El anuncio del presidente colombiano, Álvaro Uribe, de que intentará sentar en el banquillo del Tribunal Penal Internacional al presidente venezolano, Hugo Chávez, echa más leña al fuego que prendió con la incursión militar de Colombia en terreno ecuatoriano. La información encontrada en las computadoras incautadas en el campamento de los guerrilleros de las FARC confirma las sospechas de sus relaciones con el gobierno venezolano. Esto también ofrece nuevas perspectivas de la relación del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, tanto con el grupo guerrillero como con el controvertido presidente venezolano.

La información que va saliendo a la luz revela insólitas negociaciones con este grupo guerrillero que desde hace 40 años acciona en Colombia. Ofertas de Hugo Chávez de participación en empresas petroleras y ofrecimientos del gobierno de Correa de cambiar en las fronteras a militares contrarios a la guerrilla son combustible a este fuego que amenaza con incendiar la situación y las relaciones entre estos tres países.

El presidente Correa insiste en la violación de la soberanía ecuatoriana y exige de la Organización de Estados Americanos (OEA) una condena de los hechos. El Consejo Permanente de la OEA, sin embargo, cerró una larga reunión sin aprobar la resolución, pues ecuatorianos y colombianos no logran ponerse de acuerdo en la descripción de lo ocurrido el sábado cuando fuerzas colombianas atacaron un campamento de la guerrilla de las FARC situado en territorio ecuatoriano. Colombia apoyada por Estados Unidos, si bien reconoce los hechos, se niega a aceptar que fue una “violación”.

Sin perderse en los detalles de cuántos kilómetros hacia adentro de la frontera ecuatoriana sucedieron los hechos, claro queda que es una “grave violación a la soberanía de un país”, explicó a DW-WORLD el juez y catedrático Kai Ambos, especialista en derecho internacional.

Falta de acuerdos

“Dado que a diferencia de los países europeos del Acuerdo de Schengen, entre los países latinoamericanos no existen acuerdos acerca de cómo accionar cuando de persecuciones en caliente se trata”, el ejército de un país no puede entrar en el territorio del otro sin más”, explica Ambos. Menos aún si, como insiste Ecuador, en este caso no se trató de una persecución, sino de un ataque. El reclamo de Ecuador sería así, en opinión del experto, legítimo y la operación ilegal.

“¿Qué se ganaría con una resolución que condene este ataque? Sentar precedente para que no vuelva a ocurrir”, explica Ambos y en caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo se puede recurrir al Tribunal Internacional de Justicia, pues se trata de una querella de un Estado contra otro.

En esta historia, sin embargo, no se trata sólo de eso. El verdadero meollo del conflicto se encuentra en las relaciones de los tres países con las FARC, en cuyo combate el presidente Uribe cuenta con el apoyo de Estados Unidos y su Plan Colombia.

Que la guerrilla opera en los lindes de Colombia es una cosa que se sabe desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la situación no había llegado a internacionalizarse. También aquí, de haber habido real un interés por parte de los implicados, “el asunto y cómo tratarlo debió haber sido ventilado y acordado bilateralmente desde hace mucho tiempo, no a posteriori”, explica Ambos.

Según Ambos, la amenaza del presidente Uribe de llevar al presidente venezolano a la Corte Penal Internacional acusándolo de apoyar el genocidio carece de fundamento legal. “En caso de que hubiese habido casos de genocidio en Colombia, éstos no habrían sucedido bajo la responsabilidad exclusiva de las FARC sino de varios otros grupos armados, los militares y los paramilitares incluidos. Los delitos cometidos por las FARC -un grupo combatiente que se autofinancia con el narcotráfico- bastan para denunciarlos como criminales de guerra. Técnicamente, empero, no ha habido genocidio. Y en el caso de se comprobase, por ejemplo, que el señor Chávez apoya a la guerrilla, eso sería una, otra vez, una violación de la soberanía nacional, como en el caso de la financiación de la Contra en Nicaragua por Estados Unidos”, recuerda y puntualiza:

“Que el presidente Uribe invoque ahora al Tribunal Penal Internacional sorprende viniendo de un gobierno que, como el del presidente Bush, nunca ha reconocido que deba intervenir en esos casos, aduciendo que son procesos internos que debe solucionar Colombia. Aquí el gobierno colombiano está usando políticamente a la Corte Penal Internacional como arma política contra Chávez.”

*Kai Ambos es catedrático de Derecho Penal e Internacional en la Universidad de Gotinga