Digámoslo de entrada: el proceso judicial contra periodistas de la emisora internacional Al Yazira fue, sin duda, una farsa judicial de índole político, que representa una burla para el Estado de Derecho.

¿Cómo podría explicarse de otro modo que los jueces de El Cairo hayan pasado por alto sin reparos la evidente manipulación de la acusación y las espeluznantes falencias de procedimiento? Por ejemplo, en el proceso judicial se presentaron videos periodísticos de producción común y corriente como presunto material probatorio del “respaldo a un movimiento terrorista”.

Como sea: quien haya seguido el transcurso de todo el proceso contra el corresponsal australiano de Al Yazira Peter Greste; el jefe de las oficinas de El Cairo, el egipcio-canadiense Mohamed Fahmy; y el redactor egipcio Baher Mohamed, no pudo librarse de la impresión de que a los jueces no les interesaba si las “pruebas” de la Fiscalía eran jurídicamente aceptables o no. Todo parecía indicar que las severas condenas ya estaban resueltas desde el comienzo.

Porque estos veredictos de motivación política son parte de una cacería de brujas del nuevo Gobierno contra los Hermanos Musulmanes. El nuevo hombre fuerte de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, no ocultó hace poco que quisiera “borrar” al mayor movimiento opositor del país, profundamente arraigado en la población.

Dado que Al Yazira se cuenta entre los pocos medios influyentes que dan a conocer la visión de los Hermanos Musulmanes sobre los acontecimientos de Egipto, los nuevos gobernantes consideran a la emisora un “portavoz” que brinda “respaldo a la islamista Hermandad Musulmana”.

La organización de los Hermanos Musulmanes fue proscrita en diciembre de 2013 y catalogada de “movimiento terrorista”. Además, en procedimientos sumarios, cientos de presuntos adeptos de la agrupación fueron condenados a muerte por supuesta participación en asesinatos colectivos. Ya entonces, la otrora gallarda Justicia fue utilizada como instrumento de venganza, al servicio de la nueva elite del poder, compuesta por militares y oligarcas.

Criminalización del periodismo crítico

El hecho de que los reporteros de Al Yazira mantuvieran contactos periodísticos con representantes de los Hermanos Musulmanes, -lo cual es algo normal- fue interpretado por la Justicia como un “respaldo a la Hermandad Musulmana”. La consecuencia es que cualquier periodista que esté en contacto con la Hermandad Musulmana puede ser tenido por criminal.

Esta farsa de proceso no solo arroja una inquietante luz sobre la situación de Derechos Humanos en el nuevo Egipto, donde han sido detenidas más de 41.000 personas desde el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi, en 2013. El proceder de la Justicia pone en evidencia que el nuevo régimen quiere sentar un precedente con Al Yazira. El gobierno aspira al control total de los medios y de los planteamientos políticos en el país. Los organismos de seguridad de Egipto también quieren controlar las redes sociales. Al parecer se pretende así acallar a todos los críticos. Quien ponga en duda el punto de vista de quienes detentan el poder, debe contar con duras medidas de represión de parte del Estado.

Por esta razón, el veredicto debe ser entendido como una clara advertencia a todos los periodistas locales y extranjeros, para que se sometan a las reglas del nuevo régimen de Al-Sisi.