DW: Tras una guerra o conflicto las sociedades necesitan una etapa de transición para reordenarse, poner sobre la mesa hechos y razones, conocer la verdad y, si es posible, castigar la mayoría de crímenes cometidos. ¿En qué va este proceso en Colombia?

Mauricio Martínez: La Justicia Transicional ya hace parte del ordenamiento jurídico de Colombia y se espera que, además de las FARC, también el ELN se acoja a esta. Con este instrumento, basado en experiencias internacionales, se busca hacer justicia y restablecer los derechos fundamentales violados en Colombia.

La JT ha sido criticada por Human Rights Watch (HRW) y la Corte Penal Internacional (CPI) que pedían castigo para militares y policías que asesinaron a civiles, como en el caso de los llamados "falsos positivos" y rechazaban toda aministía para delitos de lesa humanidad ¿Logró Colombia convencerlos?

Tras algunas observaciones, la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, ha aprobado el sistema de penas, que incluso fue aceptado por las renuentes FARC, acogiéndose así al ordenamiento jurídico nacional e internacional, en particular al Tratado de Roma. Aunque la CPI no controla la constitucionalidad de los países, la fiscal Bensouda destacó, por ejemplo, que Colombia no ofrece amnistía por delitos atroces.

Por otra parte, las observaciones de HRW se refieren a la llamada "responsabilidad de mando". La reforma de la Constitución parte de un tratamiento diferenciado entre exjefes de las guerrillas y agentes del Estado, estos últimos, cobijados por el principio de presunción de legalidad, pero si en la investigación se comprueba que cometieron delitos políticos, tendrán que responder.

Mi opinión personal es que, por principio, todos los delitos relacionados con el conflicto deben ser estudiados por la JT. Pero quien tiene la potestad para decidirlo es el Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición.

El soldado de un Ejército es el último eslabón en la cadena de mando. ¿No deben comparecer ahora los comandantes o generales que ordenaron o permitieron las 3.000 ejecuciones extrajudiciales de civiles bajo el Gobierno de Álvaro Uribe?

La JT establece que existe "responsabilidad de mando". Eso implica control del superior militar o policial sobre los actos de sus subordinados, cuando se demuestre, por ejemplo, que los delitos fueron cometidos dentro del área de responsabilidad asignada a la unidad bajo su mando. Pero los superiores tienen la capacidad legal de emitir ordenes, modificarlas o hacerlas cumplir. Así como de ejecutar operaciones dentro de su area. Estas condiciones limitarán la responsabilidad de mando, una ventaja para los militares que a HRW le parece demasiada. Lo cierto es que la JT tratará los casos y tomará decisiones.

De la responsabilidad de los soldados, pasemos a la de los altos mandos. Diego Palacio, Sabas Pretelt de la Vega y Alberto Velázquez, tres exministros del Gobierno de Álvaro Uribe, condenados por cohecho, más exáctamente por comprar votos para cambiar la Constitución en favor de la reelección de Uribe, piden ser acogidos por la Justicia Especial para obtener rebajas de penas, afirmando que actuaron "en favor de la continuidad de la lucha contra la guerrilla". ¿Ahora sí les sirve el Acuerdo de Paz, cuyo sistema de JT prevé rebajas de penas para quienes confiesen la verdad ?

Para que los (ex)agentes del Estado puedan acogerse a la JT tienen que reconocer su responsabilidad y reparar a las víctimas. Estos personajes de la administración de Uribe que ya fueron condenados, tienen derecho a que sus casos sean revisados. Pero quien debe decidir primero es la misma corte que los condenó, o sea la Corte Suprema de Justicia. Entiendo que hay un gran rechazo a que delitos de este tipo sean aceptados como relacionados al conflicto.

En Colombia crece, en efecto, el rechazo a que altos cargos, como los exministros mencionados, quieran ahora obtener beneficios después de haber sido condenados por cohecho, un delito no relacionado con el conflicto, cuando además, siempre negaron que dicho conflicto existiera...

La interpretación de la Justicia de dichos exministros es demasiado amplia. Pero será la Corte Suprema de Justicia la que decida si sus actos estuvieron relacionados con el conflicto. Efectivamente, este es uno de los temas más candentes en Colombia.

Otro de los temas candentes por venir es el papel que jugaron las empresas, nacionales y multinacionales, como financiadoras o promotoras de guerrillas y paramilitares en Colombia. ¿Qué nos espera ?

Los Acuerdos y el Acto Legislativo que reformó la Constitución también contemplan la colaboración de terceros en actos delictivos relacionados con el conflicto y, en particular, los financiadores, siempre y cuando reconozcan su responsabilidad, digan la verdad y contribuyan a la indemnización de las víctimas. Si su colaboración o financiación tuvo lugar bajo coacción de los grupos armados, quedarán exculpados.

¿Qué tan ejemplar es este sistema de Justicia Transicional a aplicarse en Colombia, como muchos observadores internacionales dicen?

Su ejemplaridad tiene que ver con que la JT no solo es un sistema restaurativo, sino retributivo. La JT no solo prevé la reparación de las víctimas sino también un conjunto de penas para quienes van a ser juzgados. Las condenas por aplicarse pueden ser de entre 5 a 8, pero también de 20 años. La JT es un sistema mucho más riguroso que el aplicado en Suráfrica, tras el Apartheid o el aplicado en Colombia con los paramilitares.

Los guerrilleros condenados tendrán que contribuir a la reconstrucción de las regiones que ellos mismos destruyeron, en lugar de mandarlos a prisión. El principio es la reparación, no la venganza.

Usted comparó en la Universidad Humboldt de Berlín la JT de Colombia con los sistemas jurídicos en dos periodos históricos en Alemania: el aplicado por los Aliados, tras la II Guerra Mundial, y el otro, tras la desaparición de la dictadura comunista de la RDA. ¿Conclusiones ?

Erróneamente se cree que la justicia impartida en esas dos etapas transicionales fue absolutamente rigurosa, pero en mis investigaciones científicas he logrado demostrar que la característica principal fue la impunidad.

Solo el 2% de los responsables de la dictadura nazi fue castigado...

Exactamente. Es más, un estudio del profesor Gerhard Werle demuestra que la gran mayoría de los responsables del gobierno de la ex RDA, a quienes se les comprobó hechos delictivos, no fue a la cárcel. Esto empero, no impidió la reconciliación entre los alemanes. El objetivo de un sistema de JT no es solo el castigo, sino lograr la reconstrucción y reconciliación de un país. Una ventaja para Colombia.

*Mauricio Martínez Sánchez: Exfiscal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, doctorado en Derecho de la Universidad de Roma, Postgrado en Justicia Transicional en la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania. Profesor de jurisprudencia de la Universidad Nacional de Colombia.

José Ospina-Valencia