A las tormentas tropicales se suman las políticas. Las aguas del Caribe son turbulentas. Y viejas pugnas, con raíces históricas, siguen levantando olas. Como la que lleva nuevamente a Nicaragua y Colombia a La Haya, para dirimir sus divergencias relativas a una zona del mar Caribe en la que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ya fijó la delimitación, en un fallo de 2012. En esa ocasión se ratificó la posesión colombiana del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero los nuevos límites marítimos establecidos significaron para Colombia la pérdida de más de 70.000 kilómetros cuadrados de mar.

El asunto no terminó ahí. Colombia no desconoció oficialmente el veredicto, pero el entonces presidente, Juan Manuel Santos, afirmó que no se podría aplicar hasta que se suscribiera un tratado con Nicaragua, remitiéndose a disposiciones de la Constitución.

Luego, Colombia tomó la decisión de crear una "zona contigua integral", que concibe las aguas del archipiélago como un todo, lo que Nicaragua rechazó, argumentando que esa zona se superpone a áreas que le fueron adjudicadas en 2012.

Demandas y contrademandas

 "Existe una sentencia, que es inapelable", afirma Julio Icaza Gallard, abogado y exembajador de Nicaragua en la Organización de las Naciones Unidas. Y subraya que "Colombia, hasta hoy, se ha negado a reconocer este fallo, lo que ha generado una serie de incidentes, que llevaron a Nicaragua a demandar a Colombia por violaciones de sus derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, en contravención de la sentencia del 19 de noviembre de 2012. Pero, además, Nicaragua ha interpuesto otra demanda para terminar de delimitar la Plataforma Continental extendida, más allá de las 200 millas." 

Ambas causas siguen pendientes, pero las audiencias que se celebrarán entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre, en La Haya, solo abordarán la primera. Walter Arévalo Ramírez, profesor principal de derecho internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en Colombia, reconoce que la renuencia colombiana a implementar el fallo no ha facilitado las cosas.

Pero señala que "lo interesante es que también Colombia presentó demandas, en el contexto del mismo caso." Según explica, Bogotá busca que la Corte declare que también decretos nicaraguenses violan lo que se estableció en 2012, y "que la conducta de Nicaragua en sus propios espacios marítimos, pero sobre todo cerca de los espacios marítimos colombianos, viola los derechos de pesca artesanal y los derechos de pesca de subsistencia del pueblo raizal."

La comuidad raizal, que habita en el Archipélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aspira a que sus derechos sean tomados en cuenta por ambos Estados en pugna. Harold Bush Howard, uno de sus representantes en la isla de Providencia, que estuvo en sesiones de la Corte de La Haya, apuntó, en Radio Nacional de Colombia, a la incorporación de elementos étnicos en la argumentación de Bogotá: 

"El país dice que Nicaragua violó los elementos étnicos y por eso no puede acatar el fallo. Entre estos derechos, están la pesca en las zonas tradicionales que ha tenido la comunidad y que fueron entregadas a Nicaragua", ilustró Bush Howard.

Pautas de convivencia en un mar complejo

A juicio de Arévalo, Secretario General de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, los dos países "quedaron en una situación compleja, porque es una delimitación difícil, a través del procedimiento de la línea media equidistante, con espacios marítimos que quedaron enclavados uno dentro de otro Estado."

Esa compleja frontera no está en discusión en las audiencias de septiembre. En consecuencia, el profesor de derecho internacional considera que la mayor expectativa es que se dilucide cuáles prácticas, de uno u otro lado, contravienen el fallo de 2012. Y que, de eso, se derive una pauta sobre cómo deberán comportarse ambos Estados en el futuro, para llevar a cabo "sus actividades habituales de licencias pesqueras, de pesca artesanal, de exploración y explotación, y sus actividades habituales de seguridad."

El conflicto entre Nicaragua y Colombia no es el único que se ha producido en esta zona, rica en recursos naturales. ¿Qué efectos tiene el litigio en el área? "Lo que afecta a la región es la no solución o permanencia de estos diferendos. Nicaragua ha ido resolviendo estos conflictos con Honduras, Costa Rica y Colombia", dice Julio Icaza Gallard.

"Colombia debe aceptar que las sentencias del más alto tribunal del mundo son inapelables y solamente pueden revisarse cuando se descubren hechos relevantes, que no fueron examinados en el juicio principal, y estos se presentan en el plazo indicado en el Estatuto, a partir del momento en que fueron descubiertos. Este no es el caso", sostiene, en su entrevista con DW, este exembajador nicaragüense ante la ONU.

Para el abogado colombiano Arévalo, lo que queda en evidencia es que "la cooperación entre los Estados, en el ámbito de la seguridad marítima, la protección del medio ambiente, los derechos económicos en el mar y la exploración y la explotación de los distintos espacios y recursos marítimos es una solución mucho más práctica que estar litigando." Pero, con las demandas pendientes, todo indica que queda litigio para rato. (rml)