La Asamblea Nacional desaforó el jueves al ministro de Gobernación (Interior), Julio Vega, y al viceministro Agropecuario y Forestal, Mario Salvo, para que enfrenten cargos por supuestos delitos electorales. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que el desafuero de los funcionarios retrasa una solución a la crisis institucional que sufre el país e instó a las partes a dialogar. Según Insulza, el desafuero "conspira contra la posibilidad de resolver la crisis institucional". El funcionario chileno instó "a la partes a evitar este tipo de acciones y a dar señales claras de que su disposición a la negociación no sólo es una expresión de voluntad".

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Sean McCormack, sostuvo que la medida tomada por los legisladores mina los deseos libremente expresados de los nicaragüenses y llamó al Congreso a que revierta la decisión. "Llamamos a las fuerzas políticas detrás de estos actos a revertirlos inmediatamente y a cesar ataques ilegítimos a las instituciones democráticas de Nicaragua", afirmó McCormack. Los funcionarios fueron despojados del fuero para que enfrenten cargos por presunto delito electoral cometido en la campaña por la presidencia el 2001. Observadores creen que hasta el propio presidente Enrique Bolaños y otros funcionarios también podrían ser desaforados por el mismo motivo. Nicaragua enfrenta una crisis institucional generada por unas reformas parciales a la Constitución realizadas por el Congreso, criticadas por el presidente porque cree que le restan poder. Bolaños acusa al ex presidente y líder sandinista, Daniel Ortega, así como al también ex mandatario Arnoldo Alemán, líder del Partido Liberal, de maniobras políticas para restarle poder al ejecutivo.