El Gobierno colombiano envió este lunes (28.08.2017) una nota de protesta al de Venezuela después de que autoridades del departamento de La Guajira denunciaran una incursión de militares del país vecino durante el fin de semana. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron que la nota de protesta fue entregada a la embajada de Venezuela en Bogotá, aunque su contenido no fue revelado.
La denuncia fue hecha por el gobernador de La Guajira, Weildler Guerra, quien dijo que unos 20 miembros de la Guardia Nacional venezolana llegaron el sábado a la aldea colombiana de Paraguachón, donde habrían maltratado a algunos indígenas. Según Guerra, cuatro miembros de la etnia Wayúu sufrieron lesiones producidas por balas de goma disparadas por los militares.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrón, desmintió el domingo la denuncia del gobernador y aseguró que los militares no cruzaron la frontera en el marco de los ejercicios castrenses organizados ante la advertencia de Estados Unidos de que considera una opción militar en el caso venezolano.
Sin embargo, Guerra reiteró hoy sus acusaciones. "Fue una entrada de pocos minutos. Llegaron a la zona donde hay cadenas o peajes informales establecidos por los indígenas, los agredieron, les quitaron la plata, hirieron a cuatro con perdigones y arrojaron gases lacrimógenos", dijo el gobernador a la cadena de radio Caracol. Guerra añadió que si militares colombianos hubiesen estado en esa zona se hubiera podido presentar "un enfrentamiento de consecuencias graves".
En septiembre de 2015 se envió otra nota de protesta por el ingreso a La Guajira de dos aviones militares venezolanos. Esta es, al menos, la cuarta incursión militar venezolana que las autoridades colombianas denuncian en lo que va de año.
LGC (dpa/EFE)
La crisis entre Colombia y Venezuela no es solo un conflicto político. Detrás de esto hay víctimas, personas humildes que pagan las consecuencias de decisiones ajenas.
Imagen: Getty Images/AFP/G. CastellanosUn ataque a miembros del Ejército venezolano por parte de un presunto grupo narco-paramilitar colombiano en San Antonio del Táchira, provocó el cierre de parte de la extensa frontera que comparten ambos países. La medida, que inicialmente duraría tres días, se ha extendido sin una fecha clara de término.
La policía colombiana ayuda a los deportados que cruzan el río Táchira con algunas de sus pocas pertenencias. Más de 1.000 colombianos han sido expulsados de Venezuela tras las órdenes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A ellos se suman otros 7.000 que han optado por volver a su país, temerosos de represalias o agresiones. El río marca la frontera entre Colombia y Venezuela.
Como mudo recuerdo de la deportación masiva de ciudadanos colombianos quedan atrás los bienes en viviendas abandonadas. Regresar por ellos no será posible, pese a las intenciones del gobierno colombiano de ayudar a los suyos poniendo a su diposición 15 camiones.
Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana marcan las casas de los colombianos deportados en la frontera, según numerosos testimonios. Las casas marcadas con una "R" son casas revisadas y las casas marcadas con una "D" son casas que se demolerán.
La mayoría de los deportados son personas de escasos recursos que se ven obligadas a cargar consigo todo lo que puedan llevarse. Cualquier pérdida material es enorme para ellos. Venezuela ha declarado el estado de excepción en la zona y continúa deportando gente que no tenga algún tipo de identificación.
Miembros de la policía venezolana resguardan el puente Simón Bolivar, el paso fronterizo ubicado entre las ciudades de Cúcuta y San Antonio del Táchira. El cierre de la frontera y el estado de excepción que anunció Maduro se extenderán inicialmente por 60 días, aunque puede prorrogarse por otros dos meses.
