Al menos 177 activistas medioambientales fueron asesinados en 2022 en todo el mundo. Es decir, cada dos días, una persona vinculada a la defensa del medio ambiente es asesinada por sus acciones.

El informe fue realizado por Global Witness, una ONG fundada en el Reino Unido que monitorea el panorama del activismo medioambiental desde 2012. Según sus últimos datos, publicados el martes (12.09.2023), se han registrado 1.910 delitos de este tipo en todo el mundo en la última década.

En 2022, Colombia lideró la clasificación como el país más violento para los activistas: se registraron 60 asesinatos, el doble que el año anterior. La mayoría de las víctimas son indígenas, miembros de comunidades afrodescendientes y pequeños agricultores, señala el informe.

"Bolsonaro alentaba la minería ilegal”

En segundo lugar aparece Brasil, con 34 víctimas mortales. La cifra, sin embargo, es superior a la registrada en 2021, cuando fueron asesinados 26 defensores ambientales.

En el país, una de las principales fuentes de datos es la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), vinculada a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), que publica anualmente un informe sobre los conflictos en el campo.

"En los últimos cuatro años, hemos vivido bajo un gobierno que desmanteló las agencias de protección ambiental y de los pueblos indígenas. Varias frases del expresidente Jair Bolsonaro alentaron la invasión y la minería ilegal en tierras indígenas", señala, en entrevista con DW, Gabriella Bianchini, consultora de la CPT.

En México, la violencia no cesa

En México, que ocupó el primer lugar de la clasificación en 2021, el número total de muertes cayó de 54 a 31. Pero eso no significa que la violencia haya cesado en ese país, apunta Global Witness.

"La situación general sigue siendo terrible para los defensores de la tierra y el medio ambiente, y los ataques no letales –incluidas la intimidación, las amenazas, el desplazamiento forzado, el acoso y la criminalización– siguen socavando gravemente su trabajo”, indica el informe.

En general, la grave situación de América Latina fue destacada en el estudio de Global Witness: la región fue escenario del 88 por ciento de todos los asesinatos. De los 18 países que aparecen en el informe con casos documentados, 11 son latinoamericanos.

"El empeoramiento de la crisis climática y la creciente demanda de productos agrícolas, combustibles y minerales intensifican la presión sobre el medio ambiente y sobre quienes arriesgan sus vidas para defenderlo", señala la ONG.

Impunidad

En la última década, Colombia ha superado a Brasil en número de activistas asesinados, con 382 casos frente a los 376 brasileños.

Como en otras partes del mundo, muchas muertes registradas en Brasil siguen sin resolverse. Este es el caso, por ejemplo, en Boa Vista, en el estado de Roraima, donde aún no se sabe quiénes fueron los autores de los disparos que mataron a Ana Yanomami Xexana. La mujer indígena se encontraba en un campamento temporal de la ciudad, cuando dos hombres que pasaban en bicicleta le dispararon en la cabeza. 

"La impunidad es un problema enorme e impide seriamente que cesen los ataques contra los defensores. A menudo, si tenemos suerte, todo lo que podemos saber es el nombre de la persona que disparó. Rara vez se conoce a los autores intelectuales, así como sus motivaciones", señala Laura Furones, una de las autoras del estudio.

Protección del medio ambiente e intereses económicos

Para los autores del informe, es complejo establecer vínculos claros entre los asesinatos registrados y sectores económicos específicos. De los 177 delitos ocurridos en 2022, al menos diez tienen sus causas vinculadas a intereses en la industria agroindustrial. 

La minería ha sido asociada a ocho casos monitoreados por Global Witness. Otros sectores que estarían detrás de las muertes son la tala (4), la construcción de carreteras e infraestructuras (2), la energía hidroeléctrica (2), la caza (2).

Más de un tercio de las personas asesinadas eran indígenas (36 por ciento). Los pequeños agricultores (22 por ciento) y los afrodescendientes (7 por ciento) también se encuentran entre las mayores víctimas de la violencia. En 2022, autoridades estatales, manifestantes, guardias forestales, abogados y periodistas también fueron blanco de ataques letales.

"El asesinato es el delito más grave. Pero hay varios otros ataques no letales, como intentos de silenciamiento, criminalización, amenazas y otros tipos de violencia física, sexual o acoso. Todo ello en torno a conflictos por la tierra", alerta Bianchini.

(ct/ms)