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Compra de bonos: Alemania está en la picota, y con razón

10 de junio de 2021

Lo que se exige de Hungría o de Polonia debe aplicarse también a Alemania. El orden jurídico de la Unión Europea es inviolable, opina Bernd Riegert.

Imagen de una escultura de la Justicia en Fráncfort.
Imagen: picture-alliance/dpa/A. Dedert

Igualdad de derechos para todos: eso también se aplica a los Estados miembros de la Unión Europea, una comunidad basada en el Estado de derecho. Si se critican los déficits del Estado de derecho en Polonia y Hungría, lo que está totalmente justificado, no hay que callar los problemas al respecto en otros países miembros, en este caso, Alemania. La Comisión de la UE está actuando de forma lógica y coherente con el procedimiento que inició el miércoles contra Alemania.

Los casos de Polonia y Hungría no pueden compararse con el conflicto de Alemania. Sin embargo, lo que está en juego es el principio de que el derecho de la UE prima sobre el derecho nacional y es vinculante para todas las instituciones, incluidos los tribunales. Toda el constructo de la Unión Europea se basa en esto.

Sentencia sin precedentes del Tribunal Constitucional de Alemania

Fue precisamente ese principio el que puso en duda el Tribunal Constitucional Federal de Karlsruhe hace un año. Ese tribunal dictaminó que el Banco Central Europeo había adquirido en parte, bonos de forma inconstitucional, aunque el Tribunal de Justicia de la UE declaró eso como legítimo.

Bernd Riegert, corresponsal en Bruselas de DW.

Los jueces de Karlsruhe, que tradicionalmente ponen en duda las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictaminaron entonces que el TJUE había actuado "ultra vires", es decir, fuera de su competencia. Un hecho sin precedentes, una sensación que ya llevó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a amenazar con un procedimiento de infracción contra Alemania hace un año.

La autoridad del TJUE está en peligro

Si la arrogante sentencia de Karlsruhe quedara sin consecuencias, los tribunales y las autoridades de otros Estados miembros podrían remitirse a ella y alegar que las sentencias del TJUE tampoco se aplican a ellos. Se acabaría con la autoridad del Tribunal de Justicia de UE. Se perdería el Estado de derecho en la UE.

No habría más argumentos para contrarrestar al primer ministro húngaro Orbán y a otros gobiernos que tienden a la democracia iliberal. Los procedimientos contra Hungría y Polonia, que ya se están llevando a cabo lentamente, se derrumbarían. Ni siquiera habría que aplicar el nuevo mecanismo del presupuesto de la UE, que antepone el imperio de la ley a la recepción de fondos.

No se ataca la independencia de los tribunales

El procedimiento de infracción contra Alemania, representado por el Gobierno federal en Berlín, no va dirigido contra la independencia de los tribunales en Alemania. Solo muestra los límites dentro de los cuales el Tribunal Constitucional alemán también tendría que moverse. El derecho europeo tiene prioridad, aunque los jueces de Karlsruhe hayan intentado repetidamente relativizar la jurisprudencia del TJUE con algunas decisiones de tipo "hasta aquí y no más". Sin embargo, con su sentencia "ultra vires", el Tribunal Constitucional alemán ha transgredido un límite y ha presentado al gobierno alemán un rompecabezas que será difícil de resolver.

Alemania tiene ahora dos meses para presentar una declaración e indicar posibles soluciones. Si la respuesta no es satisfactoria, la Comisión de la UE puede emprender acciones legales ante el Tribunal de Justicia Europeo. Duración prevista del procedimiento: al menos dos años.

Decenas de procedimientos al mes

Estos procedimientos de infracción no son inusuales. La Comisión Europea inicia decenas de ellos cada mes, también contra Alemania. La mayoría de las veces, el problema es la inadecuada incorporación de la legislación de la UE al derecho nacional. Esta vez, sin embargo, la cuestión sería realmente complicada: se trata del núcleo del ordenamiento jurídico en Europa.

Una salida sería modificar la Constitución alemana y aclarar las competencias del Tribunal Constitucional. Pero esta "opción nuclear" es descartada en Berlín. Ahora se pide a los expertos en jurisprudencia que piensen en una solución que cumpla con la legislación europea, no provoque un conflicto entre los órganos constitucionales del Parlamento federal, el Bundesrat -como órgano de representación de los dieciséis estados federados-, el Gobierno y los tribunales de Alemania y, si es posible, permita a todas las partes salvar la cara. Aunque resulte difícil: lo que prima es la igualdad de derechos para todos.

(gg/cp)

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