ONG de Juristas: “Supremo dio golpe de Estado en Venezuela"
12 de septiembre de 2017
La ONG Comisión Internacional de Juristas (CIJ) acusa al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de estar "al servicio incondicional del poder Ejecutivo" y haber dado "un verdadero golpe de Estado".
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela con sede en CaracasImagen: Reuters/M. Bello
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La ONG, que goza de estatuto consultivo ante del Consejo Económico y Social de la ONU, presentó este 12 de septiembre en Ginebra su informe "El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: un instrumento del Poder Ejecutivo", coincidiendo con la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Las decisiones del pasado marzo por las que el TSJ suspendió los poderes de la Asamblea Nacional (Parlamento) -controlada por la oposición-, se arrogó competencias legislativas, otorgó amplios poderes al Poder Ejecutivo y eliminó la inmunidad parlamentaria "constituyeron un verdadero golpe de Estado y una flagrante ruptura del Estado de Derecho en Venezuela", denuncian los juristas.
"Desde hace varios años la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha venido siguiendo la situación en Venezuela y ha podido constatar la pérdida de independencia del poder Judicial, el vertiginoso y sistemático deterioro de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y, en general, el ocaso del Estado de Derecho", denuncia el organismo.
Desde hace 18 años Poder Judicial venía perdiendo su independencia
"Así, la CIJ ha podido constatar que desde hace 18 años, pese a las garantías constitucionales y legales, el Poder Judicial ha dejado de ser una rama del Poder Público independiente e imparcial", añade. La organización señala varios motivos para ello pero destaca que "la parte más crítica de la pérdida de independencia del Poder Judicial radica en su máximo órgano: el Tribunal Supremo de Justicia".
La ONG acusa al TSJ de ser una "institución cooptada y al servicio incondicional del poder Ejecutivo" y de haberse convertido en un instrumento de este último y del partido de Gobierno para anular las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional.
La CIJ se creó en 1953 y su objetivo es la promoción y protección de los derechos humanos a través del Estado de derecho. Entre otros, forman parte de ella juristas de México, Chile, Perú, Argentina, Colombia o Costa Rica.
JOV (dpa, Terra)
Luisa Ortega Díaz: carrera de rupturas en un país roto
La fiscal general de Venezuela pasó de ser una funcionaria oficialista a ser la enemiga pública número uno del gobierno de Maduro. Una chavista enfrentada a chavistas.
Imagen: picture-alliance/C.Becerra
La fiscal y la disidencia chavista
La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, está en "peligro" por el proceso que inició el Tribunal Supremo de Justicia con miras a su destitución. Así lo indicó Nicmer Evans, uno de los disidentes del chavismo que rechazaron la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Entre ellos está también el diputado oficialista Germán Ferrer - esposo de Luisa Ortega- y el exdiputado Eustoquio Contreras.
Imagen: picture-alliance
El caso López
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, afirmó que no se puede usar a los políticos privados de libertad como "objeto de negociación" o como "rehenes", en una declaración hecha a horas de que se concediera la prisión domiciliaria al dirigente opositor Leopoldo López. Ortega fue parte acusadora en el juicio en que López fue condenado a 14 años de cárcel.
Imagen: Getty Images/AFP/L. Robayo
Ruptura institucional
Ortega, fiscal desde 2008, abrió la disputa pública en marzo pasado, cuando calificó "ruptura del orden constitucional" dos sentencias del TSJ que despojaron a la Asamblea Nacional de sus atribuciones legales. Ortega es calificada por el oficialismo de "traidora", ya que siempre acompañó la línea oficial en casos como la condena de Leopoldo López a 14 años de cárcel por "instigar" las protestas.
Imagen: picture-alliance
Ortega: "Venezuela se volvió Estado policial"
Agasajada en el Parlamento y tachada de traidora por el Gobierno, Ortega ha llamado a declarar como imputados a dos altos mandos del Ejército y la inteligencia por su papel en la "represión". La fiscal acusa a funcionarios policiales y militares de la muerte de 23 personas durante las protestas, y ha dicho que Venezuela "es un estado policial" en el que se practica "terrorismo de Estado".
Imagen: picture-alliance/dpa/F. Llano
Respaldo de fiscalías de más de 12 países
Maduro ha acusado a Luisa Ortega de liderar los sectores que se oponen a la "formación de una Asamblea nacional Constituyente". Sin embargo, la preocupación de Ortega ante los "ataques contra la labor del Ministerio Público venezolano" le ha valido el respaldo de las fiscalías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal, Uruguay y España.
Imagen: Getty Images/AFP/J. Barreto
Unos la llaman "traidora", otros "defensora de DD.HH."
Ortega tiene a cargo investigaciones de los crímenes y violaciones de los Derechos Humanos perpetrados por el Estado venezolano. Antigua aliada del chavismo, ahora se opone a Nicolás Maduro. Ha surgido como defensora de la constitucionalidad. Unos la acusan de "traidora", mientras para otros es una "defensora" de los derechos humanos.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Gutierrez
Abogada, consultora y fiscal
Nacida en Guárico, Venezuela, Luisa Ortega es la Fiscal General de la República Bolivariana, cargo que ejerce por designación de la Asamblea Nacional. Se ha desempeñado como consultora jurídica del canal de televisión del Estado. En 2002 ingresó al Ministerio Público. Un año después juró presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad.
Imagen: picture alliance/dpa/M. Gutierrez
Exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pide asilo en España
La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, muy crítica con el ejecutivo del presidente Nicolás Maduro y destituida en 2017, ha solicitado protección internacional al Gobierno de España. Ortega se exilió en Colombia en 2017, tras ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, de composición chavista, que la acusó de haber cometido "actos inmorales".
