Se supone que es una señal de la política alemana, en clave artística. El cineasta Florian Gallenberger, director de la cinta “Colonia Dignidad”, acompaña al presidente federal alemán, Joachim Gauck, en su visita oficial a Chile. Daniela Schadt, pareja de Gauck, participará en la presentación del filme junto a víctimas del siniestro enclave alemán.

En vísperas de esta visita, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad interpeló al Gobierno chileno y al alemán, con una querella en contra de los culpables de "la inhumación ilegal de al menos 100 cuerpos de prisioneros políticos". Antes, unos 120 exhabitantes de aquel asentamiento con carácter de secta liderado por el exnazi alemán Paul Schäfer, habían anunciado también que demandarán del Estado chileno unos 100 millones de dólares, por tolerar las violaciones a sus derechos humanos allí cometidas.

Estos últimos demandantes −ciudadanos alemanes, hijos de alemanes nacidos en Chile y chilenos adoptados por alemanes−, están además en conversaciones con el Gobierno alemán “sobre programas de ayuda”, aseguró su abogado, el excolono Winfried Hempel. Pero si el Estado alemán no asumiera su responsabilidad con las víctimas, “vamos a demandar”, advirtió.

¿Cómo ha respondido Alemania hasta hoy?

Los crímenes en la tristemente célebre Colonia Dignidad se extienden desde 1961 hasta 2005, cuando Schäfer fue arrestado, explica a DW Jan Stehle, del Centro de Investigación y Documentación Chile-Latinoamérica (FDCL), en Berlín. Así que, como ha insistido el excolono Hempel: “La Colonia ejerció como organización criminal durante tres gobiernos democráticos anteriores a la dictadura y durante cuatro gobiernos democráticos posteriores.”

En todo ese tiempo, “Alemania hizo muy poco“, afirma Stehle. “Si Alemania hubiera intervenido más decididamente, con el conocimiento que el Gobierno tenía sobre esos crímenes, se les hubiera podido poner fin antes”, agrega. El también politólogo de la Universidad Libre de Berlín, que investiga sobre política exterior alemana y derechos humanos en el caso específico de Colonia Dignidad, alude a testimonios de colonos fugados que, como máximo, a mediados de la década de 1980 pusieron al corriente de estos crímenes a las autoridades alemanas.

No obstante, la fiscalía de Bonn investigó a Paul Schäfer, Hartmut Hopp y otros jerarcas de Colonia Dignidad desde 1985 hasta 2010 y “nunca levantó una acusación”, señala Stehle. Entretanto, el Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR) y la abogada de víctimas alemanas Petra Schlagenhauf intentan que la Justicia alemana pida cuentas a victimarios como el médico Hartmut Hopp, condenado en Chile pero aún libre e impune en Alemania, que no extradita a sus nacionales. La fiscalía de Krefeld investiga a Hopp desde 2011, aclara Andreas Schüller, abogado del ECCHR, pero aún no ha sucedido más que un pedido de ejecución de su sentencia chilena, que aún está en curso.

El ministerio alemán de Exteriores, por su parte, implementó desde 2005 “programas de ayuda a los actuales habitantes” de la colonia: asistencia terapéutica, espiritual y económica, ilustra Stehle. Pero los activistas chilenos piden diferenciar entre víctimas internas del enclave, niños chilenos sexualmente abusados por Schäfer y víctimas de la colaboración con la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), por ejemplo.

¿Cuánta justicia y memoria quedan por recuperar?

“Tendría que crearse una comisión bilateral de expertos chilenos y alemanes que aclaren quiénes son las víctimas y qué ayuda necesitan”, sugiere Stehle. Muchos de los antiguos colonos viven ya fuera del enclave renombrado como Villa Baviera, en Chile o en Alemania. Sin embargo, el ministerio alemán de Exteriores solo se ocupa de personas que viven en la antigua Colonia Dignidad, lamenta el politólogo. Adicionalmente, allí conviven aún víctimas y victimarios; así que también allí el ministerio debería diferenciar entre ellos, una tarea “nada sencilla”, reconoce Stehle.

Entre los escenarios deseados pero pendientes, se cuenta igualmente una mayor cooperación entre los gobiernos de Chile y Alemania: “Se trata de una tragedia bilateral de derechos humanos, con víctimas alemanas y chilenas, victimarios alemanes y, por supuesto, los victimarios chilenos que asesinaron personas en Colonia Dignidad durante la dictadura militar. Así que se necesitan soluciones bilaterales”, opina este investigador del FDCL.

Que las correspondientes fiscalía y ministerio regional de Justicia “prioricen” con recursos humanos, por ejemplo, investigaciones como las de Hopp y que se tome finalmente declaración a los “testigos disponibles en Alemania y Europa”, que se negocie sobre indemnizaciones y se contribuya a la recuperación de la memoria en Alemania y Chile, son algunas de las exigencias del ECCHR a las autoridades alemanas, enumera Schüller.

Del presidente alemán, quien tiene una función representativa, no puede esperarse más que su reconocimiento de la responsabilidad de ambos Estados para esclarecer el caso y ayudar a las víctimas, con las que muchos esperan un encuentro: “que se pronuncie claramente y busque el diálogo con la contraparte chilena”, resume Stehle. “Que apoye la creación de un memorial en Chile y la priorización del enjuiciamiento de victimarios en Alemania”, agrega Schüller. Las medidas concretas le corresponden, sobre todo, al Ministerio de Exteriores.

En este sentido, las actas sobre Colonia Dignidad del ministerio, hasta hace poco solo desclasificadas tras treinta años de emitidas (hasta 1986), fueron recientemente liberadas en su totalidad. El mayor reto para recuperar esa memoria, acota sin embargo Stehle, está en liberar recursos para investigadores interesados en el tema, mejorar las condiciones de acceso a entre 400 y 500 tomos de actas (que no se pueden fotografiar ni copiar) y conseguir la desclasificación de otra serie de actas aún bloqueadas por el servicio de inteligencia (BND) y la cancillería alemanas.