El Tribunal Supremo hizo pública en España la sentencia por en caso del 'procés'. Pedro Sánchez descarta cualquier posible indulto, mientras el independismo vuelve a movilizarse indignado por la decisión judicial.
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El Tribunal Supremo español impuso este lunes (14.10.2019) penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve de los 12 líderes independentistas procesados por el fracasado intento de secesión de 2017, anunció el alto tribunal.
La pena más alta, 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta por sedición y malversación, fue para el exvicepresidente del gobierno regional catalán Oriol Junqueras, una pena muy inferior a los 25 años que solicitaba la Fiscalía. La sentencia condena también a 11 años y seis meses a Carme Forcadell. También irán a la cárcel los conocidos como los Jordis y cinco exconsellers, por sedición y malversación. Se ha absuelto de malversación a los tres acusados en libertad -Santiago Vila, Meritxel Borràs y Carles Mundó-, que no irán a prisión, pero fueron condenados a una multa.
El Tribunal condena a penas de nueve años de prisión y nueve de inhabilitación al exlíder de la ANC Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, (conocidos como 'los Jordis') por un delito de sedición por la "contribución necesaria" de las entidades soberanistas en el "procés". A los exconsellers Jordi Turull (de Presidència), Raül Romeva (de Exteriores) y Dolors Bassa (de Trabajo) se les imponen penas de 12 años de cárcel por los delitos de sedición con malversación. Y de diez años y medio por sedición al extitular de Interior, Joaquim Forn, y al de Territorio, Josep Rull.
España: penas de cárcel para líderes catalanes
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Primeras reacciones del independentismo
Andreu van den Eynde, el abogado Junqueras, señaló que recurrirá "en todas las instancias" la sentencia, de la que ha dicho que pone "límites al ejercicio del derecho a la protesta en un Estado democrático". Y esto, "de una forma que seguramente es genuina del Estado español, porque es el único Estado del entorno europeo democrático que prevé reacciones de la gravedad del delito de sedición que no tienen comparación en ningún otro Estado de nuestro entorno", declaró a la prensa.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por su parte, calificó desde Bruselas, donde reside desde el inicio del proceso, la condena como una "barbaridad". "Cien años de prisión en total. Una barbaridad. Ahora más que nunca, a vuestro lado y al de vuestras familias. Toca reaccionar, como nunca. Por el futuro de nuestros hijos e hijas. Por la democracia. Por Europa. Por Cataluña", ha afirmado.
En una comparecencia en el Palau de la Generalitat, el actual presidente catalán, Quim Torra, explicó que pediría por carta al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, una "reunión urgente" para "tratar la crisis que se abre con la sentencia" del Tribunal Supremo. En su declaración institucional, Torra calificó de "antidemocrática" la sentencia y la consideró un acto "de venganza, no de justicia". Además, avanzó que comparecerá en el Parlament para abordar este asunto en los próximos días, y que el Govern celebrará una reunión extraordinaria en la mañana de este martes.
Convocatoria a manifestación
La Coordinadora 25-S, enttretanto, convocó a una concentración en la Puerta del Sol de Madrid, a las 19.30 del próximo miércoles (16.10.2019), para protestar por la sentencia, que consideran "no respetable ni en su génesis ni en sus conclusiones", según aseguran en un comunicado.
Llaman a "que se produzca el mayor empoderamiento democrático y solidario desde el pueblo de Madrid y en general del conjunto de pueblos del Estado español", y argumentan que se debe elegir entre lo que denominan como "la II Restauración Monárquica impuesta por el franquismo" o la democracia, que "incluye el derecho a decidir".
Respuesta de Madrid
El propio Pedro Sánchez, en una comparecencia inmediatamente posterior a la de Torra, dijo que la condena "significa su íntegro cumplicmiento". Sánchez recalcó que España "es una de las mejores democracias del mundo" y que el proceso judicial tuvo lugar "con plenas garantías y absoluta transparencia" y pidió abrir "etapa nueva" en Cataluña, basada en el "diálogo". "Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento", añadió en su declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, en la que aclaró que "nadie es juzgado por sus ideas".
Desde el Partido Popular, Pablo Casado había dicho nada más anunciarse la sentencia que "quien la hace, la paga" y había instado a Sánchez a comprometerse a no indultar a los condenados. "No procede hablar de indulto", había aclarado poco después el ministro de Fomento y secretario de organización del partido socialista, José Luis Ábalos, porque no está en la voluntad del Ejecutivo, avanzando la declaración posterior de Sánchez.
lgc/rml (efe/afp)
Última actualización a las 16:40 CET, con declaraciones de Torra, Sánchez, van den Eynde, la Coordinadora 25-S, y la valoración de nuestro corresponsal Arturo Lezcano, desde Madrid.
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La odisea europea de Puigdemont
España retiró la euroorden de detención contra el expresidente de Cataluña, dado que un tribunal alemán había accedido a extraditarlo para ser juzgado solo por malversación. Pero no es el punto final de esta historia.
