A un año de que empezase el cese el fuego entre las fuerzas del gobierno colombiano y las FARC, la matanza de campesinos cocaleros en la sureña y alejada Tumaco pone de manifiesto la fragilidad y la complejidad de este proceso.

En Bruselas, organizaciones de la sociedad civil de Colombia y Europa advierten a la UE de no cejar en el acompañamiento de un proceso que no acaba con la entrega de las armas por parte de los ahora exguerrilleros de las FARC.

La matanza de Tumaco

"Hay dos versiones. La oficial, según la cual los campesinos murieron en un ataque de disidentes de las FARC en un enfrentamiento con la fuerza pública. La versión de los campesinos de la zona es que fueron atacados por la fuerza pública cuando estaban protestando por el incumplimiento en lo acordado", explica a DW Angélica Rincón, de Diálogo Intereclesial por la Paz (DiPaz).

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"El problema es que a la erradicación de los cultivos ilícitos no ha seguido su sustitución por cultivos que generen ingresos para los campesinos", explica. DiPaz, que reúne a ocho Iglesias y a varias organizaciones ciudadanas, acompaña de cerca a las comunidades que están en torno a las "Zonas Veredales", los espacios donde fueron concentrados los excombatientes durante el proceso de dejación de armas, que culminó en agosto.

Por otro lado, en esas zonas destinadas a la reincorporación a la vida normal, "no hay ofertas en términos productivos, no hay educación", sigue Rincón. Y, efectivamente, ha habido deserciones.

"Algunos están intentando reinsertarse en sus lugares de procedencia, donde tienen sus familias", agrega. Aunque no hay datos exactos, la presencia de los excombatientes en las zonas de reincorporación es menor, "y el que grupos paramilitares intenten coptarlos, los convierte en un riesgo para la implementación del proceso", puntualiza.

El Chocó como ejemplo

Hay que decir que la región del Chocó es especialmente vulnerable porque el 81% de su población no tiene cubiertas sus necesidades básicas y un 65,9% está en situación de pobreza. Es la región con menos cobertura de servicios públicos del país. Y es la región en donde en los últimos años más han proliferado  los cultivos de coca, que están presentes en 21 de los 30 municipios de ese departamento.

Según Juan Pablo Guerrero, politólogo e investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el Chocó es el departamento más victimizado de Colombia: entre 1997 y 2017, un 62% de su población ha sido expulsada de sus tierras. En lo que va de 2017, 913 familias han sido desplazadas. La situación actual es especialmente crítica, pues grupos paramilitares vinculados al narcotráfico y el ELN luchan por el control social en los espacios dejados por las FARC. La violencia ha recrudecido, a pesar de los acuerdos de paz.

¿El mayor desafío?

¿Es esto sólo una cuestión de esta región? "No, lo que sucedió en Tumaco puede suceder en otras regiones del país", responde Guerrero a DW.

"El hecho de que exista estigmatización a líderes defensores de derechos humanos y reclamantes de tierra, la no existencia de alternativas productivas y el no desmantelamiento del paramilitarismo generarán estas situaciones también en Antioquia, en Santander, en el Caribe", puntualiza señalando esto como los mayores desafíos para la paz colombiana. 

¿Y el narcotráfico? "El narcotráfico es un elemento estructural y desestabilizador de la paz. Pero no es el único. Existen una serie de factores como la falta de capacidad de gobiernos locales y regionales, la corrupción administrativa, la explotación de recursos naturales y el hostigamiento y la presión a las poblaciones", puntualiza Guerrero.

Así las cosas, en un momento en que una misión europea se encuentra justo en Colombia para definir proyectos de desarrollo que, desde los fondos europeos, aporten a crear estructuras económicas en territorios afectados por el conflicto, desde plataformas de la sociedad civil como Oidhaco (Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia) recuerdan a la UE la importancia de que se implementen los acuerdos a cabalidad.

"El mayor desafío que enfrenta la paz en Colombia", responde Alonso, "es cumplir con todo lo estipulado en los acuerdos. También con el punto tres: la investigación de las estructuras paramilitares y su relación con el narcotráfico", concluye.

Autora: Mirra Banchón (VT)