#PazAlLiderazgoSocial, pide el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), mientras actualiza permanentemente una lista delíderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados en 2020. Estamos a mediados de mayo y esa lista registra ya 101 nombres, 26 tras el inicio de la cuarentena por la actual pandemia de coronavirus.

Desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC (noviembre de 2016) hasta hoy, la cifra total de asesinados asciende a 902, precisa a DW Leonardo González Perafán, coordinador del Observatorio de Conflictividades de Indepaz.

¿Quiénes son los asesinados?

En su mayoría, se trata de activistas de base campesina (39 en 2020); muchos, con liderazgo comunal (33). Hay, además, numerosos líderes indígenas (30), cívicos (13), afrodescendientes (7), que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (5), sindicales (4), mineros (2), ambientalistas (1).

"Son agentes que trabajan por el cambio, por la paz entendida como la reducción de la violencia, la garantía de los derechos humanos o la protección de los recursos naturales en sus territorios”, comenta a DW Viviana García Pinzón, investigadora del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo y del programa de estudios de paz y conflicto de la Universidad de Marburgo.

A ellos se suman familiares o personas cercanas (8), así como firmantes del Acuerdo de Paz o excombatientes de las FARC (25). Y el registro incluye mujeres (11), aunque la violencia armada suele tener un impacto desproporcionado en los hombres, señala esta politóloga colombiana.

Amenazas, atentados y desapariciones

Junto a los asesinatos, los activistas están expuestos a otras formas de violencia. A mediados de 2019, las principales organizaciones sociales del país denunciaban más de 460 amenazas individuales o colectivas, 46 atentados con armas de fuego de largo y corto alcance y/o artefactos explosivos, y 5 casos de desaparición forzada.

En lo que va de 2020, se han publicado ya 79 panfletos de amenazas a organizaciones y comunidades, confirma González Perafán, a cargo del registro de víctimas en Indepaz. Y, por si fuese poco, en las amenazas más recientes, se ha declarado como objetivo militar a quienes violen la cuarentena. El objetivo es minar la autoridad de las organizaciones sociales en sus territorios, especialmente de las indígenas, explica el experto.

Territorios, narcotráfico, minería y agroindustria

La cifra más alta de asesinatos se recoge, este año, en el departamento del Cauca (30), "epicentro de muchos conflictos en Colombia, por un tema geopolítico”: por su geografía, con salida a la costa pacífica y cercana a la frontera sur (con Ecuador); por sus conexiones con el resto del país y las rutas de la droga, enumera la politóloga del GIGA.

Antioquia, que secunda al Cauca en récord de asesinados en 2020 (con 17), es también "corredor estratégico para la minería ilegal, para el producto del cultivo de coca que va hacia México”, agrega el abogado González Perafán, desde Indepaz.

El Cauca, además, es un territorio con antecedentes de violencia contra población indígena y comunidades afrodescendientes, con historia de presencia paramilitar, muy rico en minerales y fertilidad del suelo: "donde se ha usado la violencia para avanzar en proyectos de extractivismo y de agroindustria”, precisa asimismo la también exinvestigadora del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz y del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, de la Universidad Nacional de Colombia, García Pinzón.

Factores históricos y estructurales convergen allí con recientes luchas por el territorio entre diversos sectores y actores armados, a raíz de la desmovilización de las FARC. Y la presencia del Estado es "principalmente militar, enfocada en la seguridad nacional, en desmedro de la garantía y protección de los derechos”, subraya la politóloga.

Crimen organizado con raíces paramilitares y guerrilleras

¿Qué revelan las estadísticas sobre los autores directos e indirectos de los asesinatos y sus motivos? "No hay claridad”, lamenta García Pinzón, porque el Estado colombiano no garantiza ni la seguridad de los líderes sociales, ni la justicia frente a sus asesinatos: no es eficiente en la investigación y el castigo a los autores.

Hasta ahora, el Estado ha negado o solo reconocido muy vagamente la sistematicidad del fenómeno, denuncian estudiosos y activistas. Ha llegado a reducirlo a incidentes de criminalidad común: a supuestos atracos o riñas personales, que activistas y organizaciones sociales desmienten, aludiendo al modus operandi y el tipo de armas empleadas.

Así, el esclarecimiento queda en manos de la sociedad civil, que apunta, sobre todo en el Cauca, a grupos del crimen organizado con raíces paramilitares como el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas.

Históricamente, "las peores masacres en esta región no fueron perpetradas por la guerrilla sino por grupos paramilitares, con vínculos con actores legales de las élites políticas y económicas de la región”, recuerda la politóloga colombiana, mientras resalta la porosidad de las fronteras entre lo criminal y lo legal en el conflicto armado en su país.

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Aunque el Estado insiste en atribuirle todo a disputas territoriales entre las múltiples disidencias de las FARC y el ELN, "todos los grupos armados presentes en esos territorios están usando las armas contra los líderes sociales”, asegura el coordinador de Indepaz. Y el panorama lo completan las disidencias del desmovilizado EPL, tercera guerrilla izquierdista de Colombia, conocida ahora como el grupo armado "Los Pelusos”, dedicado al narcotráfico. O las llamadas Águilas Negras, un presunto grupo de origen paramilitar, cuya naturaleza, estructura y hasta existencia real no parecen claras.

¿Qué (más) puede y debe hacer el Estado?

En Colombia, se negoció el Acuerdo de Paz con uno -el mayor y más antiguo- de muchos otros grupos armados. Pero ahora, el resto pugna por el control de territorios, poblaciones y mercados antes en manos de las FARC.

"Se abrieron vías para que muchas comunidades comenzaran procesos locales de construcción de paz”, afirma García Pinzón.  Pero el Estado apenas "simula la implementación de los acuerdos”, sin cumplirlos, especialmente en el tema agrario, denuncia González Perafán. Y, en medio de todo, ha llegado una pandemia, que agrava la situación de vulnerabilidad socioeconómica y física de los activistas, hoy confinados en sus casas y fácilmente localizables por sus asesinos.

En 2016 y ahora, el Estado colombiano debió "estar preparado para copar esos territorios; no solamente con el Ejército sino con instituciones de salud, educación y justicia. Esa es la tarea pendiente”, por razones de voluntad política y, quizás, hasta de recursos, sugiere la politóloga García Pinzón.

Desde Indepaz, también González Perafán reclama inversión social: cumplir los planes de desarrollo territorial contemplados en los acuerdos con las comunidades. De lo contrario, Colombia seguirá "en transición”, coinciden ambos expertos, pero más hacia "una mutación de la violencia” que hacia la paz.

(jov)

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