Imaginemos por un momento que ocho ciudadanos alemanes radicados en Turquía son asesinados sistemáticamente por un grupo fascista clandestino a lo largo de una década; que los presuntos homicidas son arrestados y enjuiciados; y que, debido a un mero formalismo jurídico, los periodistas germanos son excluidos del proceso. ¿Con qué indignación pondría el grito en el cielo la opinión pública alemana? ¿Con qué vehemencia exigiría respeto a la libertad de prensa y criticaría a la Justicia turca?

De regreso a la realidad: la causa contra el grupo terrorista Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU, por sus siglas en alemán), que mató a ocho pequeños empresarios de origen turco y a otro de raíces griegas en diferentes ciudades alemanas entre los años 2000 y 2007, está por comenzar con mal pie: la tozudez con que el tribunal superior de Munich se niega a tomar medidas para que la prensa turca pueda informar de primera mano sobre el proceso en cuestión ya empaña la imagen de Alemania. Y los magistrados no parecen percatarse de las secuelas de su intransigencia.

A las personas sentadas en el banquillo de los acusados no se les atribuyen delitos corrientes: a Beate Zschäpe –señalada de pertenecer a la banda neonazi– y a otros cuatro sujetos se les imputa complicidad en la aludida serie de asesinatos xenófobos. De ahí que quepa describir la decisión de la corte de Munich como evidencia de una enorme ingenuidad política. Sobre todo considerando que faltan sólo dos meses para conmemorar el vigésimo aniversario del ataque incendiario de Solingen.

Esa ofensiva racista, perpetrada en la noche del 28 al 29 de mayo de 1993 en Renania del Norte-Westfalia, le quitó la vida a cinco ciudadanas turcas de entre cuatro y veintisiete años e hirió seriamente a diecisiete de sus compatriotas. En Alemania, sucesos como ése dejan heridas que se reabren fácilmente cuando las instituciones del Estado actúan sin tacto. En el caso que nos ocupa, se puede decir que la corte superior de Munich procedió apegada al reglamento, pero sin siquiera sopesar la posibilidad –¡que la tiene!– de flexibilizar su posición.

Desde hace días, expertos en materia constitucional y jurídica se pasean por los medios, insistiendo en que los tribunales regionales tienen márgenes de maniobra nada desdeñables. Como muestra, un botón: el proceso contra Jörg Kachelmann, ex moderador de la televisora estatal alemana ARD, que comenzó en 2010 en la corte superior de Mannheim. Como Kachelmann tiene la nacionalidad suiza, el tribunal de Mannheim reservó un contingente de puestos en la sala de deliberaciones para los representantes de la prensa helvética.

Autor: Baha Güngör (ER)
Editor: Diego Zúñiga