Esta semana, al hacer alusión al tercer aniversario del diálogo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno de Juan Manuel Santos, la ONU se pronunció sobre la “notable mejoría” de la situación humanitaria en el país sudamericano. Enfatizando que la mayoría de las acciones bélicas en su territorio corrían por cuenta de ese grupo guerrillero, el organismo internacional celebró el “evidente impacto positivo” de la tregua sostenida por las FARC y por el Estado colombiano.

Aunque advirtieron que otros grupos armados no estatales seguían generando problemas muy serios al orquestar masacres y desplazar a numerosas familias de sus hogares, los expertos de la ONU subrayaron que la recurrencia de esos desmanes había disminuido considerablemente desde noviembre de 2012. Este cambio contribuye a explicar la disposición del Ejecutivo de Santos a hacer ciertas concesiones de índole humanitaria cuando sus interlocutores en las FARC las han pedido, a sabiendas de que se trata de solicitudes controvertidas.

Como muestra, un botón: el pasado 9 de noviembre, 1.500 de los 2.000 miembros de las FARC encarcelados en trece centros penitenciarios colombianos iniciaron una huelga de hambre indefinida para protestar por las malas condiciones de reclusión y exigir la amnistía de los guerrilleros que presentaran estados de salud sumamente precarios. Una fundación dedicada a defender sus derechos denunció la frecuencia con que estos presos eran sometidos a hacinamiento, desatención médica y alimentaria, tratos crueles e inhumanos.

Indultos controvertidos

El 22 de noviembre, el Gobierno indultó a treinta miembros de las FARC con cuadros clínicos graves que cumplían penas de prisión por delitos de rebelión –porte ilegal de armas, de equipos de comunicación o de uniformes militares– y no por crímenes de guerra ni de lesa humanidad. El Alto Comisionado para la Paz anunció que se diseñaría un programa para que ese contingente contara con formación educativa y profesional, y apoyo psicosocial con miras a propiciar su reinserción familiar, comunitaria y social.

Sin embargo, no se amnistió a ochenta guerrilleros cuya libertad había sido pedida explícitamente por los negociadores de las FARC en Cuba; las condiciones de salud de éstos y otros 26 reclusos vinculados con el grupo insurgente serían examinadas por una brigada especial, dijeron fuentes oficiales. El partido opositor de derecha Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, criticó la política de indultos de Santos, describiéndola como evidencia de la “debilidad” de su Ejecutivo en la mesa de negociaciones de La Habana.

Amnistía para la paz

Por su parte, el Gobierno defendió su decisión alegando que la amnistía no es una práctica heterodoxa en países que protagonizan diálogos de paz. De hecho, señaló Rafael Prado, ministro del Postconflicto de Colombia, “el indulto es una figura que se ha venido implementando en nuestro país desde la vigencia de la ley 418, del año 1997, que los Gobiernos de Pastrana y Uribe aplicaron. Esta vez se está utilizando de manera restringida para generar un ambiente de confianza en esta recta final del proceso [de paz]”.

Según cifras suministradas por el Ejecutivo colombiano, la administración Santos ha concedido el indulto desde 2010 a 54 miembros de grupos armados ilegales, mientras que la de Andrés Pastrana (1998-2002) lo aplicó en 30 casos y la de Uribe (2002-2010), en 358.El ministro de Justicia, Yesid Reyes, justificó la medida argumentando que, así como las FARC habían iniciado una tregua unilateralmente, el Gobierno tomó una iniciativa para crear un clima de confianza que permita sellar un acuerdo de paz lo antes posible.