Imagen: Reuters/F. Lenoir
Huida a Bruselas
Tras un convulso mes de octubre en Cataluña y ante la perspectiva de la actuación de la Justicia española contra él, Puigdemont huyó a Bruselas. El Gobierno del entonces presidente Mariano Rajoy lo acababa de destituir como presidente de Cataluña y la Fiscalía se había querellado contra él por rebelión, sedición y malversación.
Imagen: Reuters/F. Lenoir
La internacionalización del conflicto catalán
Además de eludir la actuación de la Justicia española (a la que sí se enfrentaron otros miembros de su antiguo Gobierno), Puigdemont asegura querer "internacionalizar" el conflicto catalán. Es decir, abogar por la causa de la independencia catalana y sumar a esta fuerzas internacionales.
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Mientras, en España, la cárcel...
Poco después de iniciarse el periplo europeo de Puigdemont, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y ocho exconsellers del Gobierno catalán entran en prisión. La juez Carmen Lamela decretó su prisión incondicional por alto riesgo de reiteración delictiva y de fuga.
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Euroorden de detención... y retirada de la euroorden
La Justicia española emite una euroorden de detención contra Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros huídos, que se entregan a la Justicia belga. Pero el delito de rebelión no existe en aquel país, por lo que no pueden ser deportados por ese delito. El juez español retira la orden de detención europea. Así evita que Puigdemont sea juzgado en España solo por los delitos que reconoce Bélgica.
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Con mal pie
Su estrategia de implicar a fuerzas de la UE no empezó con buen pie. Durante una entrevista, Puigdemont definió a la UE como "un club de países decadentes, obsolescentes, en el que mandan unos pocos, además muy ligados a intereses económicos cada vez más discutibles” y “donde hay varias varas de medir”. Incluso dice que los catalanes “deberían decidir si quieren pertenecer a esta UE".
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De conferencia en conferencia
"¿Aún importa la independencia en la Europa del siglo XXI?" se titula el encuentro celebrado en marzo de 2018 en Ginebra, Suiza, al que acude el expresidente catalán. Una vez asentado en Bruselas, Puigdemont hace pequeñas escapadas para difundir el relato independentista.
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Visita al Parlamento finlandés
En enero fue Copenhague y en marzo Helsinki. Puigdemont busca apoyos en suelo nórdico. En la imagen, junto al parlamentario finlandés Mikko Kärnä.
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Detención en Alemania
El 23 de marzo, el juez Pablo Llarena procesa por el delito de rebelión a 13 personas por su participación en el proceso independentista, incluido Carles Puigdemont. Un día después, el Tribunal Supremo reactiva la orden europea de detención y extradición cuando Puigdemont se encontraba en Finlandia. Este decide volver a Bruselas en auto, pero la policía alemana lo detiene en su territorio.
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12 días en prisión
Puigdemont ingresa en la cárcel de Neumünster. Tras revisar la euroorden española, la Fiscalía alemana pide a la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein la extradición por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Pocos días después, el tribunal descarta el delito de rebelión y deja en libertad al expresidente catalán bajo fianza mientras estudia la entrega por malversación.
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Apoyo también en Alemania
La detención de Puigdemont creó un enorme revuelo en Alemania. La prensa dedicó gran espacio a valorar los cargos de la Justicia española contra el expresidente. Sobre todo el relativo a la rebelión, que podría tener un similar en Alemania. En la imagen, un grupo de personas se manifiesta en Berlín por la libertad de los "presos políticos catalanes".
Imagen: picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber
Expectación desmedida
El 6 de abril de 2018, Puigdemont abandona la cárcel de Neumünster. Deposita una fianza de 75.000 euros y se compromete a residir en Alemania y presentarse periódicamente ante las autoridades del país. Los medios estaban expectantes ante sus declaraciones.
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En Berlín y Hamburgo
Primero estuvo en la capital de Alemania. Después, por "motivos de seguridad", Puigdemont trasladó su residencia a Hamburgo. Mientras, la Justicia española trata de probar con material gráfico que sí se produjo el delito de rebelión.
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Extradición sí, pero solo por malversación
En un fallo inapelable del máximo tribunal regional de Schleswig-Holstein, el 12 de julio se aprobó la entrega de Puigdemont a España por malversación de fondos, descartando el delito de rebelión. Así pues, en España solo podría ser juzgado por ese delito. Eso lo pone en situación de ventaja respecto a los líderes independentistas procesados que no huyeron de España.
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Retirada de la euroorden de detención
El Tribunal Supremo español retiró este 19 de julio la euroorden contra Carles Puigdemont. La Justicia española rechaza así su entrega a España solo por el delito de malversación y no por rebelión. Puigdemont, que actualmente está en libertad provisional en Alemania, quedará libre, pero si regresara a España sería detenido automáticamente hasta que prescriban los delitos, en 20 años.