilizadas en la construcción de tres monumentos a la paz.

Según el cronograma acordado, que ha sufrido retrasos desde el fracaso inicial del plebiscito, la ONU extraerá todas las armas de los campamentos hasta este 31 de mayo de 2017 para que sean fundidas y usadas en la elaboración de tres monumentos a la paz.

La presencia de minas y artefactos explosivos artesanales cerca de los pueblos, además de la proliferación de armas y balas perdidas en zonas urbanas, son algunas de las amenazas que enfrenta la población civil en Colombia. En los últimos 26 años, 11.400 personas han sido registradas como víctimas directas de artefactos explosivos. El 39 por ciento son civiles.