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Colombia: “la situación de los derechos humanos sigue siendo precaria”

Oliver Pipper/ Juliane Walter30 de enero de 2009

También el Gobierno colombiano es responsable de la precaria situación en la que se encuentran los derechos humanos en Colombia, dice a Deutsche Welle Susanne Breuer, de la ONG Misereor.

"La gente quiere paz, por eso apoyan a Uribe".Imagen: AP

Le piden al Estado colombiano que haga caso de las recomendaciones que le hizo el Consejo de Derechos Humanos en diciembre del 2008. Le piden al presidente colombiano, Álvaro Uribe, que acabe con la impunidad y ponga fin a la violencia contra la sociedad civil. Y más cosas: la lista de demandas de las ONG a Colombia es larga.

Este fin de semana, Uribe visita Alemania y se reúne con la canciller, Angela Merkel. Deutsche Welle le preguntó a Susanne Breuer, responsable de Colombia en la ONG Misereor, por sus expectativas ante el encuentro.

Periodistas exigen en Colombia la puesta en libertad de tres compañeros secuestrados, enero 2003.Imagen: picture-alliance/ dpa

DW: La canciller alemana, Angela Merkel, se reunirá el sábado con el presidente colombiano, Álvaro Uribe, ¿qué temas desearía usted que se tratasen en el encuentro?

Susanne Breuer: Yo creo que debería de hablarse sobre la precaria situación de los derechos humanos en Colombia: una situación de la que, en parte, también es responsable el Gobierno colombiano. En los últimos tiempos se han mejorado los niveles de seguridad en el país y para ello se ha puesto en práctica una política de mano dura. Pero nuestros colaboradores y otras ONG nos cuentan que las violaciones de los derechos humanos siguen siendo graves en muchas regiones del país.

Uribe probablemente alegaría entonces que, según las estadísticas, su política de mano dura ha sido muy exitosa: las cifras revelan que el año pasado fueron asesinadas menos personas que en los 30 años anteriores.

Sí, pero esos son datos relativos. Es cierto que se ha reducido el número absoluto de asesinatos pero, aún así, se han perpetuado 16.000 homicidios, es decir, que las cifras siguen siendo altas. Y las amenazas contra defensores de los derechos humanos, pequeños agricultores o personas que trabajan para organizaciones sociales persisten.

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe.Imagen: AP

¿Cómo son esas amenazas?

El modo en que se producen depende del asunto del que se trate. Los casos que mejor conocemos nosotros son los de los activistas pro derechos humanos, porque con ellos trabajamos estrechamente. Éstos reciben cartas o correos electrónicos amedrentadores, a veces son llamadas...

Las amenazas vienen, por un lado, de los grupos paramilitares porque, a pesar del proceso de desmovilización, estos todavía existen. Y por el otro, de la guerrilla, si se trata de regiones en las que la guerrilla todavía está presente.

Y además, otra cosa que no ha cambiado es que, quienes luchan por defender los derechos humanos, se ven expuestos a las difamaciones del Gobierno. El Gobierno los ultraja públicamente, les acusa de colaborar con la guerrilla y con ello pone en peligro sus vidas.

El presidente Uribe goza de gran popularidad, ¿cómo se explica ese fenómeno?

Yo creo que la popularidad del presidente se explica por la mejora de la seguridad en el país. Su política de mano dura y su lucha contra la guerrilla lograron reducir la inseguridad en muchas partes de Colombia. Líderes de guerrilleros de alto rango han sido asesinados o se han entregado a la Justicia. Por eso, la población apoya a Uribe. Porque quiere paz. La gente desea vivir una vida normal y lo que ve es que, en algunas regiones del país, puede volver a moverse con cierta libertad.

¿Cuál debe ser la postura que adopte el Gobierno alemán con respecto a Colombia?

El gobierno alemán debe mantener el diálogo con el Ejecutivo colombiano. Eso es muy importante. Pero, además, debería reclamar que se aprueben leyes para la protección y la rehabilitación de las víctimas del conflicto y pedir que las víctimas y sus derechos sean la prioridad.

En las relaciones económicas, los derechos humanos son un punto clave, porque sus violaciones y los desplazamientos (en Colombia hay alrededor de tres millones de desplazados) están frecuentemente ligados a los intereses económicos, como demuestra la extensión del cultivo de aceite de palma en noreste del país y en la provincia de Chocó. Y también hay que incluir en negociaciones bilaterales el tema de los sindicatos: Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para los sindicalistas.

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