“Dentro del conflicto armado colombiano de más de 45 años se han dado la desaparición forzada, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento y la violencia sexual, crímenes de los que las mujeres también son víctimas”, dice Susan Lee, directora del programa de Amnistía Internacional (AI) a Deutsche Welle, desde Bogotá, en donde este miércoles, AI presentó el último informe sobre el estado de los derechos humanos en ese país latinoamericano. 

Según Lee, “las autoridades colombianas no han abordado efectivamente la carencia de Justicia para las mujeres y niñas víctimas de la violencia sexual”. La directora para las Américas de AI, con sede en Londres, resalta que “en Colombia, las mujeres y niñas son, a menudo, tratadas como trofeos de guerra. Las partes del conflicto las someten a abusos sexuales para silenciarlas y castigarlas”.

¿Qué hace el nuevo Gobierno?

Las esperanzas en los cambios anunciados por el nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, parecen estar desvaneciéndose, ya que “no hemos visto mejoras reales en cuanto a hacer comparecer ante la Justicia a los responsables de abusos contra los derechos de la mujer y otros actos de violencia sexual contra mujeres”, resalta Susan Lee a Deutsche Welle y recuerda que “el uso de la violencia sexual como instrumento de presión dentro del conflicto colombiano, sigue siendo una práctica generalizada y ejercida por todos los actores violentos”. 

Justicia, “eso es lo que nosotras exigimos: Que se haga justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia", titula el informe presentado este miércoles en Bogotá, documenta el hecho de que las autoridades siguen negando a las víctimas de la violencia sexual sus derechos a la verdad, la Justicia y la reparación.

Falta de registro nacional confiable

La inexistencia de estadísticas oficiales fiables y el temor que rodea la denuncia de estos crímenes hacen muy difícil evaluar el alcance real del problema. Las estadísticas disponibles no indican con claridad los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas que podrían estar relacionados con el conflicto armado.

En 2010, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 20.142 exámenes de posibles casos de violencia sexual, frente a 12.732 en el año 2000. Sin embargo, sólo 109 de estos casos fueron clasificados como relacionados con el conflicto, lo que pone de relieve la invisibilidad de estos crímenes.

“Incluso cuando una mujer reúne el coraje necesario para denunciar un caso de violación o de violencia sexual, éste rara vez se investiga efectivamente”, dice Lee, activista británica de los derechos humanos, especializada en América Latina.

Inexistente voluntad política para combatir la impunidad

Los obstáculos para la Justicia identificados por AI abarcan “la histórica inexistencia de voluntad política para combatir la impunidad”, que se refleja en medidas de protección ineficaces para testigos y sobrevivientes, la precaria formación en cuestiones de género para los funcionarios judiciales, y la no tipificación en la legislación nacional de la violación como crimen del derecho internacional.

Una situación de precariedad que empeora aún más cuando las mujeres pertenecen a una etnia precolombina. “Las indígenas sobrevivientes de la violencia sexual sufren barreras adicionales, como la ausencia de traductores, las dificultades para viajar desde zonas remotas a los lugares donde pueden obtener asistencia oficial y la significativa presencia de combatientes en las zonas donde viven”, dice el informe de AI que fue elaborado durante dos años de trabajo.

Violencia sexual como arma de guerra

Los grupos guerrilleros, los paramilitares atacan a mujeres y niñas para explotarlas como esclavas sexuales y vengarse de sus adversarios. De dichos abusos deja constancia el informe de AI que también afirma que algunos efectivos de las fuerzas armadas del Estado están comprometidos en desmanes. Los grupos violentos usan la violencia sexual para sembrar el terror en las comunidades y obligar a familias enteras a huir de sus hogares, para apropiarse de sus tierras.

Si la Justicia nacional no funciona, la próxima instancia sería la CPI

AI relata la historia de Carolina*, líder comunitaria en un pueblo del noroeste de Colombia: “En 2007 un paramilitar violó al hijo de Carolina, ésta denunció el crimen a las autoridades. Los criminales la presionaron para que retirara la denuncia. Cuando Carolina se negó, la obligaron a ver cómo mutilaban a una de sus víctimas. En mayo de 2007, ocho paramilitares la secuestraron y violaron. Cuando el jefe paramilitar se enteró de que Carolina había quedado embarazada tras la violación, ordenó que le dieran una paliza y Carolina perdió el bebé.” 

En septiembre de 2008, y tras presiones de una ONG de mujeres, el caso fue trasladado a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Sin embargo, la Unidad nunca llamó a Carolina a testificar. En agosto de 2010, el fiscal fue retirado del caso. “Al parecer, el nuevo fiscal todavía sólo ha empezado a revisar el caso de Carolina hace poco”, se lamenta AI.

AI insta a las autoridades colombianas a “adoptar medidas para garantizar que los responsables de crímenes de violencia sexual, muchos de los cuales son crímenes de guerra o de lesa humanidad, comparezcan ante la Justicia. Si las autoridades siguen absteniéndose de hacerlo, podría intervenir la Corte Penal Internacional.”

Autor: José Ospina-Valencia
Editor: Enrique López

*nombre cambiado por AI