Dentro y fuera del continente americano, Estados y organismos multilaterales se rehúsan a reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente y de gobernadores elegidos en circunstancias opacas, cuando no evidentemente inconstitucionales, el 30 de julio y el 15 de octubre de 2017, respectivamente. La élite cívico-militar que apuntala al “hombre fuerte” de Caracas, Nicolás Maduro, insiste en que el país caribeño cuenta con “el sistema de votación más eficiente y transparente”; pero el férreo control sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) que se le atribuye al Ejecutivo y su negativa a aceptar veedores internacionales imparciales han robustecido las denuncias de irregularidades hechas por la oposición local.

Pese a las imputaciones en su contra, el oficialismo ha vuelto a llamar a los ciudadanos a las urnas: este domingo (10.12.2017) deberían renovar a los alcaldes y a las cámaras municipales en 335 jurisdicciones, pero, debido a la premura con que se organizó este proceso, solamente designarán a los primeros. “El CNE hizo lo mismo en octubre, cuando separó la elección de gobernadores de la elección de parlamentarios regionales. Eso propicia el caos porque los mandatos y períodos legislativos de unos y otros están desfasados”, explica el periodista Eugenio Martínez, uno de los analistas electorales más respetados de la nación sudamericana. Y esa es apenas una de las faltas que Martínez le endilga a la institución. “También fueron reducidas al mínimo las auditorías del sistema automatizado de votación, que solía ser el principal aval de los resultados”, agrega.

El clamor por un CNE imparcial 

“El CNE no ha respetado ni los lapsos incluidos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales para la presentación, impugnación o sustitución de candidaturas, ni los previstos en la Ley de Campañas Electorales… En lugar de reducirse, las infracciones se han multiplicado”, subraya Martínez en entrevista con DW. El Gobierno informó que se activarán 96 centros para facilitar la denuncia de delitos electorales y que los casos serían investigados de manera expedita por funcionarios de los cuerpos de seguridad, del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fiscalía General; pero cunde la duda al respecto: esas instancias no sólo carecen de independencia, sino que se han mostrado incapaces de esclarecer presuntos fraudes electorales de gran trascendencia, como el que supuestamente tuvo lugar en el estado Amazonas durante los comicios parlamentarios de diciembre de 2015.

Otro caso irresuelto: a mediados de octubre de 2017, la mayor coalición de partidos opositores –la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)– presentó evidencias de que los resultados de las elecciones de gobernadores habían sido manipulados en el estado Bolívar, el más grande y rico en recursos naturales del país; las pruebas apuntan a que el CNE le adjudicó votos al candidato oficialista para asegurar su triunfo. El antichavismo estuvo clamando que hubo juego sucio hasta el 22 de noviembre: la MUD acusó al ente electoral de amañar las postulaciones a alcaldes, alegando que esa era la única explicación posible para que, un día antes del inicio de la campaña proselitista, la lista de los aspirantes no se hubiera hecho pública. Es por eso que los adversarios de Maduro exigen la sustitución de los actuales rectores del CNE por servidores públicos neutrales.

Abstención previsible

De hecho, las tres principales formaciones del espectro opositor –Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD)– se abstuvieron de competir en la contienda de este domingo (10.12.2017) porque no hay garantías de que el proceso sea limpio. “Ese es uno de los factores que va a disparar la abstención, sobre todo entre los votantes adversos al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), liderado por Nicolás Maduro”, dice Martínez, añadiendo que hay 19.200.000 personas registradas en el padrón electoral y se espera que vote menos de la mitad de ellas. Héctor Briceño, profesor del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), adscrito a la Universidad Central de Venezuela –y actualmente de paso por la Universidad de Rostock–, lo secunda: “En el país no se siente la efervescencia electoral de otras ocasiones”, sostiene.

“No hay una verdadera ofensiva opositora; el énfasis está en defender los bastiones ya dominados por el antichavismo, que son pocos pero valiosos. Como muestra, el municipio caraqueño de Chacao: tanto el ala moderada como el ala radical de la oposición saben que si pierden Chacao no tendrán dónde organizar manifestaciones de calle”, señala Briceño. “Por su parte, el PSUV no tiene los recursos de antaño para financiar las campañas de sus candidatos”, acota el catedrático del CENDES. A sus ojos, lo que juega a favor del chavismo es la desesperanza de los simpatizantes de la MUD –agotados tras meses de protestas y de estrecheces cotidianas– y el talante abstencionista de un sector de la oposición muy específico: el que percibe el acto de ir a votar como un despropósito que sólo le da oxígeno al régimen de Maduro. 

La verdadera meta: los comicios presidenciales

“De las 335 alcaldías del país, la oposición lleva las riendas de 76; la posibilidad de que pierda la mitad de ellas es grande”, augura Martínez. La ausencia de VP, PJ y AD le facilita la victoria al PSUV y, en consecuencia, favorece al plan de Maduro de buscar la reelección en los comicios presidenciales de 2018. Sin embargo, el antichavismo no se ha replegado por completo: Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista y otras organizaciones han acogido a más de cien miembros de VP, PJ y AD que decidieron lanzar sus candidaturas, desobedeciendo –al menos en apariencia– las órdenes de los jefes de sus respectivas formaciones. Está por verse qué ocurre si ganan: el oficialismo ha advertido que no podrán asumir sus cargos si se niegan a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Eso sería ilegal, pero, de momento, la cúpula del chavismo es la que pone las reglas del juego. 

Evan Romero-Castillo

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