La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigor el pasado 10 de junio, promete, al menos en el papel, justicia para cuatro millones de víctimas del conflicto armado. La nueva normativa, que se aplicará durante un período de diez años, considera “víctimas” a aquellas personas que hayan sufrido violaciones de sus derechos fundamentales desde del 1 de enero de 1985.

También los miembros de las Fuerzas Armadas pueden reclamar su situación de víctimas y contar con indemnización económica; no así sin embargo los miembros de grupos extralegales, es decir de la guerrilla y grupos paramilitares, con excepción de niños y adolescentes, bajo la condición de que hayan abandonado estos grupos armados antes de cumplir la mayoría de edad.

Además, en dicha ley, el Estado reconoce por primera vez la responsabilidad de miembros de las Fuerzas de Seguridad en las violaciones de derechos humanos. La nueva norma prevé también devolver hasta 2014, cuando concluya el Gobierno del actual Presidente Juan Manuel Santos, unos dos millones de hectáreas usurpadas a sus verdaderos dueños – una superficie muy inferior al total de seis millones de hectáreas que han sido despobladas violentamente.

Medidas insuficientes

“El gobierno se ha encargado de presentar esta ley como un compromiso hacia las víctimas”, dice la abogada de derechos humanos colombiana Judith Maldonado, Presidenta del colectivo de abogados Luis Carlos Pérez, que trabaja desde hace diez años en la región nororiental de Colombia. La abogada acaba de recibir en Alemania el premio de paz Shalom 2011, dotado con 10.000 euros, uno de los galardones más importantes para los derechos humanos en Alemania.

En conversación con Deutsche Welle, Judith Maldonado hace un análisis crítico de la Ley de Víctimas. Uno de los aspectos que más preocupan a los defensores de derechos humanos en Colombia, dice Maldonado, es que dicha ley “condiciona la posibilidad de retorno y reubicación o restitución de tierras a los planes de política de seguridad nacional. Es decir, si el Estado colombiano define que hay zonas estratégicas para la seguridad nacional, esto puede significar para las comunidades la imposibilidad de asentarse en estos territorios, de retornar o reubicarse.”

Otro punto fuertemente cuestionado es que como condición para recibir una indemnización económica, las víctimas se deben comprometer a no recurrir a la justicia para denunciar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos. También aquellas personas que retornan a sus tierras pierden todo los beneficios judiciales, explica la abogada colombiana y añade: “El Estado colombiano ha presentado esto como la Ley de Víctimas, pero esta ley no se va a aplicar para víctimas que hagan parte de comunidades indígenas o de comunidades afrodescendientes. Es decir, queda un gran universo de víctimas hasta ahora sin protección legal.” Efectivamente, para las minorías étnicas (afrocolombianos, indigenas, romas y raizales, los habitantes de las Islas San Andrés y Providencia) se van a elaborar normas específicas, anunció el Gobierno. La nueva ley tampoco ampara a personas que ha sido víctimas de actos criminales "normales". Esto se apica también a víctimas de las bandas criminales en las que se han organizado muchos ex paramilitares después de su desmovilización.

Apoyo internacional

Respecto de la labor de los abogados que integran el Colectivo Luis Carlos Pérez, Judith Maldonado explica que se trata de “un trabajo de educación popular para que las comunidades indígenas, campesinas y víctimas de graves violaciones de derechos humanos conozcan sus derechos, sepan dónde acudir para defender sus derechos y cómo luchar contra la impunidad para que esos crímenes sean investigados, los responsables sancionados y hayan medidas de reparación integral por los daños ocasionados.”

En este contexto, el premio Shalom 2011 es para la joven defensora de derechos humanos “un gran reconocimiento a nuestra labor. Y también manda un mensaje de disuasión a la sociedad colombiana, donde los defensores de derechos humanos son estigmatizados y denunciados. Este premio va a blindar y proteger el trabajo que hacemos en la región.” La propia Judith Maldonado ha sido blanco de amenazas de muerte, asaltos en la vía pública y manipulaciones de su correo electrónico. Como medida de protección, sobre todo en sus visitas a las comunidades campesinas e indígenas, voluntarios de las Brigadas de Paz Internacionales acompañan a la joven abogada las 24 horas del día.

La maldición de las riquezas naturales

En vista de los enormes yacimientos de carbón, oro y petróleo en la región del Catatumbo en el noreste de Colombia, los defensores de derechos humanos han tenido que enfrentar nuevos desafíos, explica Judith Maldonado: “Desde hace cinco años estamos acompañando también a las comunidades en su propósito de resistir y permanecer en el territorio frente a la amenaza de explotación de sus recursos naturales. Porque los intereses de desarrollar proyectos para estas comunidades puede significar el desplazamiento de estas zonas, puede significar amenazas, muertes.” Informes recientes publicados por el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez hablan de más de diez mil ejecuciones extrajudiciales, más de 600 casos de torturas y desapariciones forzadas y más de cien mil personas desplazadas en esta región en los últimos diez años. Como responsables de estos crímenes, el Colectivo nombra al “Estado colombiano y las empresas nacionales, multinacionales y trasnacionales”.

Colombia es actualmente el quinto mayor exportador de carbón del mundo y el segundo proveedor de este recurso energético para Alemania. En 2010 llegaron al mercado germano ocho millones de toneladas de carbón de Colombia, y la demanda continuará aumentando, impulsada por el cierre de centraes nucleares previsto para dentro de 12 años.

Judith Maldonado aprovechó sus conversaciones con diputados alemanes, con representantes del Ministerio de Cooperación Económica y con defensores de derechos humanos en Alemania para llamar la atención sobre la relación directa entre la industria del carbón y las violaciones de derechos humanos en Colombia. Y con miras a la reciente visita del Ministro alemán de Relaciones Exteriores, Guido Westerwelle, a Bogotá, reiteró la exigencia de que “la comunidad internacional debe ser más exigente y rigurosa en términos de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.”

Desde la llegada al poder de Juan Manuel Santos, en agosto del 2010, “el Gobierno ha generado una muy buena imagen hacia afuera, pero lamentablemente en el país, la realidad es otra,” dice Judith Maldonado. En los últimos diez meses se han documentado más de doscientos casos de agresiones contra organizaciones defensoras de derechos humanos, 34 defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados en Colombia. “Esperamos que la comunidad internacional mantenga una vigilancia permanente y que exija un mayor compromiso y seriedad de parte del Gobierno colombiano hacia los derechos humanos”, concluye Judith Maldonado.

Autora: Mirjam Gehrke
Editor: Pablo Kummetz