Sobreviviéndolo y negándose a participar en el conflicto armado que lastra Colombia desde hace más de medio siglo, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en el noroeste del país ha sido nominada para el premio  Sájarov, el galardón de la Unión Europea a la libertad de conciencia. En el medio de la violencia de guerrilla, paramilitares y fuerzas del Estado, esta comunidad, como muchas en el país sudamericano, se ha visto desplazada y atacada por los diferentes actores del conflicto.

Masacres, violaciones, abusos: el grado de violencia y muerte en la década de los 80 y 90 ocasionado por las diferentes fuerzas contrapuestas, sumado a la ausencia de estructuras estatales, hizo que esta unión de campesinos decidiera no participar a favor ni en contra de ningún actor del conflicto y se declarara “comunidad de paz”.

“Hemos decidido nominarla para el Sájarov para dar visibilidad a la resistencia pacífica de esta comunidad, porque concederles el premio europeo a la libertad de conciencia puede sentar un precedente importante en el conflicto colombiano”, explica a DW Willy Meyer, diputado de Izquierda Unida/Alianza Verde Nórdica, bloque parlamentario que lanzó la candidatura.

Una comunidad (se) resiste

“La comunidad inicialmente se creó en el casco urbano de San José de Apartadó. Se desplaza luego a las veredas (en Colombia, asentamientos rurales), reconstruye sus viviendas…. Y cierra su territorio de habitación –no todos sus campos de sembrío- en busca de protección y neutralidad. ¿Por qué? Porque la presencia de uno solo de los actores del conflicto los convierte en blanco, de los unos o de los otros”, cuenta a DW Vincent Vallies, portavoz de International Office for Human Rights- Action on Colombia, plataforma que apoya la candidatura de esta comunidad al premio europeo “en nombre de todos los resistentes pacíficos en Colombia”.

El precio que ha tenido

La búsqueda de neutralidad de estos 1300 miembros de la comunidad les ha costado cara: después de una primera gran masacre en 1996, perpetrada fuerzas paramilitares, en una década de resistencia 180 de sus miembros han sido asesinados, el último en junio de este año; también las vías de acceso a su pueblo han sido bloqueadas; las amenazas,  la estigmatización y la impunidad son comunes. 

Pero la comunidad sigue negándose a portar armas y a participar directa o indirectamente en el conflicto. El cerco que cierra la comunidad hay que entenderlo como “las vallas que cierran cualquier condominio en Bogotá: por seguridad, cierro mi condominio y la policía para entrar tiene que timbrar”, cuenta Vallies, explicando que, dada la situación de violencia, esta zona de seguridad está aceptada en el derecho humanitario internacional. “No es que se nieguen a las estructuras estatales”, puntualiza, “es que su seguridad no está garantizada y velan ellos mismos por su subsistencia”.

Así, esta comunidad campesina ha buscado formas de producción alternativa para tener que ver lo menos posible con las estructuras locales, relacionadas de una u otra forma con algún actor del sangriento conflicto. Es más, la Comunidad de Paz de San José se ha vuelto una autoridad y ejemplo para otras comunidades y centros. Sus proyectos son acompañados por varias organizaciones internacionales de desarrollo, de ayuda humanitaria y de defensa de los derechos humanos.

Vítores para una ley y para un tratado 

A pesar del cambio del discurso después del paso del presidente Álvaro Uribe al presidente Juan Manuel Santos, la situación de los derechos humanos en Colombia sigue siendo muy grave.

Según informes de Naciones Unidas y de Amnistía Internacional, desde el cambio de mando se han seguido registrando cientos de agresiones contra defensores de derechos humanos, ha habido 15 asesinatos a líderes campesinos, 29  ejecuciones extrajudiciales, 122 asesinatos de indígenas. Y las bacrim –las bandas criminales compuestas también por paramilitares supuestamente desmovilizados anteriormente- son ahora "el nuevo enemigo" del país que vive desde hace  60 años un conflicto armado, alimentado por el narcotráfico.

Con todo, la recientemente aprobada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras –que prevé reconocimiento e indemnización para las víctimas del conflicto armado- se ve en Europa con buenos ojos. “Es un gran paso adelante respecto a la política anterior, un paso gigantesco”, dijo a DW José Manuel García-Margallo, eurodiputado por el Partido Popular y presidente de la delegación para las relaciones con la Comunidad Andina, después de una visita de senadores colombianos al Parlamento Europeo. Y es que en el proceso previo a la suscripción de un Tratado de Libre Comercio con Colombia y Perú, los derechos humanos en la zona son foco de atención.

También de esta manera se puede explicar la nominación al Sájarov de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó: “el premio sentaría un precedente en el nivel de exigencia en cuanto a derechos humanos por parte de la Unión Europea antes de cerrar acuerdos”, dice Willy Meyer, que subraya la instrumentalización política del premio en los últimos años.

Independientemente de  esto último, son varias las organizaciones humanitarias que ven con buenos ojos la nominación; según cooperantes internacionales que han acompañado a la comunidad en su resistencia pacífica y en su lucha por sobrevivir con y a pesar del conflicto, la comunidad es emblemática y digna de este premio.

Autora: Mirra Banchón
Editora: Emilia Rojas