Junto a sus familias, han encabezado una lucha emblemática y hoy siguen batallando por obtener reparación. Los niños chilenos abusados en la década de 1990 por Paul Schäfer, el líder de la secta alemana en el sur de Chile, hoy son adultos. Y, a pesar de que la Justicia condenó al culpable y a sus cómplices en 2006, y más tarde ordenó a la colonia el pago de una indemnización por cerca de un millón de euros, los afectados siguen esperando.

Hoy solicitan que Alemania intervenga para hacer cumplir un acuerdo que este Estado habría contribuido a sellar. En mayo enviaron una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, y a los parlamentarios de la Comisión Colonia Dignidad del Bundestag para pedir su intervención. "No nos han respondido nada”, lamenta Johan Cisternas en conversación con DW. Él es uno de los más de diez firmantes junto con los abogados Hernán Fernández y Winfried Hempel.

Fue precisamente gracias a estas víctimas que comenzó a venirse abajo el sistema de décadas de opresión, maltrato y esclavitud del enclave, donde se cometieron crímenes como abuso sexual, medicación forzada, trabajo esclavo, tráfico de armas, y tortura y desaparición de opositores a la dictadura de Augusto Pinochet. "Ellos son los que iniciaron los procesos contra Paul Schäfer y lograron lo que ni Chile ni Alemania habían logrado”, dice Fernández a DW. Ahora denuncian ser víctimas de nuevas injusticias, de parte de la administración de la hoy llamada Villa Baviera.

Del acuerdo diplomático a la denegación de justicia

"Por acción o por omisión, Chile y Alemania son responsables de la tragedia de violación de los derechos humanos. Deben dialogar y resolver eso juntos. Hay una obligación ética y jurídica internacional de Alemania, se trata de violaciones de derechos humanos de ciudadanos chilenos y alemanes, cometidos por alemanes”, afirma Fernández.

El Gobierno alemán ha reiterado que no puede intervenir en asuntos judiciales en territorio chileno, pero las víctimas creen que sí tiene formas de involucrarse. Ya hay precedentes: "De la misma forma como patrocinaron el acuerdo para levantar el embargo que afectaba a la colonia desde 1996”, observa Hempel.

El abogado y ex colono relata a DW que "cuando el Estado alemán hizo presente al Estado chileno y al juez que, estando preso Paul Schäfer, el embargo le dificultaba a los colonos su subsistencia y poder rehacer su vida, los convencieron de levantar, en 2009, la medida que pesaba sobre las dos empresas y sus propiedades”. En ese acuerdo, por el que Villa Baviera se comprometía a pagar futuras indemnizaciones al fisco y a privados, quedaron hipotecadas como garantía cuatro propiedades de 3700 hectáreas en total.

Hoy las víctimas denuncian que la dirigencia de Villa Baviera ha incumplido lo acordado. A pesar de que, en 2013, la Corte Suprema confirmó la obligación de pagar la indemnización, la gerencia no ha entregado el dinero y ha impedido que los terrenos sean rematados.

Los afectados explican que la dirigencia realiza una serie de maniobras dilatorias, como la transferencia de las propiedades a otras empresas, apelaciones, impugnación de trámites o exigencia de nuevas tasaciones. "Han presentado y perdido ya 18 incidentes. Estamos en una situación muy distante de lo que es el concepto de un proceso racional y justo. Un exceso en la demora de los procedimientos importa una verdadera denegación de justicia”, señalan las víctimas en su carta a las autoridades alemanas.

A la solicitud de entrevista de DW a uno de los representantes de la administración de Villa Baviera no hubo respuesta.

¿Qué esperan de Alemania?

"Necesitamos que el Estado alemán se haga presente en el tema. Ya llevamos 25 años luchando por una indemnización y ocho años desde la sentencia de la Corte Suprema, y no ha pasado nada. Villa Baviera sigue poniendo trabas para que esto se siga demorando, la Justicia chilena acepta todo y nosotros vamos quedando atrás”, dice Johan Cisternas.

"Sin la actividad diplomática del Estado alemán, el acuerdo que levantó el embargo nunca se habría celebrado. Hoy mantiene una relación fluida con la administración de la colonia, a sabiendas de que está incumpliendo el acuerdo. El mundo diplomático tiene sus formas y procedimientos, y puede hacer que paguen las indemnizaciones a las cuales se obligaron, o que dejen de incidentar en el juicio de cobranza, en actos que son un abuso procesal”, indica Hempel, refiriéndose al recurso legal de invocar un hecho u omisión durante un juicio, que tiene efectos sobre el caso.

"Alemania debe y puede ayudar, tomando una posición formal. Los chilenos víctimas de abuso tienen el derecho a recibir su indemnización”, dice a DW el diputado alemán Friedrich Straetmanns, del partido La Izquierda, y asegura que, tras la pausa de verano se ocupará de que tengan una respuesta. "Debemos ayudar a que estas demandas sean atendidas. Si el gobernó alemán amistosamente pide aclarar esto, estoy convencido de que el gobierno chileno no se cerrará a esa petición”, agrega.

Hempel rechaza el argumento de la administración de Villa Baviera de que su interés es no perjudicar a sus accionistas, quienes también son víctimas. "Sabemos que los mismos colonos hasta el día de hoy tampoco han recibido un peso como reparación del holding de empresas. Se burlan de nuestros mandantes y también de los colonos, usándolos de excusa”, añade.

Transparentar red de empresas

Straetmanns también considera urgente transparentar el patrimonio de la ex colonia: "Estoy convencido de que podemos esclarecer, revisar y eventualmente desarticular esta red de empresas que -lo digo directamente- tiene un aire mafioso, está erigida expresamente para ocultar dinero y mantener el control del patrimonio”.

El diputado propone que los diputados alemanes se involucren y gestionen "apoyar económicamente a los colonos en los costos del litigio de manera que, representados por abogados chilenos, logren esclarecer y comprender esta red”.

Villa Baviera cuenta actualmente con un hotel, un restaurant y negocios agrícolas y forestales. Según Hempel, Alemania ha apoyado con asesoría técnica y económica a Villa Baviera por un monto de 1,5 millones de euros para desarrollar el hoy cuestionado negocio turístico. "Alemania pensaba que ayudando a las empresas ayudaba a las víctimas. Y lo que hemos advertido es que, en realidad, con eso apoyan a los poderes fácticos. Cultivan una relación como si nunca hubiera pasado nada, en vez de exigirle el cumplimiento de sus obligaciones”, sostiene.

En opinión de Fernández, el patrimonio de la ex Colonia Dignidad debió haber sido destinado a las víctimas, "pero fue apropiado por esta nueva generación de opresores que el Estado alemán convirtió en interlocutores, sin fijarse que estaban controlando el poder y solo tenían un fin egoísta, como se manifiesta hasta hoy, más de 15 años después de la detención de Schäfer. Ahora vuelve a pasar lo mismo que en la década 1960, cuando la diplomacia alemana miró para otro lado”.

(cp)