Las comunidades indígenas del departamento del Cauca, al suroeste de Colombia, han denunciado ante el exjuez español Baltasar Garzón los continuos ataques y hostigamientos que sufren por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército nacional, con la esperanza de que le exmagistrado logre encontrar una respuesta para pacificar la región.

Los ataques se recrudecieron el pasado 6 de julio debido al lanzamiento, por parte de las FARC, de explosivos contra estaciones policiales, a lo que el ejército respondió con bombardeos. Estos enfrentamientos han causado en lo que va de mes unos 2.500 desplazados entre la población civil, la mayoría aborígenes del pueblo nasa. Además, el incremento de la ofensiva se ha saldado con la muerte de un niño y al menos 15 personas heridas. En una de las regiones donde el conflicto armado genera más violencia, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca ha pedido que el exjuez Baltasar Garzón asista a la comunidad nativa en calidad de interlocutor.

De hecho, miembros de la organización ya se han entrevistado con el exmagistrado español con el objetivo de encauzar el diálogo con el Gobierno de la nación y la población civil, que pide la retirada inmediata de los actores armados en el departamento. Así, para el martes (17.07) estaba prevista la retirada forzosa del cargamento de armas que el Ejército colombiano mantiene en la base militar de la región caucana de Toribío.

"Les dimos hasta ayer (16.07) a las doce de la noche para que los militares desalojaran el armamento, pero han hecho caso omiso a nuestras exigencias. Hoy procedemos a desmantelarlo de forma pacífica", aseveró el presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (CRIC), James Yatacué, en declaraciones para DW.

Control militar férreo

Ante la falta de entendimiento con el Gobierno colombiano, los nativos del departamento del Cauca defienden ante Garzón que sea la Guardia Indígena –creada en 2011 en el seno del Consejo Regional Indígena- la que ejerza el control territorial de la región. De hecho, la Constitución colombiana sí reconoce la autonomía de los pueblos aborígenes para gestionar todo aquello que tenga que ver con sus tierras.

"Pedimos que el Gobierno colombiano nos facilite desarrollar un territorio autónomo con un gobierno propio, donde el control y la seguridad pase a manos de la Guardia Indígena", afirmó Yatacué. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos, que visitó del departamento tras los altercados, ha asegurado en repetidas ocasiones que no piensa desmilitarizar "ni un solo centímetro" la zona.

"El Gobierno colombiano desarrolla una política nacional en la que se fortalece el poder de las fuerzas militares en detrimento de las autoridades civiles. Y no estamos de acuerdo con eso", sostuvo la autoridad indígena.

Asimismo, Yatacué mostró su preocupación ante las declaraciones del ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, en las que daba crédito a una denuncia realizada por Ana Silvia Secué, representante de la Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas de Colombia. En ella, Acué apuntaba una conexión entre la comunidad indígena y las FARC. "Estas acusaciones son falsas y suponen el paso previo para que Santos nos envíe a los paramilitares", concluyó.

El Gobierno deslegitima a Garzón como mediador

Aunque el mandatario de Colombia ha expresado su voluntad de establecer un diálogo, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que, desde el Gobierno, no se reconoce a la figura de Garzón como mediador.

"No sabemos cuál ha sido la motivación de Santos, pero no es lógico que, ante un conflicto tan grave, se le cierren las puertas a personas que, como Garzón, puedan apoyar la búsqueda de una salida a la encrucijada del conflicto armado", lamentó el consejero Mayor del CRIC, Jesús Chávez, en entrevista para DW.

Por su parte, el exmagistrado español sostiene que no pretende erigirse como interlocutor del proceso, ya que afirma que tan sólo atiende un llamado que le hizo la comunidad del Cauca ante la ofensiva lanzada por miembros de las FARC y el Ejército. Durante la visita al departamento caucano, Garzón animó a la comunidad nativa a establecer una resolución del conflicto por la "vía pacífica" a lo que los aborígenes respondieron que estudiarían el caso para tratar de "abrir un espacio de diálogo".

Tras años de conflagraciones

Las comunidades indígenas colombianas del departamento del Cauca han denunciado en numerosas ocasiones las múltiples agresiones de las que vienen siendo objeto por parte de miembros de la guerrilla, grupos paramilitares y el Ejército.

De hecho, la petición de que el exjuez de la Audiencia Nacional española asista el diálogo entre los indígenas del Cauca y el Gobierno responde a que Garzón, asesor desde 2011 de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), ya acompañó en 2010 a los nativos en sus denuncias sobre violaciones de derechos humanos y actuó como garante de los acuerdos a los que éstos llegaron con el Gobierno.

El propio Baltasar Garzón ha resaltado su labor de más de doce años como defensor de las comunidades indígenas. "Uno no puede desconocer los grandes aportes que el exjuez de la Audiencia Nacional ha realizado en materia de protección de la comunidad aborigen ante vulneraciones por parte de la guerrilla y el Ejército"- dijo Chávez- "Por eso confiábamos en que Garzón puediera intervenir en el seguimiento de este proceso", concluyó el consejero mayor del CRIC.

Autor: Nuria García

Editor: Emilia Rojas Sasse