Por petición de la Obra Diacónica alemana, cercana a la Iglesia Protestante, dicho reporte investiga la situación de los derechos humanos en Oaxaca en el marco del conflicto entre el magisterio y el gobierno estatal, a partir del 14 de julio de 2006. La represión violenta con la que las autoridades respondieron a las reivindicaciones de los maestros, generó un movimiento conocido como Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cuya represión por parte del gobierno estatal ha dejado hasta ahora un saldo de 26 muertos víctimas de la violencia deliberada y alrededor de 500 desaparecidos de manera arbitraria.

A la sede de la Relatoría de Detenciones Arbitrarias de la ONU en Ginebra, Suiza, viajaron el consultor de la Comisión Internacional de Juristas, coautor del informe, el abogado chileno Roberto Garretón, la representante del Comité de Liberación 25 de Noviembre, Alba Cruz y el representante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Isaac Carmona. También estuvo presente Christiane Schulz, coordinadora regional para América Latina de la Obra Diacónica alemana.

Desapariciones arbitrarias

“El informe documenta los casos de detenciones arbitrarias en Oaxaca y la intención de presentarlo ante el organismo de la ONU es dar más documentación a los casos que ya se tienen presentados que son diez en este momento”, afirma la abogada Alba Cruz. La representante del Comité de Liberación 25 de Noviembre, una organización fundada por el pintor oaxaqueño Francisco Toledo para liberar a los encarcelados, explica que aunque se han registrado unas 500 detenciones se presentaron solo diez casos porque el sistema de Naciones Unidas no permite mas que una muestra de los sucesos.

El informe de 63 páginas documenta minuciosamente los antecedentes y desarrollo del conflicto en uno de los Estados más pobres de la federación mexicana. Para ello Garretón y Schulz viajaron a Oaxaca del 29 de julio al 7 de agosto de 2007 y consultaron numerosos informes de organizaciones internacionales, entre ellas el de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, el de Amnistía Internacional y del Servicio Internacional de Paz, con sede en Oaxaca. Esto es un reflejo del interés internacional en un conflicto que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “ha afectado los derechos fundamentales de la población, particularmente de los pueblos indígenas, a través de la impunidad, la inequidad, la exclusión social y la discriminación racial”.

Explosivo social

Es conocida la extendida corrupción en la entidad, la desigualdad social con niveles escandalosos de miseria y riqueza que, aunado al poder casi incuestionable del Partido Revolucionario Institucional, PRI, convierten la situación en explosivo social que se agudiza con la llegada del priísta Ulises Ruiz el 1° de agosto del 2004. El reporte denuncia el abuso de un reducido grupo de dirigentes priístas que se rotan los más altos cargos públicos, como el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Héctor Mafud Mafud, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jaime Mario Pérez Jiménez, al Secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segestre Ríos, entre otros. Ellos representan la punta del iceberg en el abuso de poder y la corrupción gubernamental.

Pero los casos más serios los representan la procuradora de Justicia del Estado, Lizbeth Caña y Lino Celaya Luría, ex –diputado federal y ex –secretario general de Gobierno que fue removido de la Secretaría de Protección Ciudadana por su presunta participación en los escuadrones de la muerte. El informe reprocha a Ulises Ruiz un virtual abandono de funciones a favor del Secretario General de Gobierno, lo que se ha traducido en desgobierno. También critica al Gobierno Federal, que nunca asumió la gravedad de la crisis oaxaqueña. Primero antes de las elecciones nacionales del 2 de julio, por estar más preocupado por éstas que por el conflicto y luego por la tradicional crisis de gobernabilidad de los presidentes salientes. “Fox dejó el problema de Oaxaca a Felipe Calderón”.

“Limpieza de vialidades”

El informe da cuenta detallada de las ejecuciones sumarias, como el operativo llamado “limpieza de vialidades”, ordenado por la procuradora Lizbeth Caña, que mató al arquitecto Lorenzo San Pablo Cervantes. También recuerda que la experiencia histórica de América Latina es que la utilización de Fuerzas Armadas y las llamadas políticas de mano dura para enfrentar conflictos sociales sólo logra aumentar la violencia.

El abogado Isaac Carmona, representante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), insiste en la necesidad de agotar las instancias jurídicas internacionales, sobre todo tratándose de un país como México, “Cuyo Estado se jacta de democrático, que tiene tratados internacionales ratificados por el Senado de la República, pero que a la hora de defender el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos, es inexistente. Esta situación afecta a todo el país, pero especialmente a Oaxaca”, afirma.