Las víctimas de Colonia Dignidad recibieron con profunda decepción la decisión de la fiscalía general de Renania del Norte-Westfalia, con sede en Düsseldorf, de desestimar una queja por el cierre de la investigación contra el exmédico del asentamiento y brazo derecho de Paul Schäfer, líder de la secta alemana en Chile.

El Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR, por sus siglas en inglés) y la abogada Petra Schlagenhauf, quien representa a un grupo de víctimas, habían solicitado la reapertura del sumario después de que en mayo de 2019 la fiscalía de Krefeld (lugar de residencia de Hartmut Hopp en Alemania) cerrara su investigación al argumentar que no existía sospecha fundada de delito.

Hopp era indagado por complicidad en el abuso de menores, participación en la muerte y desaparición de tres opositores de la dictadura detenidos en el enclave alemán y administración forzada de psicofármacos con consecuencia de daños corporales.

En su comunicado, el fiscal regional Holger Heming indica que, tras una revisión exhaustiva y teniendo en cuenta nuevos antecedentes aportados, “no hay razón suficiente para una sospecha fundada” que condujera a acusar a Hopp. Con su determinación, respalda la labor realizada anteriormente por la fiscalía de Krefeld.

Críticas a la justicia alemana

Víctimas, abogados y organizaciones de derechos humanos califican este fallo como una nueva confirmación de impunidad en el caso de Colonia Dignidad, pues todas las investigaciones iniciadas en Alemania han sido cerradas sin que se dictara acusación alguna. Asimismo, lamentan que este país se haya convertido en refugio para exjerarcas de la secta.

“Hopp fue condenado en Chile en debido proceso. Sin embargo, la justicia alemana no reconoció esta condena y tampoco acepta los testimonios de las víctimas chilenas y alemanas que han reconocido en Hopp a su victimario. Lo mismo ocurre con otros excolonos implicados en crímenes de lesa humanidad, que han huido a Alemania escapando de la justicia chilena”, lamenta Romero.

Consultado por DW, el abogado Hernán Fernández, representante de un grupo de víctimas del enclave, asegura que “la justicia alemana no repara los errores que ha cometido durante décadas en el caso Dignidad y vuelve a incurrir en pasividad, falta de diligencia y verdadera indolencia”.

En su opinión, “gran parte de la tragedia de las víctimas fue causada por las graves deficiencias de la justicia alemana que no hizo nada efectivo para protegerlas luego de la fuga de Schäfer (desde Alemania, acusado de pedofilia) y los jerarcas criminales en la década de los 60, ni en años posteriores”.

“Este es un duro golpe para quienes exigimos justicia por los crímenes cometidos en Colonia Dignidad”, señala a DW desde Chile la presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Margarita Romero.

Mismas acusaciones, diferentes fallos

En 2011, Hopp huyó de Chile, con lo que evadió la pena de cárcel de cinco años a la cual había sido condenado por complicidad en abuso de menores, y se refugió en Alemania. A pesar de que la justicia chilena emitió una orden de captura internacional, Hopp ha podido vivir libremente en el país europeo por casi una década, pues este no extradita a sus ciudadanos.

Tampoco la justicia alemana aceptó la solicitud del Estado chileno de que Hopp cumpliera su condena en una cárcel de este país. En 2018, en una decisión inapelable, el tribunal superior de Renania del Norte-Westfalia rechazó esta posibilidad, al argumentar que no se podía acreditar la participación del acusado en los delitos.

Llama la atención que mientras Hopp fue condenado en Chile, en Alemania la fiscalía no encuentra méritos para acusarlo. “Nosotros creemos que él aquí también debería estar en prisión”, dice a DW el abogado Andreas Schüller, de ECCHR.

“En nuestra opinión, el fiscal no investigó lo suficiente ni consultó a todos los testigos. Debió incorporar más fuentes. No puede ser que Hopp en Chile haya sido condenado por complicidad en abuso sexual, pero en Alemania no haya sido correctamente investigado. Eso es escandaloso”, agrega.

“El Estado alemán debe hacerse cargo de que está protegiendo a criminales que permanecen en la más absoluta impunidad. No conocemos las razones reales de la falta de justicia frente a crímenes que se han investigado por años y cuyos antecedentes se encuentran en múltiples declaraciones de los propios perpetradores, presentes en expedientes judiciales de las diferentes causas en Chile”, afirma Romero.

Nuevas acciones legales

Schüller anuncia que, junto con Schlagenhauf, estudiará las acciones judiciales y administrativas posibles tras la decisión de la fiscalía de Düsseldorf, pero reconoce que se trata de caminos largos y complicados.

Uno de ellos es una queja ante el Tribunal Superior de Düsseldorf por la decisión de la fiscalía. Otra posibilidad es un reclamo ante el Ministerio de Justicia del estado federado de Renania del Norte-Westfalen, el cual es la instancia superior de control sobre el servicio de la fiscalía. “Uno se puede quejar sobre la decisión y el desempeño de la fiscalía y el ministerio eventualmente podría encargarle llevar a cabo determinadas investigaciones”, dice Schüller.

Agotadas estas y otras instancias nacionales, no descarta acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.

“Las víctimas tienen derecho a verdad y justicia. Es un derecho reconocido internacionalmente”, subraya Romero. En opinión de Fernández, “nunca los policías, fiscales ni jueces alemanes han tenido una actividad efectiva y comprometida ante los atroces delitos y violaciones masivas de derechos humanos en Colonia Dignidad. El Estado alemán debe ser llevado ante la justicia internacional”.

(rr)