Con sus dos primeros juicios, la justicia transicional en Colombia ha asumido la responsabilidad que le fue asignada en los Acuerdos de Paz de 2016. Como era de esperar, esto ha vuelto a abrir las heridas del pasado y ha reavivado el debate sobre la disposición de la sociedad colombiana a perdonar, especialmente en un contexto de conflictos armados continuos con diferentes actores criminales, como las guerrillas del ELN, los rearmados de las FARC y otros grupos criminales que han multiplicado su presencia en el país.

Los dos juicios corresponden a patrones de macrocriminalidad, de los cuales la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha tipificado 11 macrocasos. La JEP fue creada por el Acto Legislativo 01 de 2017 y constituye un componente central del sistema de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Tras ocho años, la JEP ha publicado sus dos primeras sentencias, aplicando en cada caso la regla establecida en los Acuerdos de La Habana, que prevé sanciones distintas a la prisión para quienes aporten verdad plena y reconozcan responsabilidades. Para los críticos de las sentencias, no es aceptable que los exFARC puedan seguir en la vida pública, aunque con restricciones de libertad de movimiento. Según ellos, estas sentencias no dignifican a las víctimas y, por lo tanto, no pueden contribuir a la reconciliación nacional.

La sentencia contra la cúpula de las FARC

La decisión, dictada contra siete exintegrantes del último Secretariado de las FARC, reconoce lo evidente: la guerrilla llevó a cabo una política sistemática de secuestros que afectó a 21 396 personas, de las cuales 4325 aportaron pruebas directas a la JEP.

En el juicio se pusieron de manifiesto los múltiples objetivos del secuestro para la guerrilla: financiar su organización armada, presionar al Estado colombiano para realizar un intercambio de prisioneros y ejercer un control social y territorial.

Se ratificaron crímenes de lesa humanidad y de guerra: homicidios, tortura, desapariciones forzadas, esclavitud y violencia sexual. Se consignaron testimonios de soldados y policías violados, de mujeres maltratadas y de víctimas que aún hoy sufren las consecuencias físicas y psicológicas de su tiempo de secuestro en manos de las FARC. Se estableció la responsabilidad por mando de los crímenes de guerra de tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

Las dificultades para asumir la "justicia restaurativa"

No debe sorprender a los observadores internacionales que, en una sociedad tan polarizada como la colombiana, muchos actores políticos y ciudadanos afectados no estén dispuestos a aceptar juicios basados en la justicia restaurativa.

Más bien, en algunos sectores de la sociedad se sigue esperando un juicio de carácter punitivo, resumido en la petición de "cárcel para los responsables de los secuestros". A estos ciudadanos, lo que los jueces de la JEP determinaron les parece una burla ante los sufrimientos de las víctimas y sus familiares.

No consideran aceptable la pena máxima ante el reconocimiento de su responsabilidad ofrecido por los integrantes de la cúpula de las FARC de ocho años con restricciones de libertad en cuanto a movilidad, residencia y trabajo, con la obligación de realizar trabajos restaurativos en materia de mejora de vías terciarias, recuperación de escuelas y puestos de salud, desminado humanitario y programas de búsqueda de desaparecidos, siempre en beneficio de las respectivas comunidades. Se pide una restricción de la libertad en las zonas veredales, mientras que la sentencia no define un perímetro claro de dicha restricción, sino un control mediante un dispositivo electrónico que deberán portar los condenados.

Ingrid Betancourt, excandidata presidencial y una de las secuestradas más emblemáticas de la antigua guerrilla, ha declarado que llevará el caso ante la justicia internacional y ha tachado el juicio de "impunidad disfrazada de restauración". Además, espera compensaciones económicas para las víctimas, algo que debería corresponder al Estado con los recursos obtenidos de los bienes de las FARC sometidos a procesos de extinción de dominio. Sin embargo, queda claro que en la sociedad colombiana sigue abierta la confrontación entre el perdón y la justicia, especialmente en lo que respecta a la reparación de los daños causados a las víctimas.

La sentencia por los "falsos positivos"

La JEP condenó la semana pasada a doce militares de mandos medios del batallón de La Popa por los llamados "falsos positivos", es decir, por el asesinato de civiles (campesinos, indígenas, afrodescendientes y personas en situación de vulnerabilidad) a los que hicieron pasar por guerrilleros o paramilitares muertos en combate.

Es llamativo que, en el debate colombiano, muchos líderes de opinión reclamen que estos oficiales fueron forzados a aceptar responsabilidades que probablemente no les corresponden, a pesar de que el tribunal ha manifestado que, al menos, 6402 personas fueron víctimas directas de esta práctica criminal.

En este segundo juicio, la JEP sancionó a estos exmilitares con hasta ocho años de prisión por el caso de los falsos positivos en la costa caribeña, y determinó que deberán trabajar en la construcción de un mausoleo, en proyectos de infraestructura de consejos comunitarios afrodescendientes y en planes de armonización con pueblos indígenas. Sin embargo, los mandos superiores que no reconocieron su responsabilidad pasarán a la Sección de Ausencia de Reconocimiento, donde serán juzgados por la vía tradicional y, en caso de ser declarados culpables, podrían ser condenados a penas de prisión de hasta 20 años.

Este modelo de justicia colombiana es nuevo en el país y exige mucho a las víctimas, ya que no puede resarcir el dolor causado. Sin embargo, sí puede lograr que se sepa toda la verdad y que las víctimas se hayan sentado cara a cara con sus victimarios durante meses para confrontarlos con su dolor, provenga de donde provenga.

(ms)