En la discusión acerca de los derechos humanos y los tratados de libre comercio con Perú, Colombia y Centroamérica, el fiel de la balanza es el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea. Y en éste se afirma que la acción de la UE se basará en principios como la indivisibilidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que procurará desarrollar relaciones y crear asociaciones con terceros países que compartan los principios mencionados. Desde la década de los 90, además, los acuerdos que la UE ha firmado con terceros países incluyen una cláusula democrática y de derechos humanos que estipula que en caso de “violaciones graves” el acuerdo puede ser suspendido inmediata y unilateralmente.

Los claros en un lado de la balanza

Así, antes de la firma y ratificación de los acuerdos que permitirán un intercambio más fluido de bienes y servicios entre ambos continentes, de un lado de la balanza se ponen los acuerdos internacionales firmados, las perspectivas mejoradas para el diálogo institucional e informes internacionales que toman nota de los esfuerzos de los países por mejorar la situación de los derechos humanos. En el caso de Colombia, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la oferta de protección oficial a personas amenazadas y la mayor preocupación general del presidente Juan Manuel Santos son vistas como un avance.

Del otro lado, los oscuros

En el otro lado de la balanza: desplazamientos forzosos de población civil indefensa a merced de intereses económicos de diversa índole, la violencia ocasionada por diversos actores de la sociedad, casos de violaciones a los derechos humanos que se archivan en la impunidad. Los defensores de los derechos humanos querrían ver activar la palanca del artículo 21, y antes de que se firmaran esos tratados contar con una balanza bastante más inclinada hacía el lado claro.

Con todo, los avances habidos -insisten parlamentarios europeos como Isabelle Durant de la bancada de Los Verdes- no logran inclinar el balance positivamente. En su opinión, la UE no hace lo suficiente por exigir el cumplimiento de ése, uno de sus principios básicos. Y, en el caso de Colombia, antes de la firma de esos acuerdos querría ver, por ejemplo, esclarecido el caso de las escuchas ilegales en el Parlamento Europeo por del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). “Y que no quedase impune”, dijo a DW uno de los afectados de la vigilancia del DAS, Paul Emile Dupret, consejero político del grupo de la Izquierda Unitaria, un ala del espectro de la eurocámara que niega las bondades de esos acuerdos.

Cuestión de perspectiva

“Podemos estar totalmente de acuerdo en que la situación social y la violencia en Colombia sigue siendo mala”, afirma en la subcomisión de derechos humanos Ramón Obiols, eurodiputado catalán por la alianza de socialistas y demócratas. “Pero deberíamos superar el nivel de discusión de si el vaso está medio lleno o está medio vacío. La cuestión no es ésa, sino si la ratificación de un acuerdo comercial con Colombia, Perú y Centroamérica va a beneficiar la causa de los derechos humanos en estos países y a aportar a una perspectiva de salida paulatina de una situación tremenda o no”, cuestiona Obiols.

A este respecto, así la crítica de sindicalistas, la cláusula de derechos humanos ha estado presente siempre en los intercambios comerciales de la UE y la situación de los derechos humanos sigue siendo la que es. Obiols contradice: “No se ha utilizado una cláusula de suspensión, es verdad. Pero sé perfectamente que la UE en América Central a través de la Comisión ha hecho una buena labor en casos muy concretos de violación de los derechos humanos. Ha funcionado y lo ha hecho bien”, responde a DW el diputado socialista.

En el mismo bando

“Colombia y la Unión Europea están del mismo lado de la defensa de los derechos humanos”, dice a DW por su parte Rodrigo Rivera Salazar, embajador de Colombia ante la UE. “No hay una parte que defienda los derechos humanos y otra que los ataque. Es importante que en esos acuerdos comerciales haya una cláusula de derechos humanos de doble vía, que no sólo sirva para señalar a mi país”, afirma el embajador.

“Colombia ha sufrido violaciones a los derechos humanos,causadas fundamentalmente por organizaciones narcoterroristas. No se puede ignorar esa faceta de una situación dramática que vivimos varios países de América Latina. Muy particularmente Colombia. Hay que enfrentar esos problemas dentro del espíritu de la corresponsabilidad en una dinámica mundial”, afirma el diplomático colombiano haciendo alusión al consumo, al lavado de activos, al comercio de armas. “Estamos dispuestos a analizar todas las situaciones, pero también a que brille la verdad”, concluye el ex ministro de defensa, para quien cerrar ese tipo de acuerdos favorece un nivel más maduro en la relación, no sólo comercial, con los europeos.

Comercio y algo más

Pero no hay que olvidar que son acuerdos comerciales; “se estima que los acuerdos aportarán un incremento del 1% del PIB; una cierta contribución al crecimiento económico de Perú y de Colombia va a tener”, dice Obiols de uno de los dos grupos mayoritarios de la eurocámara, favorables a los acuerdos. La ganancia para los derechos humanos la ve básicamente en que el compromiso por parte de los estados firmantes así como el seguimiento y el control de la situación concreta de los derechos humanos en Colombia y también en Perú”,

“A través de nuestro Servicio de Acción Exterior, como lo hemos hecho en el pasado, vamos a seguir de cerca la causa de los derechos humanos y a proteger a sus defensores”, afirma concluyendo: “Y claro que este acuerdo no va a resolver los problemas de derechos humanos.Pero, ¿va a servir para que la situación mejore por modestamente que sea? Yo creo que sí”.

Autora: Mirra Banchón
Editor: Pablo Kummetz
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