No falta quien diga que el presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió el Premio Nobel de la Paz demasiado temprano, alegando que aún no se sabe si su acuerdo con la guerrilla de las FARC rendirá los frutos prometidos y que la inconformidad con el pacto en cuestión, tal como fue sellado, fomenta la polarización y la violencia. El pasado martes (6.3.2018), el propio Santos se vio obligado a pronunciarse para repudiar las agresiones de las que han sido objeto varios políticos en el marco de la campaña electoral. 

El 2 de marzo en Popayán, un mitin del expresidente Álvaro Uribe, candidato liberal al Senado, terminó en disturbios ocasionados por opositores. Ese mismo día, simpatizantes y detractores se enfrentaron en un acto del candidato presidencial de izquierda Gustavo Petro, y su vehículo blindado fue atacado. El 3 de marzo en el municipio noroccidental de Segovia, una explosión hirió a nueve personas en un evento donde el Partido Conservador Colombiano hacía propaganda de cara a los comicios legislativos de este domingo (11.3.2018).

Luces y sombras

Cuando sólo faltan dos meses para las elecciones presidenciales, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -transformadas en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)- han suspendido sus actividades proselitistas debido a la agresividad de las protestas en su contra. “El proceso de paz tiene sus luces y sus sombras. Y es normal que así sea; nadie dijo que su implementación sería fácil o rápida”, arguye Sabine Kurtenbach, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), con sede en Hamburgo.

“Hay avances, como la concentración y la desmovilización de la mayoría de los integrantes de las FARC. Los disidentes de esa organización guerrillera que se rehusaron a deponer las armas constituyen un grupo pequeño, que no insignificante; pero, en líneas generales, la primera etapa del proyecto se desarrolló con pocos problemas. Las dificultades más grandes están en otro nivel. Por un lado, existen fricciones, no tanto entre las FARC y el Gobierno de Santos, sino entre éstos y los opositores del proceso de paz”, explica la experta.

El riesgo de los espacios vacantes

“Por otra parte, no han sido las fuerzas de seguridad del Estado colombiano las que han ocupado los espacios abandonados por las FARC, sino el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), las bandas criminales emergentes (BACRIM) y nuevas células paramilitares. Eso pone en riesgo el convenio de paz firmado con las FARC y la paz social misma. Para que la paz en Colombia sea más que la mera ausencia de guerra, es imprescindible que se ponga coto a la violencia ejercida por otros actores”, agrega Kurtenbach.

La especialista del GIGA trae a colación el creciente número de asesinatos de activistas sociales desde la suscripción del pacto con las FARC. “Esa tendencia es muy preocupante para las instancias que se han comprometido a impulsar reformas, sean las FARC o las organizaciones no gubernamentales”, subraya Kurtenbach. Consultada sobre la interdependencia de la economía nacional y la paz social, la investigadora apunta que la última será sostenible si se actúa contra las causas estructurales del conflicto armado.

Trabajo y reintegración social

“Aunque el crecimiento económico es un factor de peso, lo más importante es que los exguerrilleros y la población general consigan empleo, sobre todo en las zonas rurales. Uno de los déficits denunciados por las FARC durante sus negociaciones con el Gobierno fue la falta de perspectivas de desarrollo en los campos y la profusión de grandes proyectos extractivos que crean muy pocos puestos de trabajo. Estrategias están siendo definidas para cambiar a esa situación, que aflige desproporcionadamente a los jóvenes”, dice Kurtenbach.

Simon Balzert, gerente regional para Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezuela de la Lateinamerika Verein -la asociación de empresarios germanos con intereses en América Latina y el Caribe- coincide con la analista del GIGA. “El éxito del proceso de paz depende, en buena parte, de que la economía y el mercado laboral absorban a los miles de exmiembros de las FARC y les ofrezcan posibilidades de integrarse a la sociedad. En ese sentido, creo que las compañías alemanas en Colombia podrían hacer aportes”, opina.

Economía e inversiones, prudencia alemana

Balzert aclara, eso sí, que, aunque es positiva la percepción que se tiene en Alemania del proceso de paz colombiano y el interés de los inversionistas germanos en la nación andina ha aumentado, éstos no tienen prisa en abrir operaciones al otro lado del Atlántico. “El Producto Interno Bruto de Colombia asciende gracias a la recuperación de los precios de las materias primas y ese es un buen indicador de la salud de las finanzas locales. Pero el crecimiento económico no alcanza el punto con el que el Gobierno contaba en 2017”, comenta.

“El acuerdo de paz ha sido sobreestimado, en algunos sentidos; las expectativas del Ejecutivo de Santos en torno al ‘efecto llamada’ de ese proceso no se hicieron realidad. Colombia fue durante mucho tiempo un país donde no era deseable hacer inversiones debido a los altos índices de inseguridad; eso no puede cambiar de la noche a la mañana. La pacificación nacional está en desarrollo, va a tomar tiempo y, a decir verdad, nadie sabe cómo va a terminar”, enfatiza el portavoz de la Asociación Empresarial para América Latina.

La división de investigación del Grupo The Economist augura la continuidad de las políticas macroeconómicas ortodoxas independientemente de quien gane los comicios, un incremento del 1,7 al 2,5 por ciento en el Producto Interno Bruto en 2018 -los analistas de Germany Trade & Invest prevén un 2,8 por ciento como techo-, un leve descenso de la inflación y el consecuente aceleramiento del consumo privado, una elevación de las exportaciones petroleras y un aumento del gasto público para financiar los costos del acuerdo de paz.

Drogas, negocios y violencia 

Los programas puestos en marcha para reducir progresivamente la violencia asociada al narcotráfico están en la mira del mundo. “El plan de incentivos para la sustitución voluntaria de los cultivos de coca no ha funcionado, precisamente porque en las regiones relevantes reina la inseguridad. De hecho, el número de homicidios es más alto en los poblados donde se ha aplicado esta política que en aquellos donde se sigue cosechando la coca y en aquellos donde nunca se sembró”, asegura el politólogo Günther Maihold.

“Ese escenario de conflictividad es la peor constelación para que el programa aludido tenga éxito. Hoy hay más sembradíos de coca en Colombia que en otros tiempos. Por otro lado, el crecimiento de esas superficies cultivadas se debe, hasta cierto punto, al propio proceso de paz: para muchos granjeros es atractiva la idea de sembrar coca a toda prisa para ser beneficiarios del programa que incentiva a los campesinos a renunciar a los cultivos de coca”, añade Maihold, subdirector de la Fundación Ciencia y Política (SWP), de Berlín.

Infraestructura para nuevas siembras

A juicio de Kurtenbach, la pregunta de rigor es cómo sustituir los cultivos de coca, que son relativamente rentables para muchos campesinos, y las actividades extractivas, que emplean a muy pocas personas. “Aun cuando los campesinos representan el eslabón de la cadena productiva que menos dinero recibe por su trabajo, ellos seguirán sembrando y cosechando coca mientras esa práctica siga ofreciendo más ganancias que cualquier otra. Para muchos, cultivar coca es más atractivo que sembrar café”, señala.

“Para propiciar cambios profundos en este ámbito también hay que invertir en infraestructura y eso nos obliga a tratar otras cuestiones fundamentales para el desarrollo, como el involucramiento de las comunidades en las discusiones sobre sus intereses, necesidades y prioridades”, acota Kurtenbach. Balzert, de la Lateinamerika Verein, la secunda: “Los esfuerzos del Gobierno colombiano por ampliar la infraestructura en las zonas rurales -otro aspecto clave del proceso de paz- es un área donde las empresas alemanas pueden ser de gran ayuda”.

Evan Romero-Castillo (VT)

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