La Fiscalía de Colombia anunció este viernes (24.04.2020) la apertura de investigaciones contra el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea, cuatro gobernadores y otros funcionarios, por presunta corrupción en el manejo de los recursos destinados a atender la pandemia en el país, específicamente en la asignación de créditos para garantizar la producción agrícola durante la emergencia.

El pasado 17 de abril, la Contraloría (tribunal de cuentas) alertó de que "cerca del 90 por ciento de los recursos de crédito destinados para garantizar la producción agraria y la sostenibilidad alimentaria durante esta época de pandemia se están concentrando en manos de beneficiarios que los están utilizando en actividades no productivas".

Las colocaciones del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) entre el 1 de enero y el 31 de marzo pasados -explicó entonces el organismo- superan los 6,1 billones de pesos (unos 1.500 millones de dólares), de los cuales el 78 por ciento, 4,8 billones de pesos (unos 1.200 millones de dólares) "han sido para los grandes beneficiarios".

"Los medianos productores han recibido 710.000 millones de pesos (unos 176 millones de dólares), mientras que los pequeños, incluidos en esta franja aquellos cuyos activos no superan los 280 salarios mínimos, han recibido 630.000 millones (unos 156 millones de dólares), suma considerada pequeña dentro de ese universo", añadió la Contraloría.

El inicio de las investigaciones

Ante esto, el ente acusador señaló en un comunicado que "los gobernadores de Arauca (noreste), Magdalena (norte), Vichada (este) y San Andrés (noroeste); así como el ministro de agricultura", Rodolfo Enrique Zea, son indagados "por presuntas irregularidades de contratación durante la emergencia sanitaria". Además, "hay 38 casos en indagación preliminar (...) contra 41 funcionarios municipales", añadió el texto.

La apertura de las investigaciones se dio como resultado de un trabajo conjunto de la Fiscalía con la Procuraduría General, encargada de indagar irregularidades cometidas por funcionarios públicos, y la Contraloría General, el ente que vigila las finanzas del Estado. El objetivo de las tres entidades es "verificar 31.938 contratos suscritos durante la emergencia sanitaria", según el boletín, de los cuales han revisado 909, por un valor de cerca de 166 millones de dólares.

"Hay un aforado constitucional con noticia preliminar abierta y es el ministro de Agricultura", dijo este viernes el fiscal general, Francisco Barbosa, en una rueda de prensa conjunta con el procurador, Fernando Carrillo, y el contralor, Carlos Felipe Córdoba.

Desde que se declaró el estado de emergencia el 17 de marzo, tras la detección del primer contagio once días antes, el gobierno destinó una batería económica para proveer de más recursos al Estado en medio de la pandemia.

ama (efe, afp, El Tiempo)

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