"Junto a masacres, torturas, desapariciones y desplazamientos forzados, en el conflicto armado de Colombia se volvió normal el uso de la violencia sexual contra niñas, mujeres y personas de orientación sexual diversa. Se trataba de demostrar poderío frente a actores enemigos y de controlar a la población civil”, dice a DW Ana María Rodríguez Valencia, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

El momento es crucial: en esta semana en que se cumplen 23 años de los hechos de Barrancabermeja -donde fueron asesinadas y desaparecidas más de una veintena de personas-, culminó la audiencia pública de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en cuanto a las desapariciones forzadas.

Aunque los familiares de las víctimas siguen pidiendo que se abra una investigación especial, "debido al tiempo limitado para investigar y pronunciar sentencias, la JEP anunció que no iba a abrir un macrocaso especial, sino que se iba a investigar las desapariciones transversalmente, tanto en las investigaciones de conductas de fuerza pública (caso 08) como en las de las antiguas FARC (caso 10)”, explica Rodríguez Valencia.

El tiempo de esta institución de justicia transicional -que sigue siendo apoyada desde Europa- no es mucho: tiene máximo 20 años desde su fundación en 2015. Por la presión nacional e internacional, hace un año se abrió el llamado macrocaso 11, el de violencia de género.

Arma de guerra, no daño colateral

"No es que no haya habido en otros procesos de justicia transicional, como en el de antigua Yugoslavia, investigaciones y sentencias por violencia de género como arma de guerra, como daño colateral de otras conductas. Lo especial del caso colombiano es, precisamente, que se ha abierto un expediente especial. Esta decisión sin precedente conlleva metodologías especializadas”, sigue la jurista colombiana. Con todo, no es mucho lo que ha sucedido desde el anuncio de la apertura.

"Las organizaciones de la sociedad civil se han estado preparando, entregando información sobre casos, hechos y contextos; las víctimas están listas para acreditarse y que sus casos empiecen a ser tramitados. Estamos a la espera”, sigue Rodríguez Valencia, esperando de Europa tanto presión como mayor asistencia técnica.

"Este caso tiene un valor simbólico muy grande: los actos de violencia sexual son las conductas con mayor índice de impunidad, son temas de los que se habla muy poco. El machismo arraigado en la sociedad colombiana ha llevado a que haya víctimas que nunca han contado lo sucedido hace 30 años, ni a sus comunidades, ni a sus familias”, agrega.

Romper el silencio

"Estamos recogiendo testimonios por departamentos”, cuenta a DW la sindicalista Dibett Quintana, de paso por Bruselas. Ella misma fue víctima de violencia. "Son tantos los casos no denunciados por vergüenza... Tenemos niñas de diez años violentadas por toda una patrulla del Ejército. La violencia ha sido tal que las víctimas y las comunidades no han sabido cómo entenderla”, agrega Quintana, cuya historia se cuenta en el libro "Emancipación es nombre de mujer”.  

"Duré mucho tiempo en silencio. Pero hay compañeras que llevan cincuenta años calladas”, subraya Quintana -una de las primeras mujeres sindicalistas del sector petrolero en Barrancabermeja- que tiene mucha esperanza en el avance del macrocaso 11 en la JEP. La falta de avances la entiende Quintana como miedo de actores implicados a la rabia que pueda destapar la verdad.

En este contexto, "es muy importante que Europa siga brindando apoyo político a la JEP, pues está sufriendo ataques que buscan deslegitimar su labor”, afirma Rodríguez Valencia. "Son cientos de miles de víctimas de décadas de conflicto armado. No es una tarea fácil para dos magistrados y su equipo, pero hay que pedirle resultados concretos y explicaciones de por qué no ha avanzado como estamos esperando”, concluye.

(ers)