Rodrigo Londoño describe el episodio como "dos muchachos que venían convencidos de que iban a matar a un traidor”. El blanco era él mismo, Timochenko, como jefe del partido FARC. En el objetivo también estaba la paz soñada de Colombia, cuyos pilares se resquebrajan con cada nueva vida que cobra la violencia.

No faltó quien dijo que se trataba de una maniobra de distracción del Ejecutivo de Iván Duque para tapar con una cortina de humo el escándalo de espionaje ilegal que enfrenta estos días. El propio ex líder guerrillero confirmó el intento de asesinato frustrado por la Policía. En un país cortado de raíz por la polarización en torno a cómo lograr una paz que unos y otros dibujan de forma bien disímil, Timochenko apostó por el "sentido común” y la "reconciliación de los colombianos” al dar las gracias a la fuerzas de seguridad por su labor.

Ese mensaje conciliador es precisamente lo que le sitúa en el punto de mira de las disidencias de la antigua guerrilla FARC, hoy convertida en partido político tras el acuerdo de paz de 2016. Según el Gobierno colombiano, el fallido ataque mortal fue ordenado por Iván Márquez y Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, antiguos compañeros de guerrilla y hoy disidentes.

"En todos los procesos de paz surgen facciones”, dice a DW Angelika Rettberg, profesora de la Universidad de Los Andes, "porque es muy distinto ser una guerrilla en armas enfrentada a una realidad de guerra a ser una guerrilla en transición hacia partido, en la cual los diferentes integrantes pierden a veces la lealtad hacia los comandantes, o simplemente desarrollan proyectos de vida distintos, algunos de los cuales son disidencias violentas”.

En los últimos meses, el partido FARC ha dado señales de estar muy fracturado. Algunas de estas divisiones han dado lugar a disidencias violentas. Un sector de estas ha declarado objetivo militar tanto a Londoño como al senador Julián Gallo, también conocido como Carlos Antonio Lozada. La politóloga Rettberg explica que figuras como Timochenko, más radicalmente contrario a las expresiones disidentes, son los que están expuestos a un mayor riesgo.

"En estos casos, las fracturas ya no son ideológicas, sino que recurren a la violencia para lograr sus objetivos”, sostiene en entrevista con DW Stefan Peters, que dirige el Instituto Colombo-Alemán para la Paz. Recuerda que es un "sector minoritario”, pero que está dispuesto a recurrir al asesinato "para cuestionar el camino de la paz que ha tomado Timochenko”.

La realidad es que la Colombia posterior al acuerdo ha resultado ser un lugar mucho más sangriento de lo que quizás muchos esperaban. De los 13.000 excombatientes que firmaron el pacto, 173 han sido asesinados, mayormente guerrilleros de base. Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en el país, advirtió al presidente Duque que "la paz no se logrará plenamente mientras que las valientes voces de los y las líderes sociales sigan siendo silenciadas por la violencia, y mientras excombatientes que dejaron las armas y están comprometidos con su reincorporación sigan siendo asesinados”. En los primeros 15 días de 2020, 19 líderes sociales han perdido la vida a manos de grupos armados ilegales.

"El acuerdo de paz puso fin al conflicto con las FARC, pero no logró eliminar muchos de los combustibles fundamentales de la violencia”, subraya Rettberg, también investigadora asociada del Instituto Alemán de Estudios Regionales GIGA, con sede en Hamburgo. Si muchos optaron por la disidencia fue para mantener el control de los mercados ilícitos de oro y coltán, o de las rutas del narcotráfico. Además, los procesos de reclutamiento siguen activos en muchas zonas del país.

"Era importante y necesario”, aclara Rettberg, "pero un acuerdo de paz no puede resolver todos los problemas estructurales que generan violencia en un país”.

"Es responsabilidad del Gobierno proteger a los ciudadanos"

¿Cuál es pues, o debería ser, el papel del Gobierno de Duque ante esta coyuntura? Peters cree que el Ejecutivo tendría que "hacer un mayor esfuerzo en el fortalecimiento y la mejora de la eficacia de la protección” de las potenciales víctimas, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces la violencia viene precedida de amenazas. Sí, han puesto recursos, pero el experto considera que no bastan y que "es responsabilidad del Gobierno proteger a los ciudadanos y las ciudadanas”.

Por su parte, Rettberg cree que debe profundizarse la acción en lo que se ha venido a llamar paz territorial: "Hay que llevar el Estado y el desarrollo económico a las regiones más abandonadas”. La politóloga recuerda que es allí, en esa tierra de nadie, donde se producen las oleadas de reclutamiento de jóvenes que nutren a los grupos criminales.

En el fondo, se trata de abordar las causas que llevan a alguien a tomar las armas. La pregunta, recuerda Rettberg, aún es "por qué Colombia sigue produciendo condiciones en las que las personas encuentran en la violencia una forma atractiva de la que vivir”.

(ers)

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