En Colombia han ocurrido masacres internacionalmente reconocidas por el gran número de personas que han perdido la vida en ellas, o por su extensión temporal, recuerda a DW Leonardo González Perafán, coordinador del Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Boyajá (2002), El Salado (2000), Mapiripán (1997), Trujillo (1986-1994), enumera González Perafán y recuerda que hay masacres por las cuales hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, por no proteger adecuadamente a sus ciudadanos. Sin embargo, en la última semana, el presidente Iván Duque ha insistido en que en el país no están ocurriendo masacres sino “homicidios colectivos”.

¿Quiénes hablan de masacres?

El concepto de masacre “no está tipificado en el derecho penal de muchos países, ni tampoco en el derecho penal internacional”, explica a DW la politóloga colombiana Viviana García Pinzón, investigadora del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo y del programa de estudios de paz y conflicto de la Universidad de Marburgo.

“No es un concepto del derecho penal, que usa el concepto de homicidio", coincide Günther Maihold, subdirector del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y Seguridad (SWP). “Masacre es más bien una calificación política que se le da a cierto tipo de homicidios”, indica.

Las masacres se tematizan en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, “para hacer diferenciaciones entre las múltiples manifestaciones de violencia”, explica García Pinzón, exinvestigadora del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz y del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, de la Universidad Nacional de Colombia.

En espacios académicos, los estudios sobre violencia hablan de masacre ante “el uso la violencia de modo indiscriminado contra un colectivo de personas”. El término se emplea especialmente en los llamados estudios sobre genocidio, “una forma específica de violencia, que tiene un alcance más masivo y se dirige contra un grupo específico, por sus características étnicas, religiosas o políticas”, precisa.

¿Cuántas personas tienen que morir para que se hable de masacres?

“Hay masacres de seis personas, como acaba de ocurrir en Colombia, y de 8.000, como en el caso de Srebrenica”, en Bosnia Herzegovina, aclara Maihold, el politólogo alemán. El punto clave es, en todo caso, que se trata de “homicidios contra población civil, o contra personas que no están armadas. Y estos son motivados por el odio o el interés de generar miedo entre la población de un grupo o territorio, más allá de las personas victimizadas”, dice.

De ahí que la política, la sociedad civil y los medios cataloguen como masacres, por ejemplo, los ataques terroristas de extremistas de derecha en Hanau, Alemania (2020); El Paso, México (2019); Oslo, Noruega (2011); o los de fundamentalistas islamistas en Berlín (2016) y París (2015), entre otros.

En Colombia, el Observatorio Indepaz define una masacre como “el homicidio colectivo intencional de 3 o más personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar”.

Uno de los problemas a que se enfrenta el país para definir y contar sus masacres es que ni están tipificadas en el código penal, ni las autoridades nacionales e internacionales usan definiciones comunes, dice a DW Leonardo González Perafán. Indepaz usa básicamente la definición de Naciones Unidas, que habla, además, del “mismo presunto perpetrador”.

Pero el Centro Nacional de Memoria Histórica solo cuenta masacres a partir de la muerte de 4 o más personas, y las distingue también “por la exposición pública de la violencia como espectáculo de horror”, perpetrada en presencia de otros o visibilizada ante otros. El Ministerio de Defensa, por su parte, no solo parte de la muerte de al menos cuatro personas sino que contabiliza estos hechos como “homicidios colectivos”, el término que usa Duque.

Así, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Colombia registró 36 masacres en 2019, en las que murieron 133 personas, la cifra más alta registrada por esa autoridad desde 2014. El Ministerio de Defensa, por su parte, solo cuenta 22 casos y 114 víctimas.

Pero, de acuerdo con el más reciente informe de Indepaz, publicado la víspera, en Colombia ya ocurrieron 45 masacres hasta este 23 de agosto de 2020. Más de 180 personas han muerto en total (aunque el Ministerio de Defensa apenas había contado 7 casos y 30 víctimas hasta junio). Entre ellos, se cuentan líderes y lideresas sociales, de los que Indepaz lleva la cuenta por separado y que no pocas veces son asesinados en solitario o en un número menor que no clasifica como “masacre”.

Hay también muchos jóvenes, que no son líderes pero se oponen a ser reclutados por grupos armados. Hay personas en situación de calle. Y hay jóvenes “colectivamente ajusticiados” por no cumplir la cuarentena decretada por el Gobierno en medio de la pandemia de coronavirus, y de cuya supervisión han pretendido encargarse determinados grupos armados para ejercer control social en los territorios en que operan, resume el coordinador de Indepaz.

¿Para qué sirve hablar de homicidio colectivo en lugar de masacre?

“El uso de conceptos al final tiene una carga política, y más en la situación colombiana”, advierte García Pinzón. La palabra masacre “transmite más la idea de que estamos hablando de un país donde persisten manifestaciones de un conflicto armado. Mientras que ‘homicidio colectivo’ refuerza la posición del uribismo, desde que Álvaro Uribe subió al poder en 2002: negar la existencia de un conflicto armado, y hablar simplemente de un problema de terrorismo o narcotráfico”, insiste.

En determinado momento histórico, la palabra masacre hacía referencia a la participación de actores estatales o paraestatales como victimarios, recuerda Maihold. Así que, al tratar de evitar a toda costa su uso, sustituyéndolo por el término jurídico “homicidio”, probablemente Duque y el Ministerio de Defensa estén intentando evitar de entrada esta interpretación, opina. En este caso, su objetivo sería “evitar un daño internacional a la imagen el país, a la idea de que el proceso de paz avanza, como asegura el presidente.”

Y las cifras podrían darle la razón. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1980 y 2012, ocurrieron en Colombia 1982 masacres. De cada diez, 6 fueron perpetradas por paramilitares, 2 por guerrillas y 1 por miembros de la fuerza pública, recuerda García Pinzón.

Pero, sean quienes sean los perpetradores, y llámese como se le llame a los hechos, el problema existe. “Y lo que menos se puede hacer es ocultarlo, negarlo o pretender tener un espejo retrovisor. Lo mejor, en este momento, es aceptarlo y trabajar para que no suceda”, exige el coordinador de Indepaz. E insiste en pedir una presencia integral del Estado en las zonas afectadas, pues “la estrategia militar no ha dado respuesta durante muchos años, ni con el Plan Patriota, ni con el Plan Colombia, y mucho menos en este momento, donde hay tantos grupos armados y donde la riqueza del narcotráfico es tan grande”.

(ers)