La captura de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, jefe del Clan del Golfo, ha sido celebrada en Colombia y calificada por el presidente Iván Duque como “el golpe más duro que se le ha propinado al narcotráfico en este siglo en el país” y un golpe que “marca el final del Clan del Golfo”, solo comparable con la caída de Pablo Escobar en 1993. Pero, ¿hasta qué punto se puede hablar del fin de este cartel de la droga? 

“Otoniel”, de 50 años, era el criminal más buscado de Colombia y el máximo responsable de la exportación de cocaína del país. En su contra tiene más de 120 órdenes de captura y seis sentencias por homicidio agravado, reclutamiento de menores y narcotráfico, entre otros delitos. EE. UU. y Colombia llegaron a ofrecer más de cinco millones de dólares por su ubicación. El operativo para detener a “Otoniel”, en el Cerro del Yoki, departamento de Antioquia, contó con la participación de 150 policías de inteligencia, 500 militares y la colaboración de agencias de inteligencia de EE. UU. y Reino Unido. 

“Esta captura se puede celebrar pero es poco o nada lo que va a cambiar mientras Colombia siga teniendo una política de prohibición de drogas tan anacrónica y tan poco basada en la evidencia, y mientras la mitad del territorio sea zona rural donde la desigualdad es grande”, dice a DW Fernando Posada, politólogo de la Universidad de los Andes de Colombia. 

La razón del escepticismo de Posada, experto en temas de políticas públicas y seguridad, se debe a experiencias similares ya vistas en el país sudamericano. “Lo hemos visto cuando Colombia entera celebró de la misma forma la caída de Pablo Escobar, o las extradiciones de Carlos Lehder y de los Rodríguez Orejuela. Pero estos suelen ser reemplazados inmediatamente por tres o cuatro líderes que terminan dispersando y llegando a ser, incluso, más brutales que los anteriores”, dice el politólogo colombiano. 

El problema estructural y el espejo mexicano

Coincide el análisis de Diana Luna, especialista mexicana en relaciones internacionales y asesora para América Latina de la Fundación Friedrich Nauman, cercana al partido liberal alemán. “Si bien es un gran éxito para Duque, esto no significa el fin de la violencia del narcotráfico en Colombia. Es un caso similar al de México: mientras haya problemas estructurales y no se creen más empleos dignos como alternativa en esas zonas, o solo se apueste por la militarización, el negocio del narcotráfico continuará”, explica Luna. 

La experta señala que la captura de “El Chapo” Guzmán en México no ha significado el fin de la violencia causada por el narcotráfico. “Después de la captura de 'El Chapo' se vio una división dentro del cártel de Sinaloa y la búsqueda de nuevos líderes. Fue un momento difícil en Sinaloa, había mucho temor en la población. Sin lugar a dudas, esto se puede replicar en Colombia: asesinatos selectivos, ataques contra las Fuerzas Armadas y disputas entre otros grupos para asegurar su liderazgo”, dice la analista.

Cultivos de coca en aumento

El Clan del Golfo es responsable de casi el 30 por ciento de las toneladas de cocaína que salen de Colombia y mantiene el control de la frontera colombo-panameña, la ruta principal para el contrabando de cocaína hacia Estados Unidos. Después de cinco décadas de guerra antidrogas, que ha dejado decenas de miles de muertos entre policías, civiles y narcotraficantes, Colombia sigue siendo el principal exportador de cocaína del mundo. 

Según datos del Gobierno estadounidense y de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, tras la muerte de Pablo Escobar, los cultivos de coca se quintuplicaron en Colombia, pasando de 50 mil hectáreas en 1995 a 245 mil hectáreas en 2020. Y, en contra de lo prometido, el presidente colombiano no ha logrado reanudar las fumigaciones con glifosato sobre los sembradíos de coca, que fueron suspendidas en 2015, ante riesgos para la salud y el medioambiente. 

“Cada gobierno de turno capturó o dio de baja a al menos uno o dos jefes de grupos criminales, pero Duque tenía pocos resultados que mostrar. A un año de que termine su mandato, es cuestionado incluso por quienes le apoyaban. Esta captura no quiere decir ahora, de ninguna manera, que Colombia dejará de ser el mayor exportador de cocaína”, sostiene el politólogo Posada.  

Extradición impide justicia para otras víctimas 

En declaraciones a medios locales, el presidente colombiano ha dicho que “Otoniel” debe ser extraditado a Estados Unidos “a la mayor brevedad posible”. Los analistas Luna y Posada coinciden en que el traslado se tiene que hacer por seguridad. Sin embargo, con la extradición de los capos de la droga a Estados Unidos, siempre se abre una gran “desventaja” pues no se llega a hacer justicia para las víctimas de otros delitos distintos al narcotráfico. 

“Desde los años 80, la extradición es la manera en que los gobiernos colombianos han buscado quitarse de encima el problema; también para que los grandes criminales no sigan delinquiendo en las cárceles”, señala el experto de la Universidad de los Andes.

Por su parte, para los narcotraficantes, “la extradición es parte de la ecuación para pagar una condena corta en EE. UU. y evitar rendir cuentas en los tribunales de Colombia o tener que contar permanentemente la verdad, que sería importante para el proceso de paz. Esa es una inmensa desventaja”, lamenta Posada.

En ese sentido, la analista Luna agrega que, finalmente, la realidad es que el sistema de justicia colombiano, al igual que el mexicano, es muy débil y si no se logra una extradición rápida, puede ocurrir una posible fuga, como en el caso de “El Chapo”, que se fugó más de dos veces hasta que se logró su extradición. “La justicia estadounidense es más efectiva y allí, al menos, se logrará que los carteles cumplan su sentencia por narcotráfico”, dice la experta mexicana. 

Por otro lado, ambos analistas coinciden en que no hay que olvidar las responsabilidades al respecto de Estados Unidos y Europa, que son los principales destinos a donde llega la cocaína. Mientras haya una alta demanda seguirá habiendo una amplia oferta, y “mientras Colombia y el mundo no se metan de lleno a discutir cómo cambiar la política de drogas a nivel global nada cambiará”, subraya el politólogo Posada.

(chp)