Tras ocho años de trabajo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia enfrenta la presión de lograr resultados en un elevado número de casos, en un plazo de tiempo acotado, y en medio de un importante recorte del presupuesto fiscal y un conflicto no del todo cerrado. Además, frente a duras críticas por las dos primeras sentencias, que son vistas por algunos sectores y víctimas como "impunidad disfrazada de justicia”.

La JEP contempla penas alternativas a la privación de libertad para quienes reconocen su participación y aportan información para establecer la verdad sobre el conflicto armado de más de cinco décadas, que dejó casi nueve millones de víctimas. Las primeras sentencias, emitidas en septiembre pasado, fueron contra la última dirigencia de las FARC, por secuestro, y contra integrantes de una unidad militar, por asesinato y desaparición forzada ilegítimamente presentados como bajas en combate.

En entrevista con DW, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, revisa este proceso que surgió a partir del acuerdo de paz de 2016 y adelanta: "En diciembre se va a emitir la primera sentencia de los casos adversariales (cuando un compareciente no reconoce su responsabilidad en los hechos investigados) e igualmente hemos avanzado muchísimo en los otros macrocasos”.

Por estos días Ramelli está en Europa desarrollando una serie de encuentros con representantes de organismos internacionales en París, Ginebra y La Haya, con el fin de dar a conocer a la comunidad internacional los avances de este proceso. "Europa siempre ha sido un aliado de la paz y de la Jurisdicción. Todos los funcionarios con los que he hablado me han manifestado que este apoyo sigue intacto”, señala.

Una serie de obstáculos amenazan el trabajo y la continuidad de la JEP: "Estos proyectos no están del todo financiados y hemos insistido ante el gobierno para que termine de financiarlos. De igual manera, la cooperación internacional se ha reducido y tuvimos el cierre de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). También se han dado casos de amenazas a investigadores, víctimas o testigos, lo que igualmente afecta las investigaciones. Son dificultades de todo orden”.

DW: Más allá de las sentencias, ¿cuál es para usted el mayor logro de la Jurisdicción?
Alejandro Ramelli: El mayor logro es la verdad que se ha obtenido. La derrota del negacionismo de algunos sectores que decían que esos crímenes no habían existido, que eran delitos aislados o que participaron pocos. Judicialmente hemos probado la sistematicidad y la masividad de los crímenes cometidos tanto por un bando del conflicto armado como por el otro.

¿Y en cuanto a los fracasos o las deudas?
Los mayores desafíos son por la masividad. Son muchísimos casos, el número de víctimas es muy elevado y tenemos un tiempo muy corto. El gran desafío es cómo dar una respuesta a un conflicto de más de 50 años en un tiempo tan escaso.

Se critica la lentitud del proceso. ¿Está de acuerdo?
No. Nosotros hemos investigado miles de casos. Por ejemplo, en cuanto a las FARC estamos hablando de 21 mil secuestros. El tiempo que se tarda en investigar -no cada uno, eso era de la justicia ordinaria-, sino todos los patrones, la participación activa de las víctimas, las numerosas etapas procesales que hay que cumplir, y además se han interpuesto numerosas apelaciones, recusaciones, acciones de tutela, todo eso ha demorado el proceso.

Llevan dos sentencias. ¿Va a ser suficiente el plazo que tiene la JEP, considerando el gran número de casos?
En principio son 15 años, ampliable a cinco más. Es un plazo muy escaso, la verdad. Y por eso estamos haciendo un gran esfuerzo para ajustarnos a esa temporalidad estricta. La justicia transicional es excepcional y limitada en el tiempo, y tenemos que cumplir con nuestro mandato en el tiempo dado. Primero los casos pasan por las salas y ya están llegando al tribunal para las sentencias, que hace audiencias y verificaciones, que también toman tiempo.

Las víctimas esperaban mayores sanciones. ¿Qué les puede decir?
Yo entiendo la postura de las víctimas, su dolor y entiendo a sus familias. Pero vamos a las cifras. En el caso de secuestro, de más de 4.300 víctimas que participaron, solamente ocho interpusieron apelación. Y en el caso 03 (ejecuciones extrajudiciales), ninguna. Yo creo que fue más un tema mediático, porque realmente si uno va a los hechos y los procesos, tenían la vía para manifestar su desacuerdo, y solo ocho de 4.300 apelaron. Creo que faltó entrevistar a las víctimas que están de acuerdo, como las de la Sierra Nevada de San Marta, las comunidades étnicas. Ninguna apeló.

¿A usted le parece que es suficiente este tipo de sentencia y las medidas que se aplican a las personas que reconocen su culpa?
Yo creo que es un punto medio. Miremos qué pasaba con las FARC. Sus antiguos dirigentes fueron condenados en ausencia a penas privativas de la libertad y nunca cumplieron la pena, porque nunca fueron capturados. En esos procesos nunca hubo víctimas, no hubo verdad ni hubo una audiencia. Ahora las víctimas tuvieron la oportunidad, por primera vez, de participar en todas las etapas procesales y ser escuchadas, y sus historias están contadas en las sentencias. Ese es un gran cambio, porque antes todo era una amnistía y finalmente nunca había verdad ni ningún tipo de explicación por parte de los victimarios.

La verdad es importante, pero no suficiente, es el primer paso para que haya justicia. En ese sentido, ¿estas sanciones son suficiente para el dolor que sufrieron las víctimas?
Ninguna sentencia va a ser suficiente. Ante 21 mil secuestros es imposible. Cualquier sentencia, así fuera privativa de la libertad, tampoco lleva a que sus derechos sean completamente restablecidos. Son las limitaciones de la justicia. Cualquier modelo es insuficiente para poder revertir todo el dolor que han sufrido las víctimas. Entonces este es un modelo distinto, que tiene también limitaciones, pero antes ni siquiera había un proceso ni sentencias. Los trabajos que tienen que realizar, de casi ocho años, son a favor de las víctimas, es buscar a los desaparecidos, desminar los campos minados, restablecer el medio ambiente, participar en trabajos de memoria. Es una manera de tratar de satisfacer los derechos de miles de víctimas afectadas por los delitos.

¿Cree que estos trabajos, como forma de reparación para las víctimas, pueden llevar al encuentro y la reconciliación?
Yo insisto siempre: Lo más importante es el proceso y no la sentencia. Es cómo las víctimas se reencontraron con sus victimarios por primera vez en el proceso y cómo hubo una reconciliación allí. Muchas víctimas lo que nos piden es la verdad, más allá de la cárcel y de cualquier sentencia. En el caso 03, (los responsables) empiezan a cumplir su sentencia en un cementerio con la construcción de 700 osarios, es trabajar para las víctimas de desaparición forzada. Y luego en la construcción de centros de memoria y de espiritualidad de las comunidades de la Sierra. Yo no veo que las víctimas estén en contra de las sentencias.

Se podría entender la JEP como un proceso que da beneficios a los victimarios a cambio de entregar información.
El mayor compromiso de ellos es aportar a la verdad plena y detallada, porque finalmente eso es lo que quiere la sociedad. Hay beneficios, pero son condicionados al aporte de la verdad. Si esto no ocurre, la persona sigue en la justicia ordinaria, como pasó con los militares que fueron condenados a 35 años de prisión en el caso del Palacio de Justicia. Ellos fueron a la Jurisdicción, no aportaron verdad y la JEP los devolvió a la justicia ordinaria.

¿Qué ocurre en los casos en que el victimario no acepta su culpabilidad?
Si la persona no acepta, se va por un sistema adversarial, que es parecido a la justicia ordinaria, y allí se decide si es culpable o inocente. De llegar a ser encontrado culpable, tiene una pena privativa de la libertad de 20 años. Ya terminamos el primer juicio, estamos por emitir la primera sentencia de otro caso del batallón La Popa.

Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta hoy, ¿qué ha traído este proceso?
La situación en Colombia no es fácil, porque el conflicto sigue con algunos actores que no hacen parte de la justicia transicional, como el ELN, por ejemplo, y también con aquellos que se salieron, como las disidencias, o nunca estuvieron en el proceso de paz, además del tema del crimen organizado. Eso dificulta nuestras labores, porque toca ir a las audiencias, a los territorios o con las víctimas, y en algunos sitios hay problema de seguridad. Entonces no es fácil implementar un modelo de justicia transicional en medio todavía de la guerra.

¿Lo que está haciendo Colombia es algo inédito en el mundo?
Yo creo que sí, porque es justicia restaurativa transicional. En el mundo hay diferentes manifestaciones de justica restaurativa, para adolescentes que cometen delitos, en algunas comunidades étnicas, o para delitos menores como en Costa Rica. Y modelos de justicia transicional hay muchos, por ejemplo, Sudáfrica es uno sin justicia, de comisión de la verdad, y el caso argentino es lo contrario, es transicional con justicia retributiva. Pero no existe, salvo este, un modelo de justicia restaurativa transicional.

Se ha dicho que este es un proceso transformador. ¿Qué ha transformado en Colombia?
Pues ha transformado la forma de ver la justicia, porque culturalmente justicia se entiende con cárcel como la única respuesta. Pero en un proceso de paz con una guerrilla que no estaba del todo derrotada militarmente, no se podía simplemente ofrecerle 50 años de cárcel. Ningún grupo armado se va a entregar para irse esos años a la cárcel, pero tampoco era admisible una amnistía. Esta es una justicia que está en la mitad entre una amnistía, que antes era lo que ocurría, y la justicia tradicional de 50 años de cárcel. Es un modelo intermedio, en que se les dice: necesitamos que usted diga la verdad, que reconozca los hechos y los daños y que pida perdón, y tiene una sentencia diferente.

¿Cree que esto va a compensar a las víctimas o a la larga podría generar mayor malestar?
Es difícil para víctimas de esos crímenes internacionales tener plena satisfacción. Yo lo entiendo. Para personas que estuvieron secuestradas 10 años en la selva, ninguna sentencia les va a devolver el pasado ni revertir el sufrimiento que tienen. Yo les digo que la sentencia es un gran triunfo para ellas, porque participaron en el proceso. Su dolor y sus historias están contados y reflejados en las sentencias y lo mismo para con las víctimas de la fuerza pública. Esta es una forma, que es limitada, pero es el sistema que llevó a que la guerrilla más grande de Colombia se desarmara: 13 mil combatientes que están cumpliendo el acuerdo de paz. Es un costo también de alcanzar la paz.

(elm)