El Gobierno colombiano presentó este jueves (15.04.2021) al Congreso una polémica reforma tributaria que busca financiar la crisis económica generada por la pandemia, pero el proyecto enfrenta obstáculos en un Legislativo sin mayoría en el bando oficialista.

Aunque ha sido presentada como una herramienta para mitigar la pobreza en medio de la emergencia sanitaria, la iniciativa enfrenta el rechazo de sindicatos y expertos que denuncian un ensañamiento con la clase media. Durante una presentación virtual, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, defendió la necesidad de ir "ampliando paulatinamente la base de personas gravables" en el país.

"Tenemos una propuesta de reforma que recaudaría 23 billones de pesos (unos 6.300 millones de dólares) en promedio entre el año 2022 y el año 2031", y que busca generar una mayor austeridad en gastos oficiales, afirmó el funcionario.

De acuerdo con el texto divulgado, la iniciativa incrementa el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) de 5% a 19% para la gasolina y aplica esta misma tasa a los servicios básicos en zonas de clase media-alta. También, gravará -por primera vez- con impuesto sobre la renta a las personas que ganen más de 656 dólares mensuales, una medida rechazada por sindicatos en un país donde el salario mínimo es de 248 dólares.

Además, crea un impuesto temporal a la riqueza para altos salarios y prolonga los subsidios mensuales para hogares más pobres que oscilarán entre 22 y 100 dólares, según el número de integrantes. "Es cierto hay personas que vamos a pagar un poco más, pero también es cierto que estamos ayudando solidariamente a bajar la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema", que afectan al 36% y al 10% de los colombianos respectivamente, alegó Carrasquilla. Alrededor de 74% del recaudo provendrá de personas y apenas 3,7 billones de pesos de empresas, reconoció el ministro.

Desde su anuncio, la iniciativa fue rechazada por la oposición y sindicatos que anunciaron movilizaciones para el 28 de abril. "Evidentemente es un golpetazo a la clase media", denunció Fabio Arias, fiscal general de la Central Unitaria de Trabajadores, en una entrevista a la prensa local.

La iniciativa tampoco tiene el camino despejado en el Congreso, donde el Gobierno no mantiene mayorías claras y enfrenta la reticencia de sus aliados a un año de elecciones presidenciales. El proyecto deberá ser aprobado por el legislativo antes del 20 de junio.

Colombia estuvo confinada entre marzo y septiembre de 2020 para enfrentar al nuevo coronavirus que deja más de 2,5 millones de contagios y casi 67.000 muertes. Pero el Gobierno fue relajando las medidas ante el descalabro de la economía, que se hundió 6,8% en 2020 frente a 2019, su peor desempeño en casi medio siglo. Tras un año de pandemia cerca de la mitad de la ciudadanía trabaja en la informalidad.

ama (afp, efe